El impuesto turístico más allá de las fallas: anatomía de un debate eterno

El cartel, rojo y rectangular, tenía impresas las letras AT. Son las siglas de “apartamento turístico”, y el cartel, el indicador de que el alojamiento está incluido en el censo oficial y que declara su actividad. Pero, con rotulador negro, alguien ha pintado una R mayúscula delante de las siglas: ahora se lee RAT (rata). Lo ha denunciado la patronal de los apartamentos turísticos (Aptur): hasta 450 de estos alojamientos han sido vandalizados durante estas fallas. 

Es una muestra de la crispación social ante la masificación de unas fiestas han crecido en duración -con las carpas en las calles desde principios de mes- y en afluencia turística, y esa intensidad ha reabierto el viejo debate sobre la conveniencia de un impuesto turístico. Un instrumento que se llegó a aprobar en 2022, con el Consell del Botànic. Iba a ser una tasa municipal y voluntaria, que entraría en vigor tras una moratoria de un año, pero las elecciones y el cambio de gobierno frustraron ese plan y una de las primeras medidas del ya expresident Carlos Mazón fue derogar la Ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible.

Desde entonces, la tasa turística, o impuesto turístico, como prefiere llamarlo el profesor de Economía Aplicada e investigador de la Cátedra de Tributación Autonómica de la Universitat de València Asensi Descals, ha ido apareciendo y desapareciendo del debate público y de las propuestas políticas “como el guadiana”. Ya durante las fallas de 2024, las primeras tras el cambio de gobierno, Compromís estimaba que podría generar unos ingresos en el mes de marzo de más de un millón de euros para la ciudad de València. Según los cálculos de esta coalición en las Corts, a lo largo de 2024 se podrían haber recaudado hasta 109 millones de euros de haber estado implantada. Esta misma semana, era el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien recuperaba la idea, hablando de “monetizar” las fallas y “obtener más recursos de los turistas”.

La extinta tasa valenciana: municipal y voluntaria

La redacción de la ley valenciana contemplaba que el impuesto -municipal y voluntario -se establecería sobre las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, campings, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas, alojamientos turísticos rurales o albergues turísticos. 

También abarcaba el fondeo o amarre de embarcaciones de crucero turístico cuando realizaran escala en un puerto de la Comunitat Valenciana, pero no a los cruceros que con salida o destino final en puertos de las tres provincias. También quedaban exentas del impuesto las estancias de menores de dieciséis años, las que se realizaran para participar en congresos o eventos científicos organizados por universidades públicas valencianas o las de personas con discapacidad igual o superior al 66 %, entre otras cosas.

El número máximo de días era de siete días por viajero. Lo recaudado, estaba previsto que los municipios pudieran destinarlo a financiar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la Red de Destinos Turísticos de la Comunitat Valenciana, a ayudas municipales a establecimientos y servicios turísticos, a planes de sostenibilidad turística locales o comarcales o a acciones comarcales para la sostenibilidad turística en destino de las mancomunidades.

Pero el modelo municipal no convenció al investigador de la Cátedra de Tributación Autonómica de la Universitat de València Asensi Descals, que ha escrito o coescrito varios estudios e investigaciones -en 2019, 2022 y 2024, por poner algunos ejemplos- sobre los impuestos turísticos. “La recomendación que hicimos en los informes es que, como mínimo, fuera un impuesto autonómico, porque se generan externalidades que exceden de lo que son los límites de una ciudad”, destaca el experto, que sí percibe como una posibilidad viable que haya algún recargo en algún municipio si así se considera. 

“Cuesta menos que una cerveza al día”

Descals es partidario de un modelo de impuesto que se extienda a las pernoctaciones en todo tipo de alojamientos. “Eso exige un desarrollo de la Agencia Tributaria para controlar los apartamentos turísticos también”, indica. En cuanto a la posibilidad de distinguir por categorías -un precio para los hoteles de lujo y una escala hasta llegar, por ejemplo, a los hostales o lugares de acampada-, se muestra, a priori, en contra: “No genera más un impacto un hotel de cinco estrellas que un camping”, resume.

Sobre los augurios que agitó, en su momento, el sector hotelero -y parte del PSPV, como el entonces secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer- de que la tasa destruiría la demanda, Descals lo desmiente: ha estudiado, con cifras, ese fenómeno. Por una parte, dice, un aumento así de pequeño del precio de las noches de hotel o apartamento no tiene apenas peso en el coste total de un viaje, encarecido por los trayectos, las comidas y cenas, las entradas a monumentos o las compras. Por otra, su investigación le ha permitido comprobar cómo la elección de lugar para los turistas tiene menos que ver con el precio que con otros factores como la seguridad en destino.

Así que es tajante sobre los supuestos peligros del impuesto. “Es un mecanismo que sirve, además de para recaudar y compensar los impactos, para crear consciencia de ellos, y que, además, en general cuesta al turista menos de lo que vale una cerveza al día”, indica. Tampoco es partidario de limitar al sector turístico las opciones de reinversión. “Se llega al compromiso de que se destine lo recaudado al sector para que el sector acepte la medida, pero es una contradicción que revierta en lo que ha generado el efecto negativo”, resume. Prefiere que las cantidades derivadas del impuesto, como en el caso de otros, “vayan a la caja general y de ahí se gasten en lo que se tengan que gastar”.

Extendida por toda Europa

Descals insiste, asimismo, en que la mayor parte de los países europeos cuentan con un instrumento de este tipo. “En Francia tiene más de un siglo”, ejemplifica. Lo más común en el continente es que cueste entre 2 y 5 euros por noche o entre un 3 y un 5% del coste del alojamiento.

En 2024, cuando la ley valenciana de la tasa ya estaba derogada, había una veintena de países europeos que tenían un impuesto turístico de algún tipo. Aunque los más comunes gravan las pernoctaciones, otros modelos como el veneciano lo hacen sobre la entrada en la ciudad. En el caso de Venecia, que acusa especialmente los impactos del turismo masivo, el consistorio cobra entre 5 y 10 euros (según con cuánta antelación se reserve) por entrar a la urbe, aunque solo en temporada alta y a modo de “prueba” de esta política pública. 

Según los datos de 2024, más de 135 ciudades de 20 países europeos cobraban impuestos turísticos. Francia, por ejemplo, es uno de los destinos que lo tiene más extendido por el territorio: en más de cincuenta ciudades lo tienen. También es bastante común en Italia, con 35 ciudades con tasa turística, entre ellas Roma. 

Por su parte, el de Ámsterdam es uno de los más caros, que puede superar los 20 euros por turista y noche. En Alemania, hay también tasa en Hamburgo o Berlín, y existe también algún tipo de tasa turística en otras ciudades europeas como Bruselas, Praga, Amberes, Brujas, Budapest y Viena. En ciudades de Bulgaria y Grecia, su importe varía según la categoría del alojamiento. En el vecino Portugal, se aplica en Lisboa, Oporto y Faro y, según cifras de 2024, las pernoctaciones crecieron a pesar del impuesto.

Los casos catalán y balear

Cree Descals que es probable que eso ocurriera también aquí. “¿No ha hablado la patronal hotelera Hosbec con sus colegas de Cataluña o Baleares?”, se pregunta el experto. Y es que en ambas comunidades autónomas hay impuesto turístico. En Cataluña, desde 2012: se paga por persona y noche y los ayuntamientos pueden añadir recargos (el de Barcelona, por ejemplo, lo hace). En Baleares está en vigor desde 2016 y se utiliza a modo de “ecotasa” para financiar proyectos ambientales y turísticos.

Hay otros modelos municipales: el de Santiago de Compostela, muy reciente, que data de 2025, o la de A Coruña. En ambos casos, asciende a una cantidad de entre 1 y 2,5 euros por persona y noche. El pago de una tasa turística en el País Vasco entrará en vigor a partir de este verano. Será un impuesto progresivo cuyo precio se establecerá en función de la categoría del alojamiento, con un máximo de 7,5 euros por turista y noche en un hotel de cinco estrellas o de 2,25 euros en los de categoría inferior y hasta cinco noches.

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