El sector de las VTC sospecha que el Consell les prohibirá los servicios urbanos y alertan de que la medida les abocaría a la quiebra

El mensaje del vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, pretendía tener un efecto balsámico en el transporte de pasajeros. Lejos de conseguirlo, el anuncio de que estaba ultimando un decreto ley para "proteger y asegurar la viabilidad del taxi" y acabar con la "ambigüedad e inseguridad jurídica" en la que compiten con las VTC, provocó un terremoto sobre ruedas. Apenas 24 horas después de revelar que la nueva regulación está a punto de salir del horno, las asociaciones mayoritarias de taxistas anunciaron la convocatoria de una jornada de paro para el próximo 25 de febrero.

El sector del taxi teme que la nueva regulación, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó la ratio 30 taxis/1 VTC, acabe por "liberalizar totalmente" la implantación de las Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Desde las asociaciones empresariales que agrupan a las VTC (Movva, Unauto y Feneval) expresan también su temor a que la nueva norma amenace su supervivencia, porque sospechan que la norma perseguirá justo lo contrario: fijar medidas proteccionistas del taxi que matarán la viabilidad de este transporte alternativo.

Impedir los viajes en la misma ciudad

"Aunque todavía no se ha presentado un texto normativo concreto, las manifestaciones realizadas y la información difundida en medios apuntan a un decreto ley que podría introducir modificaciones sustanciales en el régimen operativo de las VTC, incluyendo la prohibición a prestar servicios urbanos o la imposición de restricciones". Es la sospecha que las entidades que agrupan a las VTC que operan en la Comunitat Valenciana expresan en un informe en el que se radiografía el sector y se ofrece un análisis económico del mismo. La competencia al sector del taxi considera que la regulación que prepara el conseller Martínez Mus impedirá a Uber, Cabify o las plataformas que operen ofrecer servicios a viajeros entre dos puntos de la misma ciudad o, en el mejor de los casos para ellos, se impondrán más "restricciones" a las que ya se implantaron con el Decreto Ley 4/2019 de 29 de marzo. Esa norma incluyó requisitos como el tiempo mínimo de precontratación (15 minutos) o la prohibición de geolocalizar los vehículos, medidas que fueron anuladas en sentencias judiciales.

1.841 licencias, casi 4.900 empleos

Una medida como prohibir los "servicios urbanos" y más preceptos "proteccionistas" del taxi, advierten, "provocarán la desaparición del sector" de las VTC. Porque los servicios urbanos "constituyen el núcleo esencial de la demanda en áreas metropolitanas como València y Alicante". En el citado informe interno de las empresas de vehículos de transporte con conductor, que lleva por título "Análisis del impacto económico del sector VTC en la Comunitat Valenciana", consideran que se verían "abocados a la quiebra".

Actualmente son 1.841 las autorizaciones de VTC en la Comunitat Valenciana. El sector emplea directamente a 3.498 personas, mientras que genera otros 1.399 empleos indirectos. En total, serían 4.897 personas las que viven de esta actividad, según el citado estudio sobre condiciones y viabilidad de un sector que dice generar un impacto económico de 208,6 millones de euros anuales. Desglosada esa cantidad, más de 104 millones corresponden a la masa salarial, mientras que 56,8 millones de euros se imputan a cotizaciones sociales, IVA e impuesto de hidrocarburos. Más de 42 millones serían gasto en suministros y servicios locales "que repercuten directamente en la economía valenciana". Tales como seguros concertados, compra de combustible, leasings, servicios de telecomunicaciones, etc.

El paro costaría 45,8 millones

Con todo, la posible "eliminación de los servicios de VTC en la Comunitat Valenciana" tendría un coste mayor, que cifran en 262,5 millones. Porque a las citadas cantidades de pérdida de economía (salarios que se extinguirían, caída esos 56,8 millones en ingresos públicos por cotizaciones, ...) habría que sumar más de 45,8 millones en prestaciones por desempleo y otros 8,13 millones de coste empresarial por cierre de operaciones.

Desde el sector de las VTC opinan que su actividad "responde a una demanda real y sostenida de servicios, tanto por parte de usuarios locales como de visitantes nacionales e internacionales, especialmente en áreas metropolitanas y zonas de alta concentración turística". "En un territorio con fuerte peso del turismo y los servicios urbanos, la disponibilidad de soluciones de transporte flexible constituye un factor de competitividad", observan. Y reclaman que se atienda la "jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Justicia Europeo, que han reiterado que las restricciones a las VTC deben superar un juicio de proporcionalidad y no pueden justificarse exclusivamente en la protección de otros operadores del mercado", en alusión al taxi.

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