Antifraude obliga a readmitir a la trabajadora despedida que denunció al alcalde por acoso

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes (EMSPA) ha tenido que dar marcha atrás, al menos de forma provisional, en el despido disciplinario de la trabajadora que denunció al alcalde, Toni González, por presunto acoso sexual y laboral, tras la intervención de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (AVAF). El organismo autonómico ha ordenado la suspensión inmediata de la medida y la reincorporación de la empleada al considerar que podrían existir indicios de represalia, en el marco de un expediente sancionador ya en marcha. El PSOE acordó a principios de marzo la expulsión del partido del alcalde de Almussafes, que se enfrenta a dos denuncias por acoso sexual, por su trato a las denunciantes.

El Consejo de Administración de la entidad pública aprobó el pasado 18 de marzo, por unanimidad, acatar las medidas cautelares dictadas por Antifraude. La decisión implica no solo dejar sin efecto temporal el despido acordado el 13 de febrero, sino también restituir a la trabajadora en su puesto con todas sus condiciones laborales intactas, incluyendo salario, cotización y antigüedad.

La resolución de la AVAF es clara en su planteamiento: la suspensión del despido es necesaria para evitar un perjuicio irreversible mientras se investiga el fondo del asunto. Además, el organismo exige a la empresa —y también al Ayuntamiento de Almussafes— que se abstengan de cualquier conducta que pueda interpretarse como presión, descrédito o alteración perjudicial de las condiciones laborales de la persona afectada.

Un despido bajo sospecha

El origen del conflicto se remonta al expediente disciplinario abierto contra la trabajadora, que culminó con su despido por lo que la empresa calificó como una infracción muy grave, respaldada por un informe jurídico externo. EMSPA sostiene que el procedimiento se tramitó con todas las garantías legales, incluyendo la comunicación a los representantes de los trabajadores, que no formularon alegaciones.

Sin embargo, la intervención de Antifraude introduce un elemento de duda sustancial: la posibilidad de que el despido no respondiera únicamente a criterios disciplinarios, sino que pudiera estar vinculado a una represalia, figura expresamente prohibida por la legislación vigente en materia de protección de informantes. La Ley 2/2023, que regula esta protección, considera represalia cualquier medida que perjudique al trabajador como consecuencia de una comunicación o denuncia, incluyendo el despido. Bajo este prisma, la actuación de EMSPA queda ahora bajo el foco de un procedimiento que podría tener consecuencias jurídicas relevantes.

La defensa de la empresa

Pese a acatar las medidas impuestas, la dirección de EMSPA mantiene una posición firme: niega de forma explícita que el despido tuviera carácter retaliatorio. Según el consejero delegado, la decisión se adoptó en el ejercicio legítimo de las facultades disciplinarias de la empresa y en base a hechos que, de confirmarse, constituirían una infracción grave.

En el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, la empresa insiste en que los hechos que motivaron el despido son ajenos a cualquier comunicación protegida por la trabajadora. Asimismo, subraya que ha colaborado en todo momento con la investigación y que ejercerá su derecho a presentar alegaciones frente a la resolución de Antifraude.

No obstante, el propio documento reconoce que la valoración sobre la existencia de posibles ilícitos no corresponde al Consejo, sino a los tribunales, lo que deja en evidencia el carácter provisional de las decisiones adoptadas hasta el momento.

Una medida cautelar con implicaciones

La readmisión de la trabajadora no supone el cierre del conflicto, sino más bien el inicio de una fase más compleja. La medida cautelar busca preservar la efectividad de una eventual resolución futura, evitando que el daño sea irreversible en caso de confirmarse la existencia de represalias.

Este tipo de intervenciones por parte de Antifraude, cada vez más frecuentes desde la entrada en vigor de la normativa de protección de denunciantes, están marcando un cambio de paradigma en la gestión de los conflictos laborales en el sector público. Las decisiones empresariales, especialmente aquellas que afectan a trabajadores en contextos sensibles, quedan ahora sometidas a un escrutinio más exigente.

El caso de EMSPA vuelve a situar en el centro del debate la gestión de las empresas públicas locales y los mecanismos de control sobre sus decisiones. La unanimidad del Consejo de Administración en la adopción de acuerdos no ha impedido la intervención de un organismo externo que cuestiona, al menos de forma cautelar, la actuación de la entidad.

En este contexto, la resolución definitiva del expediente será clave no solo para determinar la situación de la trabajadora, sino también para evaluar el grado de adecuación de los procedimientos internos de la empresa a los estándares legales y éticos exigidos.

Mientras tanto, la readmisión provisional se erige como una solución intermedia que, lejos de cerrar el caso, mantiene abiertas todas las incógnitas. La última palabra, previsiblemente, no la tendrá ni el Consejo de Administración ni la propia Antifraude, sino los tribunales.

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