Igualdad mantiene 27 centros de menores y 1.500 trabajadores con contratos caducados desde hace un lustro

La red de protección a la infancia y la adolescencia en la C. Valenciana atraviesa una crisis silenciosa que amenaza con colapsar el sistema. Unos 27 centros de menores públicos pero de gestión privada y cerca de 1.500 trabajadores operan actualmente con contratos caducados, una situación de irregularidad administrativa que, en muchos casos, se arrastra desde hace más de cinco años. El sistema de protección de menores lleva un lustro caducado.

Los centros para la infancia más vulnerable están un limbo de ilegalidad cronificada que ya nadie en los despachos oficiales se molesta en esconder. Lo que debería ser la excepción se ha convertido en la norma: el Consell paga las facturas de la tutela de los niños más vulnerables a través de la figura del enriquecimiento injusto, un mecanismo de emergencia que certifica que la administración está recibiendo un servicio por el que no tiene contrato, actuando, en la práctica, al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.

Según denuncian fuentes sindicales de CC OO, la situación de "contratos caducados" se arrastra desde hace más de un lustro en la mayoría de los recursos, provocando una parálisis que ha congelado el tiempo y el dinero en algunos casos desde 2018, mientras el coste de la vida y las necesidades de los menores no han dejado de crecer en 2026.

Denuncias de las fundaciones

La tensión ha roto las costuras de los conciertos. Las entidades del tercer sector, históricamente prudentes en su relación con la administración financiadora, han dicho basta. Gigantes de la intervención social como la Fundación Amigó o la Fundación Diagrama, que gestionan el grueso de los centros de reeducación y acogida en territorio valenciano, han iniciado una batalla legal contra la Generalitat.

El motivo es de pura supervivencia financiera. Al operar bajo la fórmula del enriquecimiento injusto, la administración abona las facturas mensuales basándose en los pliegos de condiciones y precios estipulados hace seis años. Sin embargo, la inflación acumulada, el disparo de la factura de la luz, el gas y los alimentos, y la necesidad de actualizar salarios, han sido absorbidos a pulmón por las entidades. La deuda acumulada se estima en más de 21 millones de euros.

Las demandas interpuestas por estas fundaciones no solo reclaman el pago de las facturas atrasadas, sino el abono de los intereses de demora y, lo que es más crucial, la revisión de precios.

Renovación "progresiva"

Fuentes de Conselleria de Servicios Sociales explcian que "se ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión de toda la red de centros sociales". El departamento dirigido por Elena Albalat critica que el gobierno anterior no renovara los contratos y dejara al sistema "en una situación crítica", con una deuda que cifran en 100 millones de euros "y al borde del colapso".

Por otro lado, explican que "se han licitado un total de 31 contratos de gestión integral de residencias de personas mayores y centros de día" (los cuatro últimos se aprobaron por el Pleno del Consell el pasado viernes), lo que pone fin a situaciones de enriquecimiento injusto, al haber vencido los anteriores contratos de gestión. El siguiente paso, aseguran, es iniciar las licitaciones de los centros de menores y poner en marcha un nuevo decreto "para corregir el desorden heredado".

Una plantilla "quemada" y sin convenio

En el centro de esta tormenta se encuentran los trabajadores: educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y personal de servicios que sostienen el sistema. La caducidad de los contratos de gestión es el muro con el que chocan todas sus reivindicaciones. Las patronales del sector bloquean cualquier negociación de nuevo convenio colectivo o mejora salarial alegando que, si la Conselleria no actualiza los módulos económicos, no hay margen para subir ni un euro las nóminas.

Esta situación ha dinamitado la esperada equiparación salarial con el personal de los centros de gestión pública directa, una promesa política largamente anunciada que ha quedado en papel mojado.

La consecuencia directa es una rotación de personal alarmante. Los centros de menores, que requieren de equipos estables para forjar vínculos de confianza con adolescentes conflictivos o desamparados, se han convertido en lugares de paso. “En un centro con 35 trabajadores hemos tenido 14 bajas”, cuentan desde CC OO.

Los profesionales, "quemados" por la sobrecarga y la falta de incentivos, abandonan el sector en cuanto pueden. Sin estabilidad laboral, advierten los sindicatos, la intervención socioeducativa se resiente gravemente. Los menores ven pasar caras nuevas constantemente, lo que dificulta establecer la autoridad positiva y el apego necesarios para su reinserción. Mientras la burocracia del Consell sigue atascada en licitaciones que nunca llegan, 1.500 familias de trabajadores y cientos de menores tutelados siguen esperando una regularización que, tras cinco años, suena a utopía. Los pilares del sistema cada día son más endebles.

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