En los discursos oficiales son “centros para la reinserción de la infancia más vulnerable”; en la cruda realidad de cada madrugada, son espacios donde un niño tutelado puede verse obligado a orinar en una botella de plástico dentro de su habitación, o donde ratas y cucarachas campan a sus anchas. Estas escenas son solo la punta del iceberg de la degradación que denuncian trabajadores y sindicatos en centros de menores de la Comunitat Valenciana.

Delegados de CC OO y personal de atención directa han decidido alzar la voz para exponer unas condiciones de insalubridad y precariedad dramáticas. La falta de inversión en mantenimiento e infraestructuras, paralizada por la ausencia de nuevos contratos, ha convertido algunos centros en trampas para la salud pública.

Convivir con las plagas

"Hemos visto ratas cruzando por las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales", relata uno de los representantes de los trabajadores. La falta de presupuesto para un mantenimiento en condiciones ha hecho que el control de plagas sea insuficiente en edificios que, en muchos casos, son antiguos y arrastran años de deterioro. Los hijos de la Generalitat Valenciana conviven con cucarachas mientras duermen.

Estos hechos son consecuencia de un sistema que lleva más de cinco años con contratos caducados, según relatan los representantes laborales. En los centros de cumplimiento de medidas judiciales, donde los protocolos de seguridad son estrictos, un educador no puede abrir una celda o habitación solo. Al no haber suficientes efectivos en los turnos de noche para realizar estos acompañamientos con garantías, la falta de personal acaba menoscabando la dignidad de los menores, señalan los denunciantes.

Renovación "progresiva"

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales explican que "se ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión de toda la red de centros sociales". El departamento dirigido por Elena Albalat critica que el gobierno anterior no renovara los contratos y dejara el sistema "en una situación crítica", con una deuda que cifran en 100 millones de euros "y al borde del colapso".

Por otro lado, explican que "se han licitado un total de 31 contratos de gestión integral de residencias de personas mayores y centros de día" (los cuatro últimos se aprobaron por el pleno del Consell el pasado viernes), lo que pone fin a situaciones de enriquecimiento injusto, al haber vencido los anteriores contratos de gestión. El siguiente paso, aseguran, es iniciar las licitaciones de los centros de menores y poner en marcha un nuevo decreto "para corregir el desorden heredado".

Furgonetas "trampa"

Los traslados de los menores -ya sea al juzgado, al médico o a una actividad- se realizan en algunos casos en una flota de vehículos que los trabajadores califican de "peligrosísima". Las denuncias recopiladas hablan de furgonetas con las ruedas deshinchadas o completamente lisas, sistemas de frenado que no responden adecuadamente y puertas correderas que no cierran y tienen que ser sujetadas por los menores. "Nos jugamos la vida en cada salida, tanto los educadores que conducimos como los chavales que van detrás", advierten desde el sindicato. La falta de liquidez de las empresas gestoras, provocada por los impagos del Consell, ha reducido el mantenimiento de los vehículos al mínimo, convirtiendo el transporte de menores en una ruleta rusa.

Del barrio al polígono

Los trabajadores denuncian el traslado de un centro de menores que estaba arraigado en el barrio del Cabanyal a una nave industrial en un polígono de las afueras de València. El edificio elegido, denuncian, albergaba anteriormente un club de alterne. Sacar a los menores del tejido urbano y social para aislarlos en un entorno gris, industrial y con la carga simbólica de un antiguo prostíbulo, dinamita cualquier posibilidad de trabajo comunitario, insisten. "Se les aparta, se les esconde en polígonos para que no molesten", critican los educadores.

A esto se suma la eliminación casi total de las partidas de ocio y cultura. Sin dinero para excursiones, entradas de cine o salidas a la naturaleza, la "reeducación" se limita a pasar las horas muertas entre cuatro paredes, a veces con el aire acondicionado estropeado o la calefacción fallando. En una autonomía que ostenta el triste récord de ser la segunda con más menores condenados de España, la falta de recursos se está cobrando un precio incalculable: la oportunidad de que estos jóvenes, que en su mayoría provienen de entornos rotos, conozcan una vida diferente a la exclusión.

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