Las víctimas añaden desde las Corts más presión al PP y descartan la "normalidad" si Mazón sigue de diputado

Horas antes de que la jueza de Catarroja diera el primer paso para poder investigar a Carlos Mazón, elevando la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, las referencias al expresident ya habían supuesto un aumento de la presión sobre Juanfran Pérez Llorca y el PP. Su nombre fue uno de los más repetidos en la comisión de investigación de la dana de las Corts por parte de Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, representantes de las dos principales asociaciones de víctimas, que exigieron a la formación popular y al actual jefe del Consell el acta de quien hoy ocupa el escaño 98 para que haya una mínima "normalidad".

Fue la reclamación clara de las dos presidentas de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre 2024 que comparecieron en las Corts tras haberlo hecho antes en el Parlamento Europeo, el Congreso o reunirse con Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez. El tiempo transcurrido, 483 días desde la catástrofe, y los bandazos parlamentarios dados para verlas en la comisión elevaron la expectación, hasta tal punto que al inicio de la jornada, ante la entrada de Álvarez en la sala, uno de los letrados de la cámara avisó que se superaba el aforo del espacio.

La demora se erigió en la primera queja de Álvarez y Gradolí en cuanto tuvieron la palabra. "Esta comparecencia llega tarde y mal, como casi todo en la emergencia", indicaron. A ello se sumó que su paso por el parlamento valenciano se hiciera en el mismo carrusel de comparecencias que otras ocho entidades, tres de las cuales, alertó la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, no estaban en el registro de la Conselleria de Justicia, algo de lo que culparon a PP y Vox.

Fue solo el inicio de una serie de reproches que se intensificaron en la figura de Mazón y toda la relación que el PP tiene con él. Primero Álvarez y después Gradolí cargaron contra el exjefe del Consell del que dijeron que el 29-O estuvo "totalmente ausente" y "desaparecido", al que acusaron no solo de llegar al Cecopi "tarde y mal, muy mal" sino de irse a su casa "al apagarse las cámaras" y de quien señalaron que tuvo la "cara dura" de acudir al funeral de Estado "cuando se le había dicho por activa y por pasiva que no era bienvenido".

"Ni mano tendida ni normalidad"

"No es que sea un mal político, es una mala persona y un desalmado; y ustedes son cómplices por respaldarlo; mantengan un mínimo de decoro y exijan el acta y si no la entrega, expúlsenlo del partido", dijo Álvarez. "¿Cómo no quieren que piensen que no hay complicidad entre Mazón y Llorca cuando todavía no le ha pedido el acta?", se cuestionó Gradolí retomando la exigencia una hora después al tiempo que agregó: "No habrá normalidad mientras continúen protegiendo a Mazón y permitan que cotinúe en la silla con el sueldo; queremos responsabilidades sociales y penales".

Esa referencia hacia la falta de "normalidad" la repitió tras la intervención de los grupos parlamentarios donde el síndic del PP, Fernando Pastor, igual que con Rosa Álvarez le tendió la mano. En un mensaje dirigido tanto al propio Pastor como citando a Llorca, Gradolí reiteró que "no habrá mano tendida ni normalidad mientras sigan protegiendo al principal responsable de la catástrofe del 29-O". "Hasta que eso no pase no habrá normalidad, habrá memoria, exigencia, dignidad", señaló, una forma de negar una reunión que se resiste en el Palau.

Horas después, una vez conocida la solicitud de la jueza al TSJCV de investigar a Mazón, Gradolí añadió que no entran a valorar "decisiones judiciales", aunque sí que recordó que lo que su organización ha venido reclamando desde el 29-O es que "Mazón debería haber comparecido voluntariamente ante el juzgado para declarar y asumir responsabilidades por las decisiones y omisiones que marcaron aquella jornada". Asimismo, mostró su esperanza en que la instrucción "continúe con el rigor que ha demostrado hasta ahora".

Tensión por la tarde

Por su parte, en la sesión de la tarde, intervinieron Ascensión García en representación de la Asociación Unión del Pueblo 29, quien muy emocionada aseguró que no buscan venganza y solo quieren "la verdad, justicia, reparación y que no vuelva a pasar. Soluciones reales y respeto, no peinetas ni censura". García, que perdió a su padre en la dana, afirmó que los avisos "fueron insuficientes" y preguntó a los diputados: ¿Alguno de ustedes se quedaría en casa si le faltaran datos, si fallecieran sus familiares y nadie asumiera su responsabilidad. Nosotros cargamos este dolor, no vamos a parar hasta que se sepa la verdad".

Las comparecencias las cerró Juan José Monrabal, que perdió a su madre en la dana, quien ha afirmado que no descansará "hasta que se haga justicia", ha considerado que una "mala previsión conlleva una peor gestión" y ha pedido a los diputados que "dejen de politizar cada tragedia, remen todos a una e intenten buscar siempre la verdad y no la venganza".

Antes de la tarde, fue el momento de mayor rifirrafe político de las dos jornadas de comisión con el paso de Rubén Gisbert, abogado personado en la causa representando a 8 víctimas, influencer y agitador ultra quien compareció por su cargo como presidente de la asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo'. Gisbert desplegó su ofensiva contra la jueza instructora, contra la que se ha querellado por prevaricación, y tuvo un encontronazo con la izquierda, especialmente con el síndic del PSPV, José Muñoz, que le llamó "peligro para la democracia".

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