La jueza de Les Naus autoriza a la UDEF a recabar información de las adjudicaciones de VPO

La magistrada de Alicante que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Comisaría Provincial a iniciar la recopilación de toda la información que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos, según ha podido confirmar este diario en fuentes judiciales.

La jueza Amparo Rubio ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Alicante, a la Conselleria de Vivienda y a la gestora de la cooperativa, gestionada por la mercantil Fraorgi, para que le remitan toda la información de que dispongan sobre el complejo residencial de la Condomina.

Con el oficio notificado ayer, la Policía no necesitará esperar a que llegue a documentación solicitada para comenzar a investigar. Con esta autorización, los agentes podrán empezar a recopilar otros datos sin necesidad de esperar lo que digan estos informes oficiales para así agilizar la investigación que está arrancando.

Las diligencias abiertas por la titular de la plaza número cinco de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante se incoaron por la denuncia presentada en el juzgado por el sindicato ultra Manos Limpias tras desvelar este diario el escándalo. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupcion había abierto su propia investigación tras recibir otras cuatro denuncias del Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda, el grupo municipal del PSOE, así como Sumar.

Al entrar la quinta denuncia directamente en el juzgado, los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco remitieron a la magistrada esas denuncias y los preliminares de su investigación. El Ministerio Público formalizó el pasado lunes en el juzgado la denuncia que ha interpuesto por las presuntas irregularidades en las que, de entrada, aprecia indicios de al menos cuatro delitos: prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y aprovechamiento de información privilegiada. Esto a expensas de que el resultado de las pesquisas obligara a ampliar o modificar los cargos.

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