La Conselleria de Educación mete en la negociación con los profesores la subida salarial estatal del 8,5%

“La convocatoria no hace una referencia clara a las condiciones salariales, no incluye una propuesta previa por escrito ni establece un calendario de negociación definido”, denunciaban los sindicatos de Educación cuando la Conselleria los convocó oficialmente para negociar mejoras en las condiciones laborales del profesorado el día 26. Ahora, dos días antes de la Mesa Sectorial en la que se abordarán las reivindicaciones sindicales, esa “propuesta previa por escrito” ha sido hecha pública por el departamento que dirige Mari Carmen Ortí. 

En concreto, en forma de decálogo, con diez puntos que la Conselleria propone como marco para la negociación. Entre ellos, se toca el tema salarial: el Consell considera que cualquier propuesta en ese sentido debe tener en cuenta que el aumento de retribuciones promovido por el Estado también lo pagará la Generalitat. Es decir, que debe contarse ya de facto como incremento salarial sufragado por la Conselleria.

Es el último punto del decálogo, y en él se indica que “la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente”.

En cualquier caso, esa referencia explícita a los salarios, que son una de las reivindicaciones más importantes de las planteadas por la representación de los trabajadores, se ha trasladado al decálogo y en él parece que Educación esté abierta a negociar. Eso sí, con condiciones: en concreto, que las posibles mejoras salariales serán graduales y estarán condicionadas “a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico”.

Conselleria defiende su orden de plantillas

Pero desde Educación colocan también en el decálogo su propio marco de negociación: en el texto hacen referencia a “la responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano”, con atención a “los límites presupuestarios reales”. De hecho, consideran que “todas las partes deben asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente”.

Además, otro de los puntos del decálogo hace referencia a las plantillas de los centros educativos. La Conselleria se limita a defender su propia orden de plantillas, la Orden 9/2025, “marco normativo que garantiza equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos”, dicen. Si se aumentan las plantillas, condicionan desde Educación, se hará “dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará”. “En caso de alcanzarse dicho límite, los crecimientos previstos podrían ser temporalmente suspendidos”, añaden en el decálogo.

Bajada de las ratios sí, pero con financiación

Otro de los puntos que los sindicatos llevaban a la mesa negociadora es la reducción de las ratios de alumnos por aula, un tema en el que han recibido un espaldarazo imprevisto del Ministerio de Educación, que anunció este mes que el nuevo anteproyecto de Ley estatal que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Pero, como ya manifestaron desde la Conselleria en su momento, reiteran su posición de que “cualquier reducción establecida normativamente por el Estado deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno”.

La actualidad también ha dejado un ejemplo de otro de los puntos clave que introduce el departamento de Ortí como marco para la negociación. Este mismo lunes, los sindicatos denunciaban que la Conselleria de Educación abre la puerta a que no se formen grupos de Bachillerato de Artes si no hay, como mínimo, diez solicitudes de alumnos en primera opción. Desde Conselleria se escudaban en “un criterio de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos” y hablaban de “una oferta educativa en condiciones adecuadas”. En esta misma línea argumental, indican en el sexto punto del decálogo que la oferta “deberá ajustarse a la demanda real, con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado”.

Los otros dos puntos de este marco de negociación hacen referencia a la escolarización sobrevenida que, dicen, “se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado, generando a su vez beneficios indirectos a comunidades autónomas que experimentan descenso de matrícula”, y al absentismo y bajas laborales del profesorado. En este último punto, reclaman “medidas conjuntas y coordinadas”.

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