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El rechazo del Congreso al decreto ómnibus tumba la exención fiscal a las ayudas dana de la Generalitat

Los votos de PP, Vox y Junts fuerzan la caída del escudo social y arrastra una de las reivindicaciones del Consell

Vista del Congreso durante el debate y votación de este jueves.

Vista del Congreso durante el debate y votación de este jueves. / Jesús Hellín/ Europa Press

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

La caída del escudo social en el Congreso tendrá, salvo cambio en las próximas semanas, afección directa en los bolsillos de la zona dana. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han servido para, a diferencia de la revalorización de las pensiones, tumbar el Real Decreto-ley 2/2026 del Gobierno en el que además de la moratoria contra los desahucios o la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable había medidas relacionadas con la catástrofe del 29 de octubre y las personas afectadas.

Cosas de los decretos ómnibus donde se mezclan varios asuntos, el choque partidista y la situación parlamentaria española, el rechazo de los tres partidos de la derecha ha provocado que decaiga una de las reivindicaciones que hasta ahora estaba señalando el Consell: la exención fiscal en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de Patrimonio de aquellas ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a empresas y autónomos afectados por la dana.

La cuestión está en que, a diferencia de las ayudas dadas por el Estado, las que otorgaba la Generalitat se tributa lo que puede acabar suponiendo devolver una parte importante de estas ayudas a través de los futuros impuestos. Esto se ha intentado corregir vía decreto-ley, donde incluso se incorporaba con efectos retroactivos al día de la dana, lo que permitiría recuperar lo ya pagado, como exigían los damnificados de la catástrofe y como pactaron Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca en su primera reunión en la Moncloa en diciembre.

"Es una cuestión de justicia", dijo el president de la Generalitat en la rueda de prensa posterior reivindicando haber logrado el compromiso para sacar adelante esa medida por parte del Gobierno. Este se trasladó días después a un decreto ómnibus. Pero llegó enero, el debate en el Congreso, y los votos de PP, Vox y Junts lo hicieron decaer. Días después, el Ejecutivo recuperó esta medida dentro de un nuevo decreto ómnibus, con la misma suerte.

25/02/2026 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la mesa como la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional, la desclasificación de los documentos del 23F o las negociaciones entre PP y Vox, entre otros asuntos. Además el Gobierno se enfrenta a interpelaciones urgentes sobre política migratoria e infraestructuras ferroviarias. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, este jueves en el Congreso. / Eduardo Parra / Europa Press

Porque mientras que el decreto-ley sobre revalorización de las pensiones, incluido en el primer ómnibus, sí que ha salido adelante este jueves tras ser desgajado, las cuestiones vinculadas con la dana no lo han hecho por ir junto a las medidas del escudo social. La única posibilidad estaba puesta en el partido de Carles Puigdemont que, sin embargo, ha visto en todo lo relacionado con la moratoria antidesahucios una forma de proteger la okupación, por lo que han votado en contra.

Sin deuda extra

La exención fiscal de las ayudas dana, por lo tanto, deberá esperar a otro decreto-ley, si lo hubiera. De momento, el Gobierno ha evitado pronunciarse al respecto. No obstante, no es la única medida que se ve afectada por el derribo del escudo social en la Cámara Baja. También ha tumbado la ampliación de ayudas a comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, siempre que estuvieran dadas de alta antes del 28 de octubre de 2024 y hubieran declarado actividad económica, algo que afectaba a muchos pequeños negocios familiares en situación de desamparo.

El impacto de la votación del Congreso también alcanzará directamente a las arcas de la Generalitat. El decreto incluía la autorización del Estado para que la Comunitat Valenciana pudiera endeudarse a largo plazo o pudiera asignar recursos complementarios para cubrir las necesidades de financiación de la dana. Sin este extra de deuda, el Consell pierde capacidad financiera para afrontar tareas que aún requieren de un músculo económico importante.

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