El Gobierno lleva al Consell al Constitucional por los deslindes y los cambios de la ley trans

La Generalitat y el Gobierno de España volverán a verse en el Tribunal Constitucional. Y por partida doble. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes recurrir al tribunal de garantías dos leyes impulsadas por el Ejecutivo autonómico en el último año: la ley de la Costa Valenciana y los cambios introducidos en la ley trans del Botànic a través de la ley de Acompañamiento que PP y Vox aprobaron en las Corts junto a los presupuestos de 2025.

Las dos comisiones bilaterales abiertas para tratar de solventar las discrepancias que había puesto el Gobierno central sobre las dos leyes autonómicas no han acabado en buen puerto y será la justicia quien decida el futuro de ambos cambios normativos. Los llamamientos al diálogo con la llegada de Juanfran Pérez Llorca e incluso el inicio de la comisión mixta para la dana no han supuesto cambio alguno en las dos normas aprobadas a finales de mayo de 2025 y habrá choque judicial.

"Estamos ante un contexto global de pérdida de derechos, recortan derechos a las personas LGTBI y las desprotegen, recorta derechos sindicales y es profundamente negacionista con el cambio climático; es el PP asumiendo el discurso de Vox una vez más", ha justificado tras aprobarse estos recursos el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, encargado de pilotar las negociaciones del Gobierno central con las autonomías.

Ese choque judicial se dará pese a que en el caso de la oficialmente ley 3/2025 de Protección y ordenación de la costa valenciana ha habido un acuerdo en casi todo. De hecho, de los 32 puntos que el Gobierno señalaba por invadir competencias estatales, solo han quedado para el recurso dos: el que permite la declaración de núcleos urbanos con especial valor etnológico y el del inventario de bienes incluidos en el dominicio público marítimo terrestre.

Ambos preceptos suponían una forma de tratar de evitar los llamados deslindes, el derribo de viviendas en zonas de avance costera. En este sentido, el Ejecutivo central considera que los deslindes, uno de los objetivos con los que la Generalitat impulsó su norma, no son solo competencia exclusiva del Estado, sino que son líneas de protección de la costa frente a los avances del cambio climático, cuando la Generalitat busca frenar los deslindes, se instala en el negacionismo climático.

Cambios ley trans

El otro recurso va por la modificación a través de la ley de Acompañamiento de varios artículos de la ley Trans aprobada en tiempos del Botànic y que Vox forzó al PP dentro de su negociación presupuestaria. En esta la posibilidad de llegar a un acuerdo era mucho más lejana y eso ha quedado plasmado en el recurso ya que el Gobierno considera que la ley "menoscaba la protección de las personas trans" yendo en contra de algunas de las consideraciones que están protegidas en la ley estatal.

En este sentido, el Ejecutivo central apunta a que los cambios de populares y voxistas abren la puerta a las terapias de conversión, permite a los padres de los adolescentes menores de edad (de 16 a 18 años) oponerse al cambio de género de sus hijos cuando la ley estatal da total libertad a partir de los 16 años, prohíbe a los centros educativos abordar en sus proyectos la identidad de género y diversidad sexual o elimina la obligación que tenían colegios e institutos de evitar cualquier tipo de discriminación a las personas Trans.

No es la primera vez que una ley autonómica sobre los derechos de la identidad y la expresión de género acaba en el tribunal de garantías. Ocurrió anteriormente con la ley trans aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, precisamente por exigirle un informe médico a las personas que desean iniciar su cambio de sexo, un antecedente que podría afectar directamente a la nueva legislación valenciana.

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