La pugna de Camarero (Vivienda) y Albalat (Servicios Sociales) por el reparto de funcionarios deja en el aire los contratos de 30 residencias

La Conselleria de Servicios Sociales lleva años con más de 30 centros concertados (de mayores, discapacidad e infancia) en enriquecimiento injusto, es decir, que la gestión está fuera de contrato al haber agotado todos los plazos que permiten las prórrogas. En teoría este 2026 deberían salir las nuevas licitaciones, pero en la prática no está claro si habrá trabajadores para poder llevarlas a cabo. Así lo denuncia UGT Serveis Públics del País Valencià tras alertar del "grave riesgo de colapso" en la gestión de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia como consecuencia del reparto de personal funcionario derivado de la nueva estructura del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón y en nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente. El sindicato denuncia que la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, "pretende quedarse con un volumen desmesurado de personal clave", lo que supone una merma para la administración de los servicios sociales de la Generalitat.

En concreto, el desacuerdo entre el departamento que dirige Susana Camarero y el de Elena Albalat se centra en la asignación del personal de los llamados servicios horizontales (contratación, gestión económica, recursos humanos, servicios generales, coordinación administrativa), todos ellos, imprescindibles para poder licitar contratos, gestionar nóminas, tramitar modificaciones presupuestarias o mantener en marcha los centros sociales. Según afirma este sindicato, la intención de la Vicepresidencia Primera "es quedarse con un número de efectivos desproporcionado respecto al presupuesto que gestiona y al volumen de centros y servicios de su competencia". Cabe apuntar que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia gestiona más de 3.000 millones de euros, mientras que la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad maneja alrededor de 400 millones. Sin embargo, "la voracidad de Camarero respecto a lal reclamación de estos servicios horizontales pone en riesgo la gestión de los servicios sociales", explican desde el sindicato.

El President de la Generalitat fijó la nueva configuración del Gobierno valenciano mediante el Decreto 16/2025, de 3 de diciembre. Esta norma dividió la antigua Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en dos departamentos: la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, dirigida por Susana Camarero, y la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, al frente de la cual se encuentra Elena Albalat. A partir de esa reestructuración, la Administración debe adscribir ahora los puestos de trabajo del personal funcionario a cada una de las consellerias.

Pugna por los servicios horizontales

El sindicato señala que la división del presupuesto está clara y que la mayor parte de los puestos de trabajo ya tiene un destino definido: el personal de las direcciones generales y de los centros propios se adscribe a la conselleria que ha asumido dichas competencias. Así, el personal de servicios sociales, dependencia, mayores, infancia y adolescencia, personas con discapacidad, familias y cooperación al desarrollo, así como el de residencias y centros de gestión directa con personal funcionario (mayores, discapacidad, centros de menores, etc.), se integra en la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Por su parte, el personal de vivienda, empleo, trabajo, igualdad y mujer pasa a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

En total, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia concentra más de 3.500 puestos de trabajo, frente a unos 700 en la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Sin embargo, no hay acuerdo respecto a los citados servicios horizontales.

UGT advierte de que detraer efectivos de estos servicios para enviarlos a la conselleria de Camarero "abocaría a Servicios Sociales al caos": "Sin personal suficiente en contratación no se podrán licitar nuevos contratos ni constituir mesas de contratación; sin refuerzo en gestión económica se resentirá el pago a empresas y la tramitación de expedientes; sin recursos humanos no se podrán gestionar bolsas de trabajo para cubrir sustituciones en residencias ni crear o modificar plazas necesarias", señala la organización.

El sindicato recuerda que la situación en el ámbito de servicios sociales ya es muy delicada: se han producido protestas por retrasos en el pago de nóminas al personal funcionario y existen numerosas empresas prestando servicios en situación de enriquecimiento injusto porque sus contratos y prórrogas finalizaron hace años, sin que se hayan convocado nuevas licitaciones. “Con menos personal en los servicios horizontales, la situación sería sencillamente insostenible", advierte UGT Servicios Públicos que lamenta la falta de sensibilidad de la vicepresidenta primera que es plenamente consciente de la situación de precariedad que deja el departamento de servicios sociales.

“No se puede desvestir un santo para vestir a otro, máxime cuando estamos hablando de servicios esenciales para los colectivos más necesitados, recalca la organización. “Si la Vicepresidencia Primera necesita más personal de este tipo, UGT exige que el Consell cree la estructura y los puestos de trabajo que requiera la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, en lugar de arrebatárselos a Servicios Sociales, un departamento que ya funciona al límite y que atiende a la población más vulnerable.

El sindicato reclama al Consell que garantice una dotación suficiente de personal en la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y que cualquier decisión sobre el reparto de efectivos priorice siempre la continuidad y calidad de la atención social frente a los equilibrios internos del Gobierno.

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