Inspección de Trabajo alerta de los riesgos psicosociales de la Ley de eficiencia de Bolaños

La 'revolución' organizativa de los servicios judiciales no está siendo para nada sencilla. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha alertado sobre los riesgos psicosociales que puede generar en los cientos de funcionarios de la administración de justicia de la Generalitat Valenciana. La gran reestructuración, impulsada en todo el estado por la Ley de eficiencia en justicia, ha de ir acompañada de una evaluación de los mencionados riesgos, que es responsabilidad tanto de la administración autonómica como del Ministerio de Justicia.

La Inspección señala, en una resolución del 2 de marzo, que la creación de nuevos servicios comunes y protocolos organizativos ha redefinido las tareas, ritmos de trabajo y responsabilidades de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial y advierte que estos cambios pueden generar factores de riesgo como carga de trabajo excesiva, falta de participación, ambigüedad de roles, problemas de comunicación, falta de claridad jerárquica y tensión relacional.

En ese sentido, la resolución subraya que los protocolos de funcionamiento de cada juzgado no pueden ser meros documentos operativos, sino que deben ser coherentes con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, se exige que cualquier norma organizativa incluya medidas de planificación preventiva para eliminar o reducir los riesgos detectado y da seis meses para cumplir con esta obligación en todas las dependencias judiciales de la Comunitat Valenciana.

La resolución pone de manifiesto la complejidad competencial: mientras que la Generalitat Valenciana es la empleadora principal y responsable de la prevención, el Ministerio de Justicia es el responsable orgánico de los letrados de la administración de justicia, quienes dirigen técnicamente el trabajo diario. Por lo que el requerimiento va dirigido a ambas administraciones para que coordinen sus actuaciones y garanticen la protección de la salud de todo el personal.

La reforma que incluye la nueva normativa es, a la postre, una 'revolución' interna que ha afectado a todos los partidos judiciales, si bien se ha ido aplicando de manera progresiva. La tercera y última fase de este proceso que lleva en marcha un año debía materializarse a partir del 1 de enero y afecta a más de 3.000 empleados públicos de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. Un auténtico reto que, en la transición, está revelando disfunciones, como los problemas para cubrir algunas plazas. Ahora, también las reclamaciones sobre los problemas psicosociales en que puede derivar el nuevo sistema.

Cambios dialogados con los sindicatos

Uno de los puntos críticos señalados por el sindicato UGT, impulsor de la denuncia, era la unilateralidad en la toma de decisiones. El sindicato denunciaba que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) adoptan decisiones organizativas sin contar con la representación sindical en materia de salud laboral, lo que genera "inseguridad e incertidumbre" en la plantilla. La Inspección corrobora esta necesidad de diálogo y recuerda que la ley exige respetar los derechos de información, participación y propuesta de los representantes de los trabajadores en la implantación de estos protocolos. Así pues, para UGT, el pronunciamiento de la Inspección es una "herramienta concreta" para frenar la arbitrariedad en las decisiones y asegurar que la salud laboral se sitúe en el centro de la nueva organización judicial.

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