El Consell se aferra al déficit tumbado por el PP en el Congreso para cuadrar la deuda de 2026

El 27 de noviembre los votos de PP, Vox, Junts y UPN (Unión del Pueblo Navarro) propinaron en el Congreso un duro golpe parlamentario al Gobierno tumbando los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, cada vez más improbables. Cien días después y pese a ese rechazo, Juanfran Pérez Llorca se ha acogido a ese objetivo de déficit tumbado para cuadrar su deuda nueva para este año.

El pleno del Consell aprobó el pasado viernes la autorización para crear 269 millones de deuda en 2026. Así consta en el decreto firmado por la Conselleria de Hacienda y publicado este miércoles en el DOGV, un límite marcado por la prórroga presupuestaria de las actuales cuentas. Es decir, esos 269 millones será el máximo que la Generalitat podrá tirar de deuda nueva para hacer frente a sus pagos siempre que no apruebe nuevos presupuestos, una cuantía que, sin embargo, no incluye la refinanciación de deuda antigua vía FLA o la que se podría dedicar para cubrir cuestiones de la dana.

Lo más llamativo de estos 269 millones es su desglose. Según explica la propia Generalitat, estos 269 millones se basan en 91,2 millones de las liquidaciones negativas con el Estado pendientes de 2008 y 2009, 15,2 millones para atender a los vencimientos de deuda de Ferrocarrils de la Generalitat (la empresa pública que gestiona Metrovalencia y el Tram d'Alacant) y 163,3 millones del objetivo de déficit del 0,1 % común a todas las comunidades autónomas.

La cuestión es que ese 0,1 % fue rechazado en el Congreso, una votación en la que votó en contra el propio PP de Alberto Núñez Feijóo pese a la advertencia de que su rechazo supondría una reducción en la capacidad de gasto para las autonomías. Pese a ello, Llorca y su Consell se han acogido a este margen de déficit para poder cuadrar sus cuentas de cara a 2026, al menos, mientras no haya un nuevo presupuesto aprobado.

Sin presupuestos

Sobre estos, hay intención por parte del Ejecutivo autonómico de sacarlos adelante con Vox, tal y como ha manifestado el propio responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Sin embargo, las negociaciones se mantienen más bien bajo la superficie, condicionadas por un calendario electoral endiablado desde el pasado diciembre con la concatenación de elecciones autonómicas desde entonces: primero en Extremadura, luego Aragón y este fin de semana en Castilla y León. Su paso podría aventurar un cambio de tercio en estas conversaciones.

Estos 269 millones de deuda nueva autorizada para 2026 contrastan con los más de 4.000 que se vieron incorporados en los presupuestos de 2025, entre los que estaban los 2.400 millones de la capa dana autorizados por el Gobierno central. El cambio más llamativo es el cálculo del déficit, el descuadre entre ingresos y gastos, que superaba el 3 % yéndose hasta los 1.700 millones y ahora se queda en el 0,1 %.

Esta palanca se da en un momento en el que hay comunidades cuyos problemas financieros está en poder utilizar el superávit, una cuestión ante la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado cualquier cambio en la regla de gasto público. "Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando", ha argumentado ante una petición que llega desde Canarias.

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