El PPCV señala el reparto de examinadores de conducir como un nuevo agravio valenciano con Cataluña y Euskadi

Nuevo agravio a la vista para el debate en las Corts. El PPCV ha vuelto a sacar la bandera de la "discriminación" del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana para beneficiar a Cataluña o Euskadi, territorios habituados a estar en la tabla comparativa. En esta ocasión no es ni la financiación autonómica, ni la inversión en infraestructuras, sino que son los puestos de nuevos examinadores del carnet de conducir, situación que ha dejado a más de 45.000 jóvenes en lista de espera sin fecha para la prueba.

Los 'populares' valencianos han llevado este "atasco", que el síndic de la formación, Fernando Pastor, ha considerado "impresentable", al parlamento valenciano para exigir medidas al Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico para poder solventar un "sistema colapsado". Entre ellas, está aumentar la plantilla de examinadores, autorizar horas extra a los actuales, elaborar un "plan de choque" y, sobre todo, llevar a cabo una "distribución de los examinadores que sea equitativa".

He ahí donde el PPCV, a partir de su portavoz de Transportes en las Corts, José Forés, ha agitado la "discriminación" que vive la Comunitat Valenciana en la autorización de estas plazas de examinadores, públicas y dependientes de la Administración General del Estado, respecto a otros territorios. En concreto, respecto a Cataluña y Euskadi, autonomías muy dadas a estar en la columna adyacente cuando se cruzan datos y se habla de agravio en la cámara autonómica.

En este sentido, Forés ha afeado que desde 2021 a 2025, la provincia de Valencia, pese a ser la tercera con más población, es la séptima en la que más examinadores han sido autorizados, con 9, dato que baja en Alicante, cuarta con más habitantes, que se sitúa en la posición decimocuarta, con 7. Claro que ha evitado entrar en que Castellón, 26ª más poblada, es la quinta, con 10 examinadores nuevos habilitados en este plazo, sin especificar los que ya había antes.

Críticas a Bernabé

Las comparativas, no obstante, van más allá y Forés incide en que mientras Valencia, con 2,7 millones de habitantes ha recibido 9 examinadores; Girona, con 830.000 personas, tiene autorizados 16 nuevos en el periodo 2021-2025. Esto significaría que hay un nuevo examinador cada 300.000 personas en la provincia de Valencia, una cifra que es seis veces inferior en el caso de Girona con un nuevo puesto habilitado en los últimos cuatro años cada 51.000 personas.

Ese dedo en la herida del agravio no cesa solo en Girona. Barcelona, que lidera el ránking en números absolutos, tuvo un nuevo examinador por cada 100.000 personas; Lleida uno nuevo por cada 53.750; Guipúzcoa ha sido uno por cada 48.800 y Vizcaya uno cada 146.000 habitantes. Alicante, por su parte, cuenta con una cifra similar a Valencia, uno nuevo cada 290.000 personas, mientras Castellón sí se encuentra en 'privilegiadas' con un examinador extra en los últimos cuatro años cada 62.700 personas.

"Queremos tener el mismo trato que el resto de españoles", ha expresado Forés. Esa exigencia se plasmará en un futuro debate en las Corts de esta Proposición No de Ley presentada por el PP que al síndic de la formación le ha servido no solo para criticar al ministro Fernando Grande-Marlaska por llevar a cabo una mala gestión sino también contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de esconderse y no reunirse con el sector.

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