Los partes de baja de Muface permiten a la administración acceder a datos médicos del profesorado

Los partes de baja médica de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) permiten a la administración acceder a datos médicos del profesorado como el diagnóstico o el código de la patología, datos que deben restringirse al ámbito sanitario. Así lo denuncian desde UGT Serveis Públics del País Valencià, que considera “inaceptable” que las copias de los partes que llegan a la Administración educativa o a las direcciones de los centros incluyan esa información clínica sensible.

“Esta práctica supone una vulneración grave del derecho fundamental a la intimidad del profesorado. Los datos de salud forman parte de las categorías especialmente protegidas según la normativa vigente y solo pueden ser tratados en el ámbito estrictamente sanitario”, apuntan desde el sindicato. No descartan adoptar medidas legales.

Se incumple la "protección reforzada"

Desde UGT recuerdan que el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales y el artículo 18 de la Constitución “establecen claramente que los datos médicos deben gozar de una protección reforzada”. Sin embargo, dicen, el profesorado continúa viendo cómo su información sanitaria circula de manera injustificada fuera del ámbito médico.

Consideran, además, que esta práctica discrimina al profesorado respecto a otros colectivos laborales, donde los partes destinados a la empresa o a la administración no incluyen ningún diagnóstico ni dato clínico. “El profesorado no puede seguir siendo un colectivo al que se le exija exponer su salud para poder justificar una baja laboral”, denuncian. Sobre todo, añaden, dado que la mutualidad es un organismo público que gestiona el régimen especial de seguridad social de los funcionarios civiles del Estado, incluido el grueso del profesorado no universitario. “Su función principal es prestar asistencia sanitaria y prestaciones sociales”, destacan.

No descartan acudir a la vía legal

El sindicato recuerda que la Administración no necesita conocer la enfermedad de una persona para gestionar una incapacidad temporal. Su función, reclaman, debería limitarse a comprobar la existencia de la baja, sin acceder a información médica que forma parte de la vida privada del personal docente. Por ello, el sindicato exige a la Conselleria de Educación y a Muface la modificación inmediata del modelo de partes de baja y que se elimine cualquier referencia al diagnóstico o al código de patología en las copias destinadas a la Conselleria.

Además, exige la garantía “real y efectiva” de la confidencialidad de los datos de salud del profesorado y la adaptación urgente de los procedimientos administrativos a la normativa de protección de datos vigente. El sindicato advierte de que, si esta situación no se resuelve, estudiará todas las vías legales y administrativas, incluidas reclamaciones ante las autoridades de protección de datos, “para defender los derechos del profesorado”. “La salud del profesorado no es información administrativa. Es información privada. Y su protección no es opcional: es una obligación legal”, concluyen

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