El Gobierno desliga la reforma de la financiación del retraso de los presupuestos y confía en atraer al PP

La reforma de la financiación autonómica se ha puesto a cubierto del seísmo de la guerra de Irán. No es que la propuesta del Ministerio de Hacienda esté blindada a todo y vaya a salir adelante, cuestión para nada garantizada porque su situación sigue pendiendo del hilo de las siempre delicadas mayorías que tiene el Gobierno de España en el Congreso; pero de momento el impacto que ha supuesto el conflicto en Oriente Medio, y a diferencia de lo previsto con los Presupuestos Generales del Estado para 2026, no trastocará la hoja de ruta para el cambio del modelo de reparto.

Fuentes del departamento encargado de diseñar y pilotar las negociaciones para la reforma del sistema han desligado su tramitación del destino de las cuentas anuales. Así, minutos después de que María Jesús Montero, vicepresidenta y titular de Hacienda, admitiera que la presentación de los presupuestos (de los que tampoco se sabía mucho) se va a retrasar "unas semanas", yendo más alla de marzo, a la espera de ver las consecuencias de la escalada bélica en Irán, su equipo separaba esta demora del trayecto que ha de llevar a cabo el cambio de la financiación autonómica.

"Va por otro lado, no tiene relación", explican fuentes del Ministerio de Hacienda. En realidad, son dos proyectos legislativos totalmente distintos, sin vinculación ni siquiera presupuestaria ya que la reforma de la financiación tendría impacto en las cuentas de 2027, pero los presupuestos que el Gobierno se comprometió a sacar adelante (y que ya irían con un retraso importante) son los de 2026. Ambas cuestiones requieren de alianzas parlamentarias, pero mientras los PGE podrían variar sus cifras según la guerra, la financiación autonómica no se verá trastocada por el frente iraní.

Es lo que tiene pasarse más de diez años en un cajón caducado, casi olvidado, que cuando se sale es para algo, aunque de momento haya causado más alergias que alegrías en los gobiernos autonómicos. De hecho, en los dos meses que han pasado desde que Montero presentó la reforma del modelo, centrando el debate político durante las siguientes semanas, apenas se han conocido avances y parece que la sucesión de elecciones en Aragón y Castilla y León o la propia actualidad vinculada con la situación exterior y su impacto doméstico han devorado el asunto.

Al Congreso, en julio

Sin embargo, lejos de esa sensación, el departamento que encabeza Montero remarca que la voluntad es que la reforma del sistema se apruebe este año. Es más, añaden que el objetivo es que la ley sobre la que se apoya esta modificación del modelo entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones, en julio. Esto provocará que quien culmine la reforma (si se cumplen los plazos que hoy maneja Hacienda) no sea la actual ministra que deberá dejar el Gobierno en cuanto se convoquen las elecciones andaluzas, previstas para junio.

Antes de ello, el Gobierno central debería negociar con las autonomías (a lo que se comprometió la vicepresidenta y ministra) y plasmar los detalles que presentó en rueda de prensa en una ley que pase por el Consejo de Ministros. Ese primer paso de hablar con los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas para testar de manera pormenorizada su visión del cambio de modelo todavía está pendiente (pese a los citados dos meses transcurridos), aunque sí que añaden fuentes del ministerio que ha habido unos primeros contactos telefónicos, sin concretar plazos futuros.

Más millones

Convencer a las autonomías del PP (o generarles dudas) de los beneficios de esta reforma es uno de los retos que tiene Montero por delante antes de dejar la cartera, algo que no parece nada sencillo. Y eso que todas las comunidades que gobierna la formación conservadora verían incrementados sus recursos, como el caso de la Comunitat Valenciana, que recibiría cerca de 3.600 millones más y que hoy ocupa una de las posiciones de cola en los recursos per cápita.

Es en este punto donde enfatizó Montero su intervención este jueves. En la primera edición del evento 'Los desayunos' organizado por RTVE y EFE, la dirigente socialista trasladó optimismo en conseguir sacar adelante el cambio de modelo y se mostró convencida de que el PP acabará firmándolo. A ello, lamentó que hasta ahora la propuesta solo haya centrado el debate en "quién tiene un euro más, quién un euro menos" y destacó que el Gobierno central incorpora en su planteamiento 21.000 millones para sufragar los gastos de las autonomías en sanidad, educación o política social.

Pero ni por esas. Los 'populares' han actuado como un bloque granítico y se han opuesto al modelo planteado por el Gobierno central en su estrategia de no abrir ni medio resquicio de entendimiento con Sánchez. La financiación autonómica toca la médula espinal del discurso contra Sánchez y sus cesiones a Cataluña y Alberto Núñez Feijóo ha tratado de amarrar a sus barones al palo de la debilidad del Ejecutivo y los agravios territoriales para evitarles la tentación de sucumbir a los cantos de sirena de los millones extra. Así que por mucho que la financiación se haya librado de las consecuencias del frente iraní, no lo hace de su propia guerra.

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