CC OO y UGT se oponen al decreto de selección de sanidad por "introducir retrocesos y precarizar la carrera profesional"

CCOO y UGT han votado en contra del nuevo decreto de selección y provisión del personal sanitario al considerar que "introduce retrocesos y empeora visiblemente las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sistema". Por su parte, CSIF se ha abstenido y ha pedido a la conselleria "más avances" en la normativa.

Al respecto, UGT, en un comunicado, ha señalado que la norma, que ha salido adelante este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad, "facilita la movilidad forzosa y también ahonda en la arbitrariedad en la selección y provisión de puestos".

Además, ha criticado que la nueva regulación "desliga los concursos de traslados de las Ofertas de Empleo Público y, además, lo hace sin la obligación de ofertar todas las plazas, lo que puede perjudicar las aspiraciones del personal con plaza que no tendrá prioridad a la hora de elegir determinados destinos".

Del mismo modo, ha señalado que "instaura la movilidad forzosa dentro de las ASI (antes limitada a departamentos), de manera que podrá conllevar desplazamientos de decenas de kilómetros para los sanitarios y las sanitarias".

Asimismo, ha apuntado que las adaptaciones de puesto de trabajo se abren al ámbito de las ASI, con el consiguiente "perjuicio" para el personal con problemas de salud. Por otro lado, ha apuntado que "la eliminación del límite temporal de las comisiones de servicio abre la puerta a eternizar a las y los profesionales en determinados puestos y expone a la plantilla a situaciones de favoritismo".

"Un riesgo -ha advertido- que se extiende a las jefaturas de servicio, que pierden la obligación de dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su puesto con trabajos en la privada, y sobre las que el nuevo decreto plantea la posibilidad de prórrogas sucesivas cada cuatro años".

Además, ha indicado que las gerencias se abren a personal ajeno a la Administración, lo que para el sindicato "genera dudas respecto a una gestión de los recursos basada en criterios y principios públicos". Por todo ello, UGT ha exigido "la retirada de este proyecto y la apertura de una negociación real que mejore la estabilidad, la transparencia y los derechos laborales, y no su recorte".

De igual modo, la secretaria general de CCOO, Yolanda Ferrández, ha explicado que han votado en contra por "consideramos que la Administración ha utilizado una estrategia de negociación basada en aparentes concesiones". "El borrador inicial eliminaba derechos ya consolidados desde 2017 y, aunque posteriormente se reincorporaron algunos aspectos como el acto único o la movilidad interna, esto solo ha supuesto recuperar derechos previos y no un avance real", ha puntualizado.

En ese sentido, ha señalado que la Administración "intenta presentar como logros cambios que simplemente mantienen la situación anterior, mientras que el decreto final introduce retrocesos como eliminar la obligación de ofrecer todas las plazas vacantes en los concursos de traslados". Por ello, ha afirmado que el texto final "reduce garantías para el personal puesto que tampoco delimita baremos o criterios de cese".

Además, ha criticado "la falta de medios telemáticos para agilizar las baremaciones y la ausencia de una orden de baremos aún no negociada, lo que podría ralentizar los procesos de selección y alargar las tomas de posesión".

Falta de mejoras

Por su parte, CSIF se ha abstenido porque aunque ha valorado el trabajo de la Administración en la negociación de esta normativa; ha lamentado que "no mejora el punto de partida del decreto de 2017 y no propicia una mejora en la regulación de plazas que optimice su labor".

En este sentido alude a "avances en aspectos de movilidad interna o la introducción del acto único para quienes se incorporan tras procesos selectivos o concursos de traslados". Por esa progresión, ha justificado que no iba a votar en contra.

Pero ha apuntado que "tampoco puede votar a favor, ya que el nuevo decreto no mejora de forma clara el equilibrio y las garantías que ofrece el Decreto 192/2017 en aspectos importantes de la regulación del empleo sanitario".

En esta línea, ha indicado que el nuevo decreto "deja abiertas cuestiones que dependerán en gran medida de su desarrollo posterior y de su aplicación práctica en centros o departamentos, lo que puede conllevar interpretaciones distintas o situaciones de inseguridad al aplicarlo".

Por ello, ha propuesto "abordar, con cautela, soluciones para categorías con dificultades de cobertura" y ha planteado "la necesidad de avanzar hacia concursos abiertos y permanentes, que permitan una movilidad más ágil y continua del personal". "Aunque el actual decreto introduce mejoras en ese aspecto, resultan insuficientes", ha señalado.

El sindicato, que ha reconocido "el trabajo realizado por la Administración y las dificultades con las que se encuentra para gestionar algunos procesos con la agilidad necesaria", ha hecho hincapié en que "el verdadero salto vendrá cuando dispongamos de herramientas informáticas y sistemas de gestión capaces de valorar méritos y tramitar estos procesos con rapidez y seguridad".

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