El "modelo Vox" llega a los centros de menores valencianos según la Plataforma del Sector Social: "Se están creando guetos donde hacinan a los jóvenes por raza"

Cuando el Gobierno anunció que la acogida de menores migrantes que se encuentran en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla pasaba a ser obligatoria para las comunidades autónomas y estableció que a la Comunitat Valenciana debía acoger a 571 personas, la vicepresidenta Susana Camarero criticó la medida, acudió a los tribunales. Además, preguntó a algunos alcaldes qué recursos tenían disponibles y, finalmente, habilitó un recurso propio (del IVAJ) con espacio para 60 personas y un contrato para su gestión de 855.000 euros por tres meses, prorrogable cada tres meses mientras "dure la emergencia". Se trata del denominado Centro de Acogida Temporal de Emergencia (CATE), en Muro d'Alcoi.

Ahora, en ese mismo espacio que era un albergue juvenil se han ampliado las plazas hasta los 90 jóvenes. Y así, entre este centro, ubicado en un polígono y alejado del núcleo urbano de Muro d'Alcoi, viven y conviven, en régimen cerrado, algunos de los migrantes que llegan de Canarias y otros menores extranjeros no acompañados de origen árabe. Otro centro en Alicante que también acoge a migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla (todos hombres de origen africano) es el centro de Las Virtudes de Villena (también con 90 plazas) y, también alejado del núcleo urbano, en medio del campo.

En València, los centros que acogen a migrantes menores que han llegado de Canarias, Ceuta y Melilla son el centro de recepción de València, que se encuentra en Alborache, tiene 84 plazas autorizadas y cuenta, en la actualidad, con 105 menores "durmiendo hacinados, incluso en coclchones en el suelo"; y el CATE la Mar que está completo con las 72 plazas autorizadas ocupadas. Este es el único centro ubicado en la ciudad de València. Todos los centros que gestionan la acogida de los menores migrantes no acompañados en Alicante y en València están gestionados por la misma empresa privada: la Fundación Antonio Moreno. La gestión se realiza mediante contratos de urgencia, como el de Muro d'Alcoi.

Solo ha llegado el 24 %

De los 571 menores que se encuentran en Canarias y deben ser acogidos en la Comunitat Valenciana solo ha llegado el 24 % (unos 140 jóvenes) y desde la Plataforma de Profesionales del Sector Social critican la gestión que está llevando a cabo el Consell ya que "están creando guetos donde hacinan a estos jóvenes por raza". Ese es el modelo que, dos semanas después del pacto entre el PP y Vox que invistió a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Generalitat Valenciana, el partido de Santiago Abascal presentó en les Corts Valencianes en una Proposición No de ley (PNL): promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos" para evitar "problemas de convivencia ni seguridad" así como "reforzar los protocolos" internos de estos "centros de internamiento para garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada".

La Plataforma de Profesionales del Sector Social lamenta la ubicación de estos centros porque "son la antítesis de la integración e incumplen la ley de Infancia y el decreto de tipologías que marca centros que se parezcan a hogares y no macrocentros alejados de todo y de todos. El sistema está saturado pero no es por culpa de los menores migrantes no acompañados. Los menores llegan desde Canarias al centro de Recepción de Alcant que está al triple de su capacidad. Es decir, hay 24 plazas autorizadas, personal para 24 plazas, espacio y comida para 24 plazas... pero hay 50 menores acogidos y de estos solo 14 son menores extranjeros no acompañados. Ellos no son el problema. El problema es un sistema saturado. En el centro de Alborache está masificado y necesitaría de 13 educadores más para cumplir con las ratios, pero solo han reforzado el personal con 3". En Castelló la situación es similar, y destaca la falta de recursos de emancipación "que obliga a los jóvenes a quedarse en la calle al cumplir la mayoría de edad", explican desde la Plataforma.

Macrocentros saturados

Por ello, y para aliviar el sistema, la Plataforma de Profesionales del Sector Social defiende la creación de centros "que cumplan la ley de Infancia, es decir, con un máximo de 30 plazas y con hogares con hasta 8 personas" en lugar de apostar "por un CATE de emergencia con un contrato de 855.000 euros cada 3 meses. Con ese dinero construyes varios centros porque el sistema está saturado por el propio flujo del sistema, no por lo migrantes que vienen de Canarias o del Magreb". Además, y según la conselelria "faltan 450 menores migrantes de Canarias por llegar" lo que, según la plataforma, "obliga a repensar la forma de acogida porque lo que están haciendo es hacienarlos por razas y crear guetos gastándose un dineral".

Además, lamentan que en la gestión del sistema de protección "no tenga en cuenta los criterios técnicos profesionales" porque "la realidad es que los meten en estos centros hasta que cumplan la mayoría de edad y entonces les espera la nada. Es la política migratoria de Vox, sacar a determinadas razas de los núcleos urbanos y te los llevas a un polígono alejado donde nadie los vea".

La respuesta del Consell: "El Gobierno es el responsable"

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia aseguran que la Generalitat cumple con la legalidad vigente. Sin embargo, la situación actual pone de manifiesto que el sistema de reparto impulsado por el Gobierno de España "es una mala solución". "El decreto de reparto de los menores, basado en criterios opacos sin planificación, sin recursos suficientes y sin garantías, traslada toda la presión a las comunidades autónomas. Este modelo no responde a una política migratoria seria, coordinada ni eficaz", explican desde la conselleria.

Y añaden: "A esta situación se suma las recientes resoluciones judiciales de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, que han declarado la nulidad de resoluciones de traslado de menores a la Comunitat Valenciana y ha obligado a retrotraer las actuaciones. Esta decisión evidencia que los procedimientos utilizados no cumplen con las exigencias legales y generan una clara indefensión para las comunidades autónomas".

Por ello, desde la conselleria aseguran que el Gobierno central "es el responsable de la saturación de los centros porque no tiene en cuenta la capacidad real de acogida de cada comunidad autónoma. Se están llevando a cabo traslados sin un procedimiento riguroso, lo que no solo perjudica a las comunidades autónomas, sino que también puede comprometer los derechos de los propios menores".

Y concluyen: "Desde la Generalitat insistimos en la necesidad urgente de una política migratoria estatal coordinada, planificada y dotada de recursos suficientes, que garantice tanto la protección de los menores como una distribución justa y transparente entre territorios".

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