El Consell de Transparència pide auxilio tras dejar 500 reclamaciones por atender en 2025

La memoria anual del Consell de Transparència del año 2025 vuelve a dejar patente el estado de “precariedad”, en sus propias palabras, que sufre este órgano encargado de velar por el buen hacer de las administraciones en cuanto al acceso a la información pública. A los SOS lanzados en los últimos años en cada uno de los informes, cuando la institución ha tenido la más mínima oportunidad de hacerlo, se le pone número al constatar que el pasado año se dejaron 499 reclamaciones pendientes de resolución por quejas presentadas ese mismo ejercicio.

El Consell de Transparencia es uno de los órganos que se encuentra bloqueado en medio del choque institucional entre PP y PSPV, pendiente de renovación como el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura o la Sindicatura de Comptes. Para el próximo pleno se prevé la renovación tras cinco años y medio con el mandato prorrogado, desde diciembre de 2020, con cambio de ley entre medias, pasando de cinco a tres sus consejeros, que si han efectuado esta reducción no ha sido por pactos en las Corts sino por ir dimitiendo sus representantes.

Ese bloqueo podría desatascarse a la fuerza de la mayoría absoluta este jueves si hay pacto de PP y Vox después de que ambas formaciones cambiaran el método de elección y redujeran la mayoría reforzada de tres quintos que hasta hace dos años velaba sus nombramientos. En el último pleno, populares y voxistas se respaldaron mutuamente a sus respectivos candidatos (Sonia Barriga, profesora de la Universitat de València, el exdiputado de Cs, Vicente Fernández y el diputado de Vox en el Congreso, Eduardo Luis Ruiz) y si se repitieran resultados serían elegidos definitivamente.

De salier adelante su designación, supondría el cambio de la dirección del ente, presidido por Ricardo García Macho, y deberá hacer frente a la delicada situación del organismo donde el aumento de las reclamaciones que llegan para su investigación no va correspondido con un incremento de los recursos necesarios para hacerle frente.

Lo constata en la memoria de 2025 registrada en las Corts donde el órgano señala un notable incremento de la actividad desde su puesta en marcha en 2015. Se ha pasado de 28 reclamaciones ese año a 724 expedientes recibidos en 2025. Este último año, de hecho, la actividad se ha casi duplicado, pasando de 390 a 724. De ellos, buena parte tienen que ver con el bienestar animal, la ocupación pública o la información municipal diversa.

Récord de resoluciones

Lo que también se dispara es el número de resoluciones adoptadas. En solo dos años pasa de 244 a 424, su récord. Por poner en contexto, en 2016 fueron solo 25. De estos 424 ‘dictámenes’, más de un centenar (106) fueron interpuestos contra los diferentes departamentos del Consell. La mitad de las quejas fueron estimadas (53). En todo caso, el ámbito municipal copa la mayoría de la actividad.

En paralelo al crecimiento de la actividad, los recursos disponibles se han estancado. “Es totalmente insostenible que los miembros del Consell Valencià de Transparencia continúen todavía en funciones y con dos vocales menos”, señala, que tiene entre sus efectos que “se reduce el número de resoluciones dictadas y se prolonga el plazo de resolución de las reclamaciones y las quejas presentadas”.

La falta de personal, además, impide dar salida al aumento de las quejas. A finales de 2015, la oficina de apoyo fue dotada con tres puestos de trabajo (y un asesor adscrito a Presidencia en 2017), y así continúa una década después. Los recursos “son manifiestamente insuficientes” y evidencian la “imperiosa necesidad de dotar esta oficina de más personal técnico y jurídico”, tanto para atender las nuevas competencias que atribuye la ley desde 2022 como el aumento “exponencial” de reclamaciones.

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