"El escándalo de Les Naus de Alicante lo tiene todo: pensar que la vivienda es un negocio y creerse impunes a la ley"

La dificultad de acceso a la vivienda es, sin duda alguna, uno de los principales problemas que afectan actualmente al conjunto del país. Precios de alquiler y venta en máximos históricos, conflictos vecinales por el incremento desmedido de los apartamentos turísticos... En las últimas semanas, Alicante ha saltado a la actualidad nacional a raíz del escándalo de los pisos protegidos de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. Una promoción construida sobre suelo público que está siendo investigada en el juzgado después de que se hayan detectado múltiples irregularidades entre sus adjudicatarios, algunos de ellos vinculados a varios ayuntamientos y a la Generalitat Valenciana. Con este contexto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) visita Alicante para abordar el origen del problema y sus posibles soluciones.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las causas de la situación actual de la vivienda?

RESPUESTA: Es nuestra principal ocupación y nuestro principal objetivo de legislatura. El diagnóstico está bastante consensuado: porque no se ha abordado desde las administraciones públicas de manera correcta hasta nuestros días. ¿Eso quiere decir que no se ha hecho nada? No. En España se habían construido dos millones y medio de viviendas de protección oficial durante la democracia. El problema es que o las hemos desamortizado con su descalificación o en el peor de los casos, se vendieron a fondos buitre, cuando no se las repartieron entre unos pocos, como lamentablemente seguimos viendo en el día de hoy. A mí me importa que no volvamos a cometer los errores del pasado. Es necesario tener un parque de vivienda público protegido para siempre y con el que no se pueda especular, y tenemos que tener los instrumentos que nos lo permitan. No es algo radical, es cumplir la Constitución.

P: ¿A qué mecanismos se refiere?

R: La propia Ley de Vivienda ya blindaba ese parque público protegido para siempre, pero fue recurrida por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional dijo que era competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Mi función como ministra es interpelar a los gobiernos autonómicos para que esto sea una realidad en todos los territorios. Hoy el alquiler se está comiendo los salarios de las familias. Existen leyes como esta que permiten congelar los precios y existen responsables políticos, antes Mazón, ahora Pérez Llorca, que no están aplicando esta norma. También hemos puesto coto al alquiler de los pisos turísticos ilegales y hemos dado herramientas a los vecinos para que impidan la implantación de estas actividades económicas dentro de sus fincas. Además, se eliminaron las «Golden Visa», que era la compra por extranjeros de viviendas de más de 500.000 euros a cambio de la nacionalidad. Estábamos incentivando que los inversores extranjeros se llevasen las casas que necesitan los alicantinos y las alicantinas. Y eso ya no sucede en nuestro país por una decisión de este gobierno.

P: ¿Hasta qué punto funciona una normativa estatal que depende de la aplicación de las comunidades?

R: Yo no quiero firmar órdenes ejecutivas como el presidente Trump. Yo creo en el Estado de las autonomías. Lo que reprocho y repruebo es la actitud del PP en una crisis como la que hoy tenemos con la vivienda y que no la esté abordando con los instrumentos que existen.

P: ¿La Ley de Vivienda ha surtido el efecto que su gobierno esperaba?

R: Sin ninguna duda. En lo que se refiere a la contención de precios, donde la estamos aplicando como en Cataluña, en Navarra, en País Vasco o A Coruña, ya estamos viendo los efectos. ¿Es la solución definitiva? Por supuesto que no, hemos puesto el torniquete. La Ley se está utilizando, sirve para congelar el precio del alquiler y donde se está aplicando se ha congelado. Eso es una evidencia indiscutible, ahí están los datos.

P: Visita Alicante por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. ¿Qué ha permitido que ocurra algo así en este momento?

R: Es que es un auténtico escándalo, se le conoce así en toda España. Lo tiene todo, el manual del PP que no queremos repetir: pensar que la vivienda es un negocio, creerse que lo que es de todos es de unos pocos, creerse impunes a la ley... No es solamente un error puntual de la normativa, no es un accidente, claramente es el modelo del PP.

P: ¿Cree que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, debería dimitir?

R: Nosotros pedimos responsabilidades políticas, el problema es que el PP no está dispuesto a asumir ninguna. El presidente de la Generalitat nunca recibió una llamada de su partido para que asumiera responsabilidades por la dana. ¿Cómo voy a esperar que Feijóo mueva un dedo? Me conformaría con que el señor Pérez Llorca, que lleva semanas mareando la perdiz diciendo que va a modificar la normativa, no pierda ni un segundo más para hacerlo y blindar la vivienda pública para siempre.

P: Si usted redactase esa norma, ¿qué condiciones debería incluir?

R: Los criterios de acceso a las viviendas: que garantice el acceso tanto a las personas vulnerables como a la clase trabajadora, registros y adjudicaciones absolutamente transparentes, seguimiento de que efectivamente estas viviendas sirven al objeto para el que se han puesto a disposición. Además, ese parque tiene que ser patrimonio de los españoles y de las españolas. Como lo son las escuelas públicas, las universidades públicas, los hospitales públicos o los centros de salud. Eso es lo que tenemos que garantizar con toda la inversión que estamos haciendo, que esos pisos sean la infraestructura que aloje el derecho a la vivienda. Se ha cuestionado si tiene que haber una adjudicación en orden, si tiene que ser por sorteo... Porque ahora mismo es libre, mientras que se cumplan los requisitos es el promotor el que decide. Yo hablo de una adjudicación y de un registro públicos. No se puede privatizar la adjudicación de las viviendas bajo ningún concepto.

P: Algunos ayuntamientos se han lanzado ahora a prohibir el acceso a VPP para sus cargos públicos. ¿Es buena medida? ¿La aplicaría en el Gobierno?

R: Es que no se puede. Cuando tú has participado en el proceso, lo que se está produciendo es una prevaricación, que es un delito. La norma ya no permite este tipo de comportamientos que hemos visto en el caso de Alicante. Por supuesto que defendemos la ética y la moral más allá de la legalidad.

P: ¿Y qué puede hacer el Gobierno para que esto no se repita?

R: Con esta ley en vigor y si el PP no la hubiera recurrido, ya estaría resuelto. Vamos a extremar, como decía en la petición que hice a la Generalitat, el control de todos los procesos de viviendas protegidas. Ni un euro ni un suelo público del Gobierno de España va a dirigirse a ninguna comunidad autónoma o a ningún ayuntamiento donde no se garantice la perpetuidad del parque público de vivienda y la transparencia en las adjudicaciones. En Casa 47, que es nuestra empresa pública de promoción de vivienda, ya están articuladas todas estas fórmulas. Hay registros transparentes y los sorteos son ante notario.

P: ¿Cuánto suelo o presupuesto se ha dado hasta ahora?

R: Con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda destinaremos en la Comunitat Valenciana un total de 798 millones, entre financiación estatal y autonómica, triplicando la cuantía del anterior plan. Esto supone 557 millones más. Para ello, le hemos pedido a las comunidades una mayor cofinanciación, proteger la vivienda para siempre y mayor transparencia en el mercado a través de los datos públicos. Además, siendo conscientes de la necesidad de construir un parque público de vivienda, el 40 % de esos recursos se destinarán para incrementar la oferta de vivienda asequible.

P: ¿Qué proyectos va a desarrollar Casa 47 en Alicante?

R: Ya se ha formalizado el contrato para el proyecto de un edificio de 12 viviendas en Benalúa [Alipark, en concreto]. Esta semana he anunciado en Alcoy que vamos a retomar el proyecto en la antigua Colonia de Aviación, para otras 140 viviendas. Además, en la antigua cárcel de Dénia se proyectan 145 pisos más. Serán viviendas que tendrán siempre un precio asequible, siempre por debajo del 30 % de los ingresos medios de esos municipios. Serán contratos que darán tranquilidad, con más de 75 años de ese alquiler asequible y, por tanto, con todas las garantías para que, efectivamente, estas viviendas sean para quienes las necesitan y no para que se forren las bancas o, en su caso, los especuladores. 

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