La culpa es del ecologista

Como otras veces, les voy a contar cosas aparentemente locales que tienen su traslación a lo general. Es habitual culpabilizar al ecologismo de paralizar todo tipo de iniciativas de desarrollo y echar la culpa de todo al dogmatismo climático y a la Agenda 20/30, sea eso lo que quiera que sea o lo que entienden algunos. Sin que se puedan ocultar casos en los que el ecologismo se equivoque, que los hay, yo encuentro más aciertos que errores. Les cuento una secuencia habitual en mi localidad. La iniciativa pública o privada, o un mix misterioso de las dos, propone ejecutar una obra, el grupo ecologista argumenta en contra y lo denuncia a la justicia por incumplimiento de la legalidad vigente y advirtiendo de las nefastas consecuencias de desarrollar el proyecto. El proyecto sigue adelante porque todos sabemos que la justicia es lenta y no aplica muchas veces medidas cautelares. Años después la justicia da la razón al grupo ecologista y obliga a la administración a restituir la zona afectada por el proyecto. En otros casos, un polígono industrial proyectado en una zona que se desliza hacia el rio, es la naturaleza más que la justicia la que da la razón al grupo ecologista y los accesos y las fábricas sufren derrumbes y graves pérdidas, fruto de lluvias persistentes y, sobre todo, por estar ubicadas en un lugar inapropiado. Algo que también podría decirse para las zonas afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024. En muchos casos, el coste de la reparación del daño es costeado por todos los habitantes del municipio afectado, los que estaban de acuerdo y los que no, y los responsables políticos del disparate no solo no asumen su parte de culpa, sino que echan la culpa del dispendio al grupo ecologista que denunció antes de que se ejecutara el proyecto y, lo que es peor, una buena parte de la población les compra el discurso.

Con todos estos precedentes he podido participar en el último mes en dos mesas redondas que han tenido como protagonista el desarrollo de suelo industrial en un municipio montañoso que solo tiene dos superficies relativamente planas, pero con graves limitaciones ambientales, no solo por su entorno natural, sino por constituirse como las zonas de aprovisionamiento del agua potable en un acuífero que da de beber al 80% de 60.000 habitantes. En esas mesas redondas una clase empresarial obsesionada con un suelo industrial indígena, que no quiere ni confía en los polígonos de los municipios vecinos ni en la posibilidad de mancomunarlos, ha aportado argumentos siempre apocalípticos, como en los últimos treinta años, insistiendo en que el desastre vendrá si no se desarrolla ese polígono industrial. Los que podemos entender esa inquietud, pero creemos que el riesgo a correr por la instalación de ese polígono sobre un acuífero no vale la pena, intentamos argumentar con que el daño sería irreversible y no se podría recuperar con todo el dinero del mundo, como los proyectos erróneos anteriormente citados. Por otro lado, si durante más de treinta años se ha intentado desarrollar ese proyecto por parte de un grupo de empresarios, apoyado por una buena parte de la clase política, y los informes y denuncias lo han frenado por algo será, ¡digo yo!, y no creo que por el “enorme” poder político de un grupo de ciudadanos que solo quieren el bien para su pueblo y los que lo habitan.