Más de un millón de firmas para prohibir las terapias de conversión en toda Europa

Más de un millón de firmas aterrizaron en noviembre del año pasado en Bruselas con un objetivo: prohibir las terapias de conversión sexual en toda la Unión Europea. El procedimiento lo impulsaron en mayo de 2024 decena de entidades LGTBI+ de distintos países de Europa, incluida España, llegó con 1.128.063 de apoyos verificados y apura los plazos en la Comisión de Peticiones ante su debate en el pleno del Parlamento Europeo esta primavera. La expectativa es que supere el corte y quede en manos de la Comisión Europea (el ejecutivo comunitario que dirige Ursula von der Leyen) para decidir si regula la materia.

La exigencia de la Iniciativa Ciudadana Europea es "proponer una Directiva que añada las prácticas de conversión a la lista de eurodelitos o modificar la actual Directiva sobre igualdad para que incluya la prohibición de estas prácticas" así como "adoptar una resolución no vinculante en la que se pida la prohibición generalizada de las prácticas de conversión", esto es, aquellas prácticas dañinas utilizadas para intentar alterar la expresión de género.

Este movimiento tiene una vertiente valenciana más allá de lo obvio que resulta la afectación de una reglamentación de la UE a la Comunitat Valenciana. La cuestión ha estado de actualidad ante las diligencias abiertas hace año y medio por la Fiscalía Provincial de Valencia a la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos por realizar pseudoterapias homófobas en 60 colegios para "curar la homosexualidad".

A ello se añade el último cambio de la ley trans valenciana que introdujeron PP y Vox en las Corts hace menos de un año. En este se pasaba de "se prohíbe la práctica de terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la identidad o expresión de género de las personas trans" que constaba en la norma de 2017 del Botànic a "se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans, destinadas a modificar la identidad o expresión de género de estas personas, siendo posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente".

Ese apunte final propuesto por Vox, y apoyado por los populares, de "acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente" es uno de los puntos de polémica. Varias entidades LGBTI como Lambda así como los partidos de la izquierda denuncian que este agregado supone abrir las puertas a las terapias de conversión, algo que niega el Consell. La ley, no obstante, ha terminado en el Tribunal Constitucional recurrida, por una parte, por el Defensor del Pueblo a petición de Compromís y, por otra, por el Gobierno central.

Recurso del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó este recurso hace dos semanas asegurando que el cambio normativo iba en contra de la legislación estatal, prevista en la ley LGTBI de 2023. En ella, se señala: "Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".

"Apoyamos la iniciativa como no podía ser de otra manera, en España somos pioneros en avanzar en derechos y es vergonzoso que a estas alturas se trate la orientación como algo que corregir", expresa la eurodiputada del PSPV, Sandra Gómez, integrante de la Comisión de Peticiones por donde ha empezado su tramitación la iniciativa ciudadana 'Ban on conversion practices in the European Union'.

Gómez se muestra optimista ante la propuesta y cree que podrá salir adelante en el Parlamento Europeo con un rechazo que se circunscriba a las formaciones de extrema derecha. Otra cuestión es qué ocurre después en la Comisión Europea y si esta decide hacer o no caso a la exigencia. "Estas prácticas causan un daño real, pueden causar un profundo trauma psicológico, daño físico y, sobre todo, atacan a la dignidad de la persona", dijo la semana pasada Irena Moozová, vicedirectora general en el departamento de Justicia de la Comisión Europea. "Vamos a instar para que lo regule, es incontestable", insiste Gómez.

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