El PP cede ante Vox y añade más trabas a las personas migrantes para la Renta Valenciana de Inclusión

El Consell salva su reforma de la Renta Valenciana de Inclusión, la prestación impulsada por el Botànic en 2016. Y lo hace gracias al apoyo de Vox con un pacto 'in extremis', con el registro de varias enmiendas 20 minutos antes de que empezase el debate en las Corts. Hasta nueve modificaciones han acordado a última hora con cambios que, en líneas generales, añade dificultades para el acceso y mantenimiento de esta ayuda, especialmente a las personas migrantes, e incluso la posibilidad de dejar fuera a las mujeres que porten velo islámico.

Cosas del calendario, la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión se había erigido en un examen que midiera la alianza entre PP y Vox. No en vano, las enmiendas se presentaron en plenas negociaciones para investir a Juanfran Pérez Llorca, en noviembre. De hecho, pese al trámite de urgencia con el que se ha impulsado esta ley, el debate sobre sus modificaciones se había venido alargando. Cuatro meses después, los socios parlamentarios han soportado el test de resistencia, aunque de nuevo con el Consell cediendo a las principales exigencias de los de Santiago Abascal.

Una de las más polémicas era la planteada para que fuera obligatorio a la hora de mantener la ayuda que se implementara "un itinerario de inclusión" que llevaba, entre otras cuestiones, "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres", una referencia difusa pero que podría abrir la puerta a dejar fuera a las mujeres que porten hiyab, el pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello y cuyo uso es criticado por la formación voxista.

Choque de interpretaciones

La petición de los voxistas ha sufrido cambios en la negociación con el PP como modificar la referencia a que este itinerario de inclusión se hiciera "atendiendo a la costumbre del país" por hacerlo con respeto a "los valores democráticos y constitucionales", no obstante, la cita sobre el punto que podría afectar al burka se mantiene. Ahí llega el choque de interpretaciones y mientras los populares niegan que esto suponga nada sobre esta cuestión de la indumentaria islámica (sino apuntan, por ejemplo, a los casos de ablación), los voxistas presumen de ello.

De hecho, la portavoz del partido en este área, Miriam Turiel, ha vinculado los cambios en esta ayuda con su propuesta de ley en el Congreso para prohibir el burka en espacios públicos. Su intervención ha insistido en esa línea, cargando contra el "efecto llamada", el "reemplazo cultural" y remarcando el "arraigo cultural porque lo primero es ayudar a los nuestros". Y un aviso: "Lucharemos para llevarlo a la práctica", es decir, que la exigencia no se quedará solo en plasmarlo en el papel de la ley, que deja la actuación final a los trabajadores sociales y a un futuro reglamento.

Ese cambio no es el único en el que el discurso xenófobo de los voxistas se ha colado en la reforma de esta ayuda. Otra modificación importante que añade trabas para las personas migrantes es la obligación de que para optar a la Renta Valenciana de Inclusión se exige que se esté empadronado en algún municipio valenciano "quince meses de manera continuada" antes de la solicitud. Estos quince meses son una reclamación mayor que la que había reclamado inicialmente en su enmienda Vox, donde había señalado que fueran 12 meses.

El sello de la formación de Santiago Abascal ha ido más allá de lo relacionado con las personas extranjeras. Además de lograr la eliminación de cualquier referencia a la violencia de género o machista, dejando sus menciones a "intrafamiliar", o limitar a 6 años el máximo de tiempo para percibirla, la mayor impronta de los voxistas ha sido forzar al PP a depender exclusivamente de ellos, lo que ha provocado el descarrilamiento de las negociaciones que la propia Conselleria de Servicios Sociales había llevado a cabo con PSPV y Compromís para aprobarle algunas de sus propuestas.

"Es una ley racista"

Es más, la diputada socialista, Silvia Gómez, ha desvelado que habían acordado con el director general de Inclusión, Pedro Carceller, varias modificaciones, entre ellas, garantizar que esta ayuda tendría créditos ampliables (algo que el PP incorporó por otra vía), pero que el lunes por la noche, a la 1 de la madrugada, horas antes de la votación, le llamó para decir que cualquier pacto se caía. El episodio ha servido de inicio de reproches de socialistas y valencianistas contra el PP por estar "a las órdenes de la extrema derecha".

"Vox no gobierna, Vox manda; le han comprado el discurso de Vox", ha afeado Gómez. "Han dejado esta ley en manos de Vox, han hecho una ley racista, que carga contra la gente pobre y vendida a la ultraderecha", ha añadido el diputado de Compromís, Francesc Roig, quien ha agradecido las llamadas de Carceller "que no han valido para nada". "Le invitaría a una reflexión si le vale la pena seguir con todo esto", ha indicado con el director general en última fila presenciando el debate. Socialistas y valencianistas han visto cómo una y dos de sus enmiendas han sido aprobadas.

Por su parte, el PP ha celebrado la aprobación de las enmiendas y haber dejado lista la ley a falta de su último voto en el pleno. "Son mejoras técnicas, no ideológicas", ha señalado su portavoz, Elena Bastidas, quien ha insistido en que con estas modificaciones se logra una prestación "social, equitativa e integradora". Bastidas también ha destacado que entre los cambios planteados por su formación está la prohibición de acceder estas ayudas a quien tenga una sentencia en contra por okupación de vivienda.

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