Las acusaciones de CGT, Podemos Ciudadanos y Acció Cultural piden al Tribunal Superior de Justicia que investigue a Carlos Mazón por la dana de València

La cuarentena de abogados de las acusaciones populares y particulares de la causa de la dana han comenzado a presentar los escritos de alegaciones a la exposición razonada que la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, elevó el 24 de febrero al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que investigue a Carlos Mazón por su gestión, o la ausencia de gestión, durante el 29 de octubre. Una petición que, cabe recordar, la magistrada Ruiz Tobarra basaba en las "largas horas de negligencia" de Carlos Mazón en El Ventorro, minimizar la dana y retrasar el Es Alert de las 20.11 horas, que la magistrada considera tardío y erróneo.

Por orden de presentación, la Federación estatal de trabajadoras de las administraciones públicas de la Confederación general del trabajo (Fetap-CGT), que ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada de Joan Comorera y Nuria Rey, que investigue a Carlos Mazón y asuma las diligencias acordadas y pendientes por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Para ambos letrados, la exposición razonada de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra "contiene indicios sólidos, racionales y plurales", como exigió hacer el TSJCV en diciembre, cuando desestimó las primeras denuncias y querellas presentadas contra Carlos Mazón, tras la dana. La Fetap-CGT coincide con la jueza en que Mazón ostentaba la posición de garante de las emergencias como presidente de la Generalitat. Y lo consideran autor de una "grave negligencia por omisión" debido a la "absoluta pasividad y ajenidad" de Mazón ante "una catástrofe anunciada". Además de "minimizar el riesgo" en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Palau "transmitiendo un mensaje de falsa seguridad, llegando a afirmar que la borrasca se desviaba a la serranía de Cuenca o que se habían producido el fallecimiento de unas cabras". Además del "abandono de funciones en momentos críticos", protagonizar una evidente "falta de dirección y coordinación" e "inacción ante decisiones vitales".

Podemos se suma a los argumentos de la jueza de la dana

El partido Podemos, representado por el letrado Jaime Montero Román, defiende en su escrito que "existen indicios más que suficientes para sostener que la inacción y las decisiones presuntamente negligentes del señor Mazón contribuyeron de manera decisiva al trágico resultado. Por ello, la investigación debe extenderse a su persona para determinar el alcance de su responsabilidad penal, garantizando así el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad y a que se haga justicia". Podemos coincide con la jueza de la dana en la posición de garante como presidente de la Generalitat y que la comisión del delito de homicidio imprudente se produjo "por omisión" ante la "previsibilidad del riesgo y la inexcusabilidad de la inacción" del exjefe del Consell, a pesar de las alertas de la Aemet, la CHJ, el 112 y los medios de comunicación, durante su larga sobremesa en El Ventorro. Podemos también considero que Mazón intervino en el retraso y contenido del Es Alert, a través de los mensajes de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Ciudadanos considera responsable a Mazón

Ciudadanos, representados por Carmen Peris y Eduardo García Ontiveros, que representa la acusación popular y particular, defiende, al igual que la jueza, la competencia autonómica de la gestión de la emergencia de la dana, de la que Salomé Pradas, la consellera de Justicia e Interior ostentaba "la titularidad ordinaria del mando único". Un mando que según la ley de emergencias puede asumir el presidente de la Generalitat. Una "previsión legal que refuerza la posición de garante del señor Mazón". Por ello, Ciudadanos considera que Carlos Mazón incurrió en "un delito de homicidio imprudente en la gestión de la dana ya que consideran que su responsabilidad no fue solo política, sino penal, porque la exclusión voluntaria en sus funciones tuvo una repercusión decisiva en el resultado letal" de la tragedia, con 230 fallecidos. Y añaden que el indicio más grave, reside en "la permanencia pasiva del aforado durante cerca de cinco horas en un almuerzo privado mientras la catástrofe se desencadenaba". Y añaden que "la muerte de personas que fueron sorprendidas en sus vehículos, en la calle o en plantas bajas es una consecuencia directa de la falta de una alerta temprana. Esa alerta no se dio porque el vértice de decisión estaba en una situación de "ajenidad" [ausente en El Ventorro]. Por tanto, su omisión es la causa jurídica de las muertes que se produjeron por la falta de aviso preventivo".

ACPV pide mantener la causa en Catarroja y que el TSJCV investigue solo a Mazón

El abogado Manolo Mata, que representa la acusación pública de Acció Cultural del País València, y un hombre lesionado en la dana, considera la exposición razonada de la jueza "pertinente, argumentada, clara, rigurosa en términos jurídicos, respetuosa con los derechos fundamentales de la persona aforada; basada en indicios plurales, concretos y racionales". Mata considera que se puede y se debe imputar a Mazón por homicidio imprudente por omisión. "El catastrófico resultado acaecido el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro era previsible y evitable, había relación de causalidad entre la ausencia de decisiones relevantes a adoptar por un dirigente como el señor Mazón y la evitación de un importantísimo número de fallecimientos y lesiones graves por la dana". Y sobre los indicios en la conducta de Mazón, el abogado destaca que conocía las alertas a lo largo de todo el día, pero aún así, "decidió comparecer ante los medios de comunicación minimizando los efectos de la DANA ironizando sobre el fallecimiento de cuatro cabras cuando los medios de comunicación reflejaban la desesperada situación de muchas personas en Utiel-Requena". Y, tras decidir irse a El Ventorro, "retrasó por su negligencia, desidia, pasotismo e ineptitud la emisión de un mensaje a la población para que no bajaran a garajes y subieran a plantas altas al no dar un visto bueno a lo propuesto por los responsables de la emergencia". Además de "permanecer irresponsablemente el almuerzo privado durante más de cinco horas". Por último, solicita que el TSJCV asuma sólo las cuestiones relacionadas con el aforado, Carlos Mazón, y que el resto de la causa se quede en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

El partido Valores, representado por el abogado Juan Ramón Chapapría, pide al TSJCV que asuma la causa para realizar una investigación "coral" que, a su juicio, además de Carlos Mazón también debería incluir a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo ; y los responsables técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), singularmente el jefe de Climatología en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez Mora. Peticiones ya rechazadas en los dieciséis meses de instrucción tanto por la jueza de la dana como por los seis magistrados que componen la sección segunda de la Audiencia de València. Por ello, defiende, "una instrucción que se limitara exclusivamente a la figura del aforado [en ningún momento cita a Carlos Mazón por su nombre] resultaría, a nuestro juicio, incompleta y reduccionista, pudiendo hurtar a las víctimas el derecho a un esclarecimiento total de los hechos".

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