El Consell inicia las negociaciones con el Gobierno para el traspaso de competencias en la gestión del litoral

La negociación entre Consell y Gobierno sobre la ley de la Costa valenciana, que impulsó el anterior gobierno de Carlos Mazón, se mueve. La Conselleria de Medio Ambiente ha mantenido una reunión con el Gobierno para avanzar en la transferencia de competencias a la Generalitat, que no incluirían con todo la parte más polémica, la que afecta a los deslindes, una competencia estatal. La vía de la negociación avanza así mientras sigue pendiente el recurso del Gobierno ante el Constitucional centrado en la figura de la normativa valenciana que afectaría y podría revocar los deslindes que afectan a construcciones, estos es, viviendas, hoteles o establecimientos de hostelería, situados en dominio público marítimo-terrestre.

Como ha informado Levante-EMV, la ley de la Costa aprobada por PP y Vox se reserva la posibildiad de proteger determinados "conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales" bajo la declaración de "núcleos urbanos con especiales valores etnológicos", lo que impediría cualquier actuación que conllevara derribos si "supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico". Una prerrogativa que el Estado que considera una intromisión en sus competencias, de ahí el recurso en el Constitucional.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reivindicado este viernes que la ley valenciana de costas “es una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral” y ha asegurado que la Generalitat la va “a defender hasta el final ante el Constitucional”, al tiempo que ha subrayado que “no hace falta un nuevo reglamento, sino una nueva ley más realista y adaptada a la situación actual de nuestra costa”.

Durante una comparecencia en la playa de la Malvarrosa para presentar las actuaciones que está realizando la Generalitat en esta materia, Martínez Mus ha defendido el papel de la Comunitat Valenciana en el desarrollo de un marco normativo propio, al tiempo que ha insistido en la necesidad de reformar la legislación estatal para dar respuesta a los problemas reales del litoral.

El vicepresidente también ha subrayado que la prioridad del Consell “es desarrollar las competencias que marca la ley aprobada el año pasado en Les Corts, tal y como han hecho el resto de las comunidades autónomas”. De esta forma, ha defendido el procedimiento que contempla la ley valenciana para hacer frente a los deslindes y que ahora es el único punto de fricción entre Generalitat y el Gobierno tras haber llegado a acuerdos en el resto de los artículos.

En este sentido, ha confirmado que el Ejecutivo central ya ha remitido, nueve meses después, un primer borrador para abordar este traspaso, que permitirá avanzar hacia la gestión directa del litoral por parte de la administración autonómica.

El vicepresidente ha puesto en valor que los ayuntamientos han recibido con los brazos abiertos esta normativa y ha pedido al Gobierno central que promueva una normativa similar que se adapte a la realidad de cada territorio e impulse “proyectos de regeneración que llevan 10 años atascados”. “No queremos un nuevo reglamento de costas y lo vamos a combatir ya que lo que es necesario es una ley de costas”, ha sentenciado Martínez Mus.

Desde la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos también se busca participar en las modificaciones de las diferentes normativas estatales que está llevando a cabo el Gobierno central”. Así, ha explicado que la Generalitat, junto a otras comunidades autónomas, ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula el informe de compatibilidad con las estrategias marinas, actualmente en trámite de información pública.

Con estas alegaciones el objetivo es introducir mejoras en la regulación y garantizar el respeto al marco competencial y a los principios de seguridad jurídica y buena administración. Entre las principales observaciones, ha señalado que “no está justificado duplicar el plazo de días hábiles para la emisión del informe de compatibilidad, lo que puede resultar contrario a los principios de eficacia y agilidad”, así como que “atribuir carácter desfavorable a la falta de emisión del informe puede generar inseguridad jurídica”.

Asimismo, se defiende que el informe de compatibilidad de las estrategias marinas debe funcionar como un instrumento de colaboración entre administraciones” y que la protección del medio marino “debe respetar el reparto constitucional de competencias y reforzar los mecanismos de cooperación institucional.

El pasado mes de mayo, Les Corts aprobaron la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, la primera norma autonómica de este rango que establece protecciones significativas para el litoral. Entre ellas, destaca la protección de las viviendas frente a los deslindes, un aspecto clave para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La ley también pone el foco en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando mecanismos específicos para su protección. Asimismo, complementa la normativa estatal y se basa en los principios de protección, mejora ambiental y reordenación urbanística.

Además, la norma plantea la reformulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral. Esto permitirá definir con mayor claridad los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área, aportando mayor seguridad jurídica. El desarrollo reglamentario será el encargado de clasificar y catalogar cada zona. Por último, la ley refuerza la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad, con especial atención a espacios como las zonas de marjal y la posidonia, con el objetivo de evitar actuaciones que puedan dañarlos.

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