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El Gobierno abre la mano con los fondos dana para desatascar las obras: Los ayuntamientos podrán destinarlos a contratar personal

Los municipios podrán destinar el 3,5% del importe de la subvención a gastos de personal para gestionar los 1.745 millones de ayudas transferidas hace un año

Los alcaldesa y alcaldesas de los municipios de la dana en la comisión mixta para la reconstrucción de este miércoles

Los alcaldesa y alcaldesas de los municipios de la dana en la comisión mixta para la reconstrucción de este miércoles / Daniel Tortajada / LEV

València

El Gobierno ha aprobado la modificación del apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la dana con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de los municipios afectados. Con este cambio normativo, las entidades locales beneficiarias podrán destinar el 3,5% del importe de la subvención concedida a gastos de personal vinculados a las actividades de gestión, seguimiento y justificación de los proyectos financiados por el Ministerio de Política Territorial. El importe de esta ayuda se determinará a tanto alzado, mediante la aplicación de dicho porcentaje sobre los gastos subvencionables debidamente justificados, permitiendo así imputar estos recursos a gastos del capítulo 1 cuando estén directamente relacionados con la tramitación administrativa y técnica de las actuaciones de reconstrucción.

La modificación del decreto de las ayudas llega después de que en la primera sesión de la comisión mixta de la dana celebrada este miércoles en Riba-roja, que copresidieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Juanfran Pérez Llorca, junto con los alcaldes y alcaldesas de 78 municipios arrasados por la dana, volvieran a quedar en evidencia los problemas para la gestión de los 1.745 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para las obras de reconstrucción hace un año.

Con este cambio, los ayuntamientos podrán abrir bolsas de trabajo para contratar personal. En ayuntamientos como Paiporta, que solicitó 200 millones de ayudas, esto supone que podrá destinar siete millones contratar técnicos para gestionar los fondos y agilizar la presentación de memorias.

Más capacidad operativa

La medida responde a la necesidad de dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad operativa en una fase decisiva del proceso de recuperación, facilitando la contratación de personal especializado que permita acelerar la ejecución, el control y la correcta justificación de las inversiones, explican fuentes del Gobierno

Esta modificación se suma al conjunto de herramientas que el Gobierno ha venido habilitando desde la aprobación del Real Decreto-ley 6/2024 para garantizar que las entidades locales dispongan de recursos suficientes en materia de personal. Entre ellas, se encuentra la posibilidad ya prevista de destinar el 3,5% a asistencias técnicas vinculadas a la gestión de las subvenciones, la activación de un segundo Plan de Empleo específico para los municipios afectados —que permite la contratación de personal técnico y de apoyo para atender las necesidades extraordinarias derivadas de la dana— y la utilización de la empresa pública Tragsa como medio propio para la ejecución y gestión de determinadas actuaciones.

Asimismo, en relación con el cumplimiento de las reglas fiscales, el nuevo real decreto-ley extiende a las entidades locales afectadas por la dana —incluidas en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024— la posibilidad de utilizar el superávit (que obligatoriamente se debe destinar a pagar deuda) correspondiente al ejercicio 2025 para financiar inversiones económicamente sostenibles. De este modo, en la liquidación de sus presupuestos de 2025, los ayuntamientos afectados podrán destinar su superávit a actuaciones vinculadas a la recuperación, reforzando su autonomía financiera en el proceso de reconstrucción. Esta era otra de las reivindicaciones de los municipios que quedaron devastados por la barrancada.

El Gobierno también acaba de aprobar la ampliación de los plazos para la presentación de las memorias de los proyectos de reconstrucción, que caducaron en enero y ahora se prorrogan hasta julio, atendiendo a la petición de los ayuntamientos y garantizando una planificación rigurosa con plena seguridad jurídica.

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