Los ayuntamientos 'salvan' las oficinas de vivienda de la Generalitat ante su falta de presupuestos

La Generalitat afronta el tercer mes del año con los presupuestos prorrogados y sin visos de que vaya a haber unos nuevos al menos en el corto plazo. ¿Y qué pasa?, podría ser la pregunta. Pues nada a nivel general, más allá de lo que supone sobre la estabilidad, la fijación de objetivos claros e interpretaciones políticas varias. Pero siempre hay afecciones específicas, cuestiones puntuales que entorpecen la gestión y, por tanto, la vida de la ciudadanía. Y ahí un ejemplo es la red de oficinas Xaloc.

Creadas en 2021, Xaloc es, según la información de la propia web, "una red de organismos colaboradores de la Generalitat para ofrecer a todas las personas de la Comunitat Valenciana un servicio integral de gestión, información, mediación social y asesoramiento en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana". O dicho de otra manera: es un sitio al que acudir para recibir asistencia a la hora de enfrentarse a la burocracia de todo lo relacionado con la vivienda y sus ayudas vinculadas.

Sin embargo, pese a que la materia está en lo más alto de la clasificación de preocupaciones, esta red de 22 oficinas (7 de carácter comarcal y 15 local) se encuentra en el alambre. El motivo: la falta de unos nuevos presupuestos de la Generalitat para 2026 que habilite los fondos para pagar los costes de su actividad. La cuestión está en que en una prórroga presupuestaria no se amplían las líneas nominativas, circunstancia en la que se encuentran los casi 3 millones que la Generalitat destina a estas oficinas que gestionan, de manera indirecta, ayuntamientos y mancomunidades a través de un convenio.

Ese convenio es el que está pendiente de renovación, tal y como admitió la Generalitat en una carta a las instituciones locales afectadas. Lo hizo el 30 de diciembre, donde el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, señaló que en los presupuestos para 2026 "se ha previsto la inclusión de la línea nominativa que subvenciona esta colaboración", pero que sin convenio no había pago posible. La conselleria, añadía, está "trabajando en la determinación del mecanismo presupuestario" para su impulso, algo que actualizan fuentes de la Vicepresidencia primera en que ese convenio se renovará, pero que todavía se estaba pendiente de algunos trámites.

Esa circunstancia se está notando en las oficinas con un impacto dispar, desde las que han tenido que cerrar la persiana y frenar su actividad hasta las que han sido rescatadas por los ayuntamientos. Según ha podido saber este periódico, hasta cuatro de estos locales de asistencia están inactivos ante la falta de presupuesto. Son los de Ontinyent, de carácter municipal, y los comarcales de la Safor, con sede en Gandia; el Alto Palancia, en Soneja, y la de l'Alcoià i el Comtat, en Alcoi.

Variabilidad de casos

La problemática es variada, desde las entidades que no tienen los fondos suficientes para garantizar el funcionamiento, críticas de deudas de convenios pasados (la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comptat ha denunciado 55.000 euros de impagos de 2025) o que al no contar con el convenio como "cobertura presupuestaria" hay interventores locales que no autorizan el gasto, por mucho que en un futuro se vaya a reintegrar por parte de la Generalitat. También está el problema de que los trabajadores son contratos temporales que ante la incertidumbre acaban decayendo o incluso marchándose, como le ha ocurrido a Ontinyent.

Otros ayuntamientos, sin embargo, sí que han salvado su funcionamiento, de momento, asumiendo directamente los costes. Son los casos de, por ejemplo, Morella, Sagunt, Vall d'Uixò, Torrent, Picanya, Dénia o Elda. La variabilidad es relativamente amplia aunque en todos los casos coinciden en que están a la espera de firmar el convenio porque existe el "compromiso" de la Generalitat de que se renueve, aunque de momento están a la espera de que haya una orden al respecto que desbloquee esta cuestión.

Así, por ejemplo, fuentes del Ayuntamiento de Elda critican la "ineficiencia" de la Generalitat y sus "retrasos" y aseguran que han creado de manera estructural dos puestos de trabajo "para depender menos de València". En Morella, se aferran a ese "compromiso" del Consell para que se puedan sufragar todos los gastos de 2026, incluidos los de los primeros tres meses sin pagar, mientras que distinto caso es el de Dénia donde el Servei d'Habitatge municipal es independiente y los dos trabajadores son funcionarios de carrera del consistorio por lo que no dependen tanto de la subvención.

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