Desahucios sin escudo social: Los fondos buitre dejan en la calle a más de 30 familias en València

María Victoria Pedrajas compró su vivienda y pagaba su hipoteca hasta que llegó la crisis económica de 2008 y perdió su trabajo. En 2012 consiguió un alquiler social con el banco que, sin embargo, vendió esa misma casa a un fondo buitre 2019. Y la vendió con la familia de María Victoria y con su hija pequeña, dentro. La mujer siguió pagando rigurosamente el alquiler hasta que el fondo buitre eliminó esa cuenta para evitar el pago. Ella ha seguido guardando y depositando ese dinero en otra cuenta para "demostrar" que el fondo buitre "fuerza" de esta forma los impagos, y gracias al escudo social ha conseguido demorar el desalojo.

El caso de esta mujer es el de 30 familias que se han acercado esta mañana a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre para presentar escritos dirigidos a la Conselleria de Vivienda, al ayuntamiento, a las Oficinas de Vivienda, a la Unidad de Ayuda ante el Desahucio y ante los Juzgados proponiendo tres medidas que defiende la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH): la intermediación que marca la ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda; la cesión de uso de las viviendas de grandes tenedores por acuerdo del Consell (art. 13 del Decreto Ley 3/2023), y la puesta en práctica del programa LlogAD de la PAH "que impediría muchos desahucios de grandes y pequeños propietarios" y que se aplica en otras comunidades autónomas.

"Este no es un problema que solo afecta a familias vulnerables. Las familias trabajadoras ya se enfrentan a desahucios debido al fin de los contratos de alquiler porque los grandes tenedores, y también algunos pequeños, se niegan a renovar el alquiler y expulsan a las familias de sus hogares para especular con la vivienda. Basta ya de partidismo político en este tema. Necesitamos una voluntad política firme para que las instituciones dejen de ser sujetos pasivos y utilicen las herramientas legales que ya existen para garantizar el derecho a la vivienda", ha asegurado el portavoz de la PAH, José Luis González Meseguer. Y como ejemplo ha afirmado que el Consell "puede declarar una vivienda de utilidad pública y exigir al fondo buitre la cesión obligatoria y temporal", lo que evitaría desahucios, al igual que el programa LlogAd. "Consiste en que la Administración sea quien firme los contratos de alquiler con los fondos buitre porque ya nos han dicho que solo negociarían con la Administración. Luego, las familias se subrogarían a estos contratos".

Y mientras la PAH propone soluciones que se quedan en un cajón las familias son desahuciadas. "Llamaron a mi puerta una mañana y me dieron 20 minutos para recoger mis cosas. Todo delante de mis hijas de 10 y 4 años. A nadie le importó que esas niñas se quedaran en la calle. Mis padres nos recogieron y ahora vivimos 8 personas en 50 metros cuadrados. Mi casa y diez casas más, las compró un gran tenedor que ahora la ha alquilado por 900 euros. No quieren las casas para vivir, las quieren para especular", explica una de las afectadas.

Fechas en el calendario

Para el próximo 24 y 25 de marzo hay dos desahucios previstos de Luisa y Teresa, que también han presentado escritos esta mañana solicitando a la Administración que medie en sus procedimientos. "Por la crisis de la burbuja inmobiliaria perdí mi casa y firmé un alquiler social. Mi casa ha pasado de fondo buitre a fondo buitre y solo quieren que me vaya. No quieren negociar. Yo puedo pagar un alquiler razonable pero solo quieren que me vaya. He mirado alquileres fuera de València ciudad y está todo imposible", explican quienes tienen vidas diferentes con un hilo común: una hipoteca que no pudieron pagar por la crisis de 2008, un alquiler social que ya ha caducado, una vivienda que es propiedad de un fondo buitre desde hace años y un proceso de desahucio en marcha que, sin escudo social, las condena a la miseria.

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