Compromís habla de "persecución judial" a Oltra e insiste en que "no hay caso"

Las reacciones a la decisión de la Audiencia Provincial de València de ordenar al Juzgado de Instrucción abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017 no se han hecho esperar. Mientras los dos diputados de Compromís en el Congreso Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, y Alberto Ibáñez, integrante de Sumar, unían sus voces para denunciar lo que consideran una "persecución judicial" contra la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra insistiendo en que "no hay caso", en Compromís València se cuestionaba la decisión de la Audiencia después de que el juez instructor archivase provisionalmente la causa al tiempo que mantienen la puerta abierta a que Oltra sea cabeza de cartel por València en las próximas elecciones municipales. La apertura de juicio oral a la dirigente de Compromís era esperada y "no cambia nada" a priori. Otra cosa es lo que la propia Oltra, que lleva tiempo apartada de la primera línea política, decida. Como sea, su decisión "no puede eternizarse".

Micó e Ibáñez han comparecido juntos en rueda de prensa después de que se haya conocido que la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra Oltra, así como contra parte de su equipo en la Conselleria de Igualdad, en el procedimiento por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada a manos de su exmarido.

Así, Micó ha remarcado que todos los jueces que han tratado este asunto han dejado "clarísimo" que "no hay caso Mónica Oltra" para denunciar la "persecución judicial y política" que están sufrido tanto ella como el resto de compañeros de Compromís, la cual es "inasumible" en un Estado de Derecho.

"Democratizar la justicia"

De su lado, Ibáñez ha comenzado diciendo que hoy era "un día triste" y ha apuntado que de nada sirve sólo desclasificar los documentos sobre la intentona golpista de 23 de febrero de 1981 sino no se "democratiza" la justicia.

En este punto, ha recordado que durante más de dos años se ha investigado a 15 personas "hasta la saciedad" y el juez instructor ha dejado claro "no había ni tan siquiera un indicio de criminalidad" porque, ha confirmado, "no hay nada".

A su juicio, lo que se está haciendo con Oltra y el resto de compañeros es "un caso de lawfare, de quitar de en medio a la mejor líder que han tenido los valencianos para continuar privatizando hospitales y ganando elecciones de forma corrupta".

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