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La Conselleria de Educación 'congela' los fondos contra la brecha salarial: tres años con ejecución cero

El departamento de Campanar deja sin gastar los 6,4 millones presupuestados para equilibrar las nóminas docentes, pese a ser el sector más feminizado de la Generalitat frente a Sanidad o Justicia que sí han aplicado mejoras.

Una aula del IES Jaume I de Ontinyent, en una imagen de archivo.

Una aula del IES Jaume I de Ontinyent, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

València

La brecha salarial no es solo una cifra que se sitúa en la Comunitat Valenciana en un preocupante 17% (por encima de la media nacional); en el sector educativo valenciano, es además una asignatura pendiente que la administración parece haberse negado a cursar. A las puertas del Día Europeo por la Igualdad Salarial, que se conmemora este domingo 22 de febrero, los datos oficiales revelan que la Conselleria de Educación ha ejecutado "cero euros" de los fondos destinados a corregir las desigualdades retributivas entre 2022 y 2024.

Mientras otros departamentos como Sanidad o Justicia han movilizado sus partidas para mejorar los complementos de categorías profesionales mayoritariamente femeninas, en las aulas valencianas el presupuesto se ha quedado en papel mojado. En total, son 6,43 millones de euros —a razón de 2,14 millones por ejercicio— que figuraban en las cuentas públicas para dignificar el salario de un colectivo donde siete de cada diez profesionales son mujeres.

Una plantilla feminizada y "olvidada"

La radiografía del sistema educativo valenciano no deja lugar a dudas sobre su composición. Cerca del 70% de la plantilla docente son mujeres, una cifra que se dispara hasta el 81,46% en el cuerpo de maestros y maestras. Es precisamente este colectivo, que suma más de 31.000 personas, el que debería haber percibido un incremento en su complemento específico desde hace tres años.

Sin embargo, según la documentación recopilada por el sindicato UGT Serveis Públics, el departamento que dirigía José Antonio Rovira (y que ahora hereda Carmen Ortí con el reto de la rectificación) ha mantenido estas partidas congeladas. Es una parálisis que contrasta con la celeridad mostrada en otros ámbitos de la función pública valenciana.

El agravio comparativo con Sanidad y Justicia

El malestar en los claustros se acrecienta al observar qué ha ocurrido al otro lado de la acera administrativa. En Sanidad, el programa contra la brecha salarial ha permitido actualizar los complementos de más de 18.000 trabajadores en el último año, beneficiando a categorías tan feminizadas como la enfermería, las TCAE o el personal técnico de farmacia.

Incluso en Justicia y Función Pública se han activado mecanismos para mejorar las retribuciones de cuerpos como el de gestión procesal, limpieza o atención sociosanitaria. "Es inaceptable que, contando con el dinero y el programa aprobado, Educación haya decidido que esos fondos se pierdan", lamenta Laura Barrios, responsable de Mujer de UGT Serveis Públics. Mientras el profesorado valenciano sigue luchando por salir de los vagones de cola de las retribuciones docentes en España —donde la diferencia con otras autonomías puede superar los 600 euros mensuales según el cuerpo—, la Generalitat mantiene el candado en un cofre que ya estaba lleno.

La urgencia de una negociación real

La nueva etapa en la Conselleria de Educación se enfrenta ahora a la presión sindical para desbloquear de inmediato estas cantidades. No se trata solo de una cuestión presupuestaria, sino de un compromiso ético con la igualdad real. La exigencia es clara: sentarse en la Mesa Sectorial para negociar cómo se distribuyen esos 6,4 millones en los complementos específicos que han quedado desfasados.

El informe de brecha salarial de este 2026 del sindicato recuerda que las mujeres valencianas ganan, de media, 4.727 euros menos al año que sus compañeros varones. En un sector estratégico como la Educación, donde se forman las generaciones del futuro, que la propia administración sea la que arrastre los pies en la aplicación de medidas de igualdad supone un mensaje desolador. La "ejecución cero" no es solo un dato administrativo; es, para miles de docentes, una falta de respeto a su labor diaria.

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