Antifraude abre expediente sancionador al alcalde de Almussafes y exige devolverle el empleo a la denunciante de acoso

La Agencia Valenciana Antifraude emitió el lunes una resolución en la que abre expediente sancionador al alcalde de Almussafes y a los responsables de la empresa pública municipal EMPSA, en la que trabajaba y de la que ha sido despedida la mujer que denunció por acoso laboral y sexual al alcalde, Toni González.

La AVAF, dependiente del Consell y cuya ley y dirección fue cambiada por el PP y Vox al poco de llegar, echa paradójicamente un capotazo a la dirección del PSPV, que acaba de expulsar al alcalde por su comportamiento tras la denuncia. La Agencia señala “un patrón de represalias continuadas” y hostigamiento a la denunciante. “No estamos ante un hecho aislado”, resume el expediente, que dibuja una secuencia. Primero, la trabajadora denuncia irregularidades y obtiene protección de la Agencia ante el riesgo de represalias. Luego, no se neutraliza el contexto hostil contra ella y sigue el descrédito. La Agencia pidió que cesen los “actos lesivos”, pero la escalada de acoso continuó hasta el despido, relata la Agencia.

Antifraude ha alcanzado esta resolución tras la denuncia presentada por la denunciante el pasado 5 de julio por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa pública municipal de Almussafes (EMPSA). Semanas después, en agosto, la agencia concedió a la trabajadora "estatuto de protección", por riesgo de represalias laborales y en su imagen profesional y laboral.

Para la Agencia, el despido habría sido una venganza que, además, se sostiene en un relato falso. La presunta revelación de datos privados que argumentó la empresa pública por distribuir documentos internos estaría injustificado ya que, señala Antifraude, “el documento ya estaba publicado por la propia empresa en su web antes del reenvío”.

Además, en diciembre, Antifraude requirió a la empresa pública ya el 22 de diciembre para que "se abstuviera" de cualquier acto que violase el estatuto de protección, advirtiendo de un prcedimiento sancionador "en caso de persistencia", un expediente que finalmente se ha puesto en marcha. Pese a la advertencia, la empresa abrió expediente disciplinario a la denunciante y finalmente fue despedida.

La responsablidad de González, pendiente de concreción

Sobre todos estos hechos, Antifraude ha acordado iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave contra la empresa municipal, los miembros del consejo de administraciones que votaron el despido y contra el propio alcalde, Toni González, como “presunto responsable provisional”, pendiente de concreción. Y es que la Agencia vincula también a la alcaldía en la operación de “hostigamiento dirigido a castigar a la trabajadora”. Entre los investigados está también otro cargo socialista, el gerente y consejero delegado de la firma municipal, que fue candidato en Canals (La Costera).

Como medidas provisionales, Antifraude acuerda requerir la suspensión del acuerdo de despido disciplinario acordado el 13 de febrero, y la reposición en su puesto de trabajo de la trabajadora. También se acuerda “requerir a Empsa y al ayuntamiento de Almussafes para que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo” de la persona protegida mientras se instruye este expediente sancionador.

Ahora, dentro de las nuevas pesquisas, AVAF va a requerir entre otras pruebas, conocer la posición institucional del alcalde respecto a la empresa pública. González siempre se ha desvinculado de las decisiones de la empresa, en cuyo organigrama no aparece. Antifraude se remite a la documentación remitada por Empsa, donde se incluyen en la documentación al expediente que se abrió a la empleada, que "todos los actos de instrucción se realizarán por la misma persona, hasta la propuesta de resolución que se elevará a esta Alcadía". Para Antifraude, esto vincula al alcalde a la "secuencia de hostigamiento", y por eso incluye a Toni González entre los posibles responsables.

Así las cosas, la resolución señala como responsables al gerente, la empresa pública de Almussafes como persona jurídica, los miembros del consejo de administración que votaron a favor del despido y al alcalde, como "presunto responsable municipal". Antifraude recuerda que entre las posibles sanciones de una infracción muy grave como la que tipifica, podrían imponerse multas de 30.001 euros a 300.000 euros a las personas físicas, y de 600.001 euros a 1.000.000 euros a la empresa.

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