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Las "conselleries" de Medio Ambiente y Servicios Sociales tampoco recibieron ninguna alerta de las emergencias que dirigía la consellera Salomé Pradas el día de la dana de València

Cuatro departamentos de la Generalitat admiten a la jueza de la dana que la Conselleria de Justicia e Interior no les remitió "solicitudes de cooperación y solicitudes de adopción de medidas de protección a los ciudadanos"

Salomé Pradas y Emilio Argüeso, en una imagen de archivo posterior al día de la dana.

Salomé Pradas y Emilio Argüeso, en una imagen de archivo posterior al día de la dana. / EFE/ Kai Försterling

València

Las conselleries de Medio Ambiente y Servicios Sociales también admiten en sendos escritos remitidos a la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que la Conselleria de Justicia e Interior que dirigía Salomé Pradas y competente en emergencias, no les pidió recursos ni las puso en alerta el 29 de octubre. Según sendos escritos incorporados a la causa, los departamentos dirigidos por los consellers Vicente Martínez Mus y Susana Camarero (el día de la dana) confirman que no recibieron "ninguna solicitud" de alerta o colaboración.

La magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja preguntó a cuatro conselleries (Educación, Agricultura, Medio Ambiente y Servicios Sociales) que remitieran al juzgado las “solicitudes de cooperación y solicitudes de adopción de medidas de protección a los ciudadanos que recibieron, por la dana del 29 de octubre de 2024 desde la Conselleria de Justicia e Interior (dirigida por Salomé Pradas) y desde la secretaría autonómica de Emergencias (dirigida por Emilio Argüeso), así como la respuesta que dieron a las eventuales peticiones o comunicaciones que recibieron desde dicha conselleria y secretaría autonómica".

Educación y Agricultura ya contestaron que no fueron alertadas ni recibieron petición alguna de ayuda o alerta. Respuestas a las que ayer se sumaron las de Medio Ambiente y Servicios Sociales, que también confirman no haber sido informadas o alertadas por el departamento que dependía de los dos investigados en la causa de la dana: Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

Desde el departamento que dirige el también vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, y informan que "consultadas ocho direcciones generales de esta conselleria, las mismas informan las mismas informan que el 29 de octubre de 2024 con motivo de la dana no se recibieron solicitudes de cooperación y/o solicitudes de adopción de medidas de protección a los ciudadanos desde la Conselleria de Justicia e Interior y desde la secretaría autonómica de Emergencias", según el informe que suscribe el subsecretario de la Conselleria de Medio Ambiente, Juan Martínez Caballero.

En el mismo sentido responde el departamento que ahora dirige la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat Aguilella. "Se participa que, una vez recabada información de las direcciones generales, no se recibió ninguna solicitud de las mencionadas", señala la subsecretaria María Luisa Mediavilla Cruz.

La jueza afea las descoordinación de las conselleries

A esta situación se refirió la jueza de la dana en la exposición razonada que presentó el 24 de febrero para que el TSJCV investigue a Carlos Mazón. "En realidad, la Conselleria de Justicia e Interior no remitió a ninguna de las conselleries ni orden, ni comunicación en relación con una emergencia de dicho calado". La magistrada de la dana recordaba las respuestas de las conselleries de Educación o Agricultura, que confirmaron no haber recibido ninguna alerta. Servicios Sociales aún no había contestado, pero tras recabar información sobre los servicios de Telasistencia, ya constataba en la causa de la dana qué información se facilitó a los más vulnerables. Ninguna.

"La conselleria encargada de los servicios sociales, de la cual dependían los servicios de teleasistencia no consta que recibiera tampoco órdenes específicas sobre la emergencia. En este caso la consellera asistió telemáticamente aparte de la reunión, la abandonó para asistir a una entrega de premios y fue sustituida por un cargo de su propia conselleria. La comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, es obvio que falló. Nadie les alertó", aseguró la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en el texto elevado al TSJCV.

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