Ratas, atasco en la dependencia, obras paradas y profesionales sin cobrar: Compromís denuncia el "colapso" de los servicios sociales valencianos

Compromís ha presentado hoy una campaña para denunciar el "colapso" en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana que la coalición achaca a la "gestión criminal" y las "privatizaciones" del Consell desde el inicio de la legislatura, repartiendo culpas entre Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca así como entre las dos titulares del área, primero Susana Camarero y ahora Elena Albalat.

Según expone la coalición, aportando fotografías y vídeos, los 12 centros de menores y de personas con discapacidad se encuentran en condiciones "infrahumanas", algunos con plagas de ratas y cucarachas, con goteras y sin aire acondicionado. Asimismo, hablan de atasco en la dependencia, con esperas de hasta 15 meses para revisar el grado y de medio año para acceder al sistema, aseguran que siete residencias o centros de mayores tienen sus obras de mejora paralizadas por decisión de la Generalitat y denuncian atrasos en los pagos a los trabajadores.

Ante esta situación, Compromís lanza una ofensiva por una triple vía: ha activado una web para recoger denuncias ciudadanas sobre casos similares, ha presentado en las Corts una petición para poner en marcha una comisión de investigación parlamentaria sobre el estado de los servicios sociales autonómicos y anuncia movilizaciones sociales de protesta, sin descartar además acudir a los tribunales.

"No es un error, es maltrato"

Compromís pone el foco en lo que considera los "cuatro grandes pilares" de los servicios sociales: las listas de espera de personas en situación de dependencia; las condiciones en las que viven menores tutelados y personas con discapacidad en centros que dependen de la Generalitat y las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en ellos; y la paralización en la construcción de infraestructuras públicas de Servicios Sociales, especialmente residencias y centros de día para personas mayores.

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha afirmado que el PP está haciendo una "gestión criminal" de los servicios sociales, porque "está jugando con la vida de personas muy vulnerables". "No es un error administrativo, es maltrato y Pérez Llorca es responsable de lo que está pasando”, ha señalado.

El portavoz ha atribuido el "hundimiento" de los servicios sociales públicos valencianos al "modelo sectario y privatizador del PP, que cuenta con la complicidad de Vox”, y ha expuesto que “se sustenta en beneficiar a las empresas de sus amigos por encima del bienestar de las personas; en aumentar las ratios, paralizar la construcción de nuevos equipamientos y cerrar centros para motivar la privatización del servicio y en degradar las condiciones laborales de las personas trabajadoras de los centros y residencias”.

Hasta 15 meses esperando la dependencia

Según los datos recopilados por la coalición valencianista, a 31 de enero de 2026 la lista de espera era de 17.513 personas, mientras que el gobierno de Pérez Llorca aseguraba que era de 14.271 personas. Nathalie Torres ha acusado al Consell de "mentir" con estas cifras. Del total "real", 10.511 están más de seis meses sin que la administración les dé una respuesta, ha señalado Torres, que asegura que el tiempo medio de espera es de 297 días, más de 10 meses de media.

Unos plazos que pueden dilatarse "hasta los 15 meses" para las peticiones de cambio de grado de la dependencia, según ha añadido la diputada de Compromís, que ha citado un caso de una mujer de Paiporta que lleva ese tiempo esperando que le reconozcan un grado superior, lo que implica una mayor remuneración. "¿Cuántos millones se ahorra el Consell por esta vía?", se ha preguntado Torres.

Torres ha querido recordar que “hay personas que no están cobrando la prestación que les corresponde de acuerdo con el grado de dependencia que tienen reconocido. Por tanto, el gobierno de Pérez Llorca está haciendo caja con la dependencia”.

Obras paralizadas

Sobre las nuevas infraestructuras, Compromís denuncia que el Consell "ha paralizado la construcción de dos residencias y cinco centros de día para personas mayores dependientes que estaban proyectados y donde los ayuntamientos lo tenían todo preparado para iniciar las tramitaciones mediante el Plan Convivint". Tres de los casos son poblaciones de las comarcas de Valencia (Sinarcas, Potries y Faura) y cuatro de las de Alicante (Dénia, Xixona, Castalla y Altea), con la consiguiente pérdida de unas 500 plazas públicas, según Torres.

Ratas, goteras y calor en los centros de menores

Por su parte, el diputado Francesc Roig ha centrado su análisis en la "alarmante" situación en la que se encuentran las instalaciones de los centros de menores y de personas con discapacidad, así como las condiciones "infrahumanas" en las que viven las personas usuarias y las condiciones laborales "indignas" de los profesionales de esta docena de infraestructuras.

Tal como ha explicado el diputado de Compromís, “centros con plagas de ratas, instalaciones que se inundan cuando llueve, habitaciones donde no se puede dormir en verano por estar a más de 30 grados, instalaciones eléctricas que pueden cortocircuitar en cualquier momento por falta de mantenimiento o profesionales que no cobran siguen en la mayoría de los casos el mismo patrón: el Botànic lo tenía todo preparado para revertir a gestión pública estos centros y cuando entró a gobernar el PP lo paralizó todo y se ha desentendido de estas personas tan vulnerables y de las instalaciones”.

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