El presidente del TSJCV decide que cinco magistrados, en lugar de solo tres, deliberen sobre la investigación a Carlos Mazón por la dana de València
La decisión se adopta, como se hizo en pandemia, por "la excepcionalidad" del asunto, por lo que incorpora a los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres a la decisión sobre el futuro del exjefe del Consell

De izquierda a derecha, los juristas que componen la sala de lo Civil y Penal del TSJCV: Jesús Olarte (LAJ), los magistrados Vicente Torres, José Ceres, Pía Calderón y Antonio Ferrer. Sólo falta el actual presidente, Manuel Baeza. / ARIANA ROMAN
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano la resolución sobre la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, elevada por la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa por la gestión de la dana, según acaban de informar fuentes del TSJCV.
Baeza adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves a las partes, según el TSJCV, "en aplicación del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala del Alto Tribunal valenciano, que él también preside, atendiendo a la naturaleza del asunto" y dada su relevancia. De esta manera, serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo para decidir si existen suficientes indicios para investigar a Carlos Mazón y que el TSJCV asuma la causa de la dana. También pueden rechazar de plano esta posibilidad. O una tercera opción, no descartar ninguna opción e instar a la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja a continuar investigando la causa, para intentar recabar más indicios contra Mazón. Tras la decisión de sumar a todo el pleno de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, además de los tres magistrados ya designados previamente el pasado martes -el propio presidente Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente) y José Francisco Ceres- se suman al proceso de decisión los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres.
La decisión de sumar al pleno para una decisión relevante no es algo inusual y ya se adoptó durante la pandemia, para decidir qué se hacía con las denuncias presentadas contra el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig: la consellera de Sanidad, Ana Barceló; la delegada del Gobierno Gloria Calero; el alcalde de València, Joan Ribó, entre otros, por las actividades que permitieron antes del confinamiento por la pandemia del covid 19, en 2020. Todas las querellas y demandas fueron desestimadas.
El pasado martes el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dictó una dior para registrar la exposición razonada elevada por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en el marco de la causa por la gestión de la dana. También dio un plazo de dos días a las partes y al Ministerio Fiscal para que "formulen las alegaciones que a su derecho convenga", que algunas acusaciones han comenzado a responder, mostrándose a favor de investigar al expresidente de la Generalitat.
Trayectorias
Antonio Ferrer Gutiérrez pertenece a la la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV desde 2013, cuando fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de José Flors, el magistrado que instruyó la causa de los trajes de Francisco Camps, que se jubiló ese año. Ferrer procedía de la sección cuarta (primero estuvo en la sección primera), donde sustituyó al histórico magistrado Vicente Urios, por jubilación. Ferrer ejerce en la Comunitat Valenciana desde 1989, tras ingresar en la carrera judicial por oposición en 1984, y estar destinado destinado en Ontinyent, Mataró, Vera, Lorca y Barcelona. Entre otras sentencias, Ferrer fue ponente de la primera sentencia del caso Blasco, que condenó al siete veces conseller, Rafael Blasco, a ocho años de cárcel, que después rebajó el Tribunal Supremo a seis.
Vicente Torres Cervera fue fiscal de carrera desde 2001 y ejerció en Algeciras, en la Fiscalía Provincial de Cádiz hasta 2004. Posteriormente pasó por la Fiscalía Provincial de Castelló y la de València, donde ejerció como fiscal delegado de la Fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado», en los que investigó el caso Blasco (junto a Jesús Carrasco), el caso Taula (junto a Pablo Ponce), el caso Avialsa, que acabó con la condena al exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. También intervino junto a Sandra Bonet en la segunda instrucción del accidente del metro de València, que culminó con la condena por conformidad que logró Adoración Cano, actual fiscal Anticorrupción. Torres fue propuesto por una mayoría progresista en las Corts Valencianes para la plaza de magistrado del TSJCV , pero elegido por una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los otros tres magistrados que componen el pleno de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, como ya informó Levante-EMV. Se trata de Manuel José Baeza Díaz-Portalés, presidente del TSJCV desde el 2 de abril de 2025, tras tras haber sido elegido el 26 de febrero por el Consejo General del Poder Judicial. Antes fue presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde septiembre de 2016. Tanto Pía Calderón como José Francisco Ceres Montes tienen una dilatada trayectoria en la sala de lo Civil y lo Penal y han participado en las instrucciones y juicios tanto de las piezas valencianas de la trama Gürtel como del caso Blasco.
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