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Las quejas ciudadanas se duplican en Vivienda y Servicios Sociales en cinco años

El Informe Anual del Síndic de Greuges de 2025 lamenta el "atasco irresoluble" en materia social y advierte de la "situación dramática" en materia habitacional

Entrega del Informe Anual del Síndic de Greuges en las Corts, este martes.

Entrega del Informe Anual del Síndic de Greuges en las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Los asuntos relacionados con los servicios sociales valencianos volvieron a situarse en 2025 en lo más alto de las quejas ciudadanas al Síndic de Greuges. Así consta en su informe anual, presentado este martes en las Corts por Ángel Luna, donde se expone que esta materia representa casi la mitad de las más de 4.100 peticiones que llegan hasta el defensor del pueblo valenciano que, no en vano, carga contra el "atasco irresoluble" de las prestaciones vinculadas a este área.

Según los datos del Síndic de Greuges, las peticiones relacionadas con servicios sociales fueron, con enorme diferencia, los más numerosos y alcanzaron un total de 1.900 quejas. De ellas, la mayoría estaban relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad. Por ver la diferencia: en segunda posición están los vinculados con transparencia de la Administración, con 412, y en tercera las de servicios públicos y medio ambiente, con 399.

No obstante, estas dos últimas que complementan el pódium apenas han tenido un leve incremento respecto a 2021. No ocurre lo mismo ni con servicios sociales ni con la vivienda, uno de los problemas que han ido ganando en la lista de preocupaciones ciudadanas, tal y como se evidencia también en el informe del Síndic. En este sentido, ambos asuntos han duplicado sus quejas en cinco años, pasando los primeros de 1.040 a 1.962 y los de vivienda de 78 a 170.

De hecho, tal y como consta en la nota de prensa de la institución fiscalizadora, "el actual equipo que conforma el Síndic de Greuges ha venido advirtiendo desde su primer Informe Anual en 2020 de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales en la Comunitat, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos sociales municipales y de los de la conselleria", una situación ante la que Luna ha lamentado que no se haya hecho "nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

Dos mujeres consultan los precios de una inmobiliaria.

Dos mujeres consultan los precios de una inmobiliaria. / LP / DLP

Asimismo, durante 2025 el Síndic volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre la conselleria competente en Servicios Sociales y los ayuntamientos que participan en la gestión de algunos servicios y programas. Esto sucede porque las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables ya que la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.

Reproche a Camarero

Por su parte, el propio defensor del pueblo valenciano asegura en su informe que es "preciso mencionar la gravedad del creciente problema social de la vivienda que, aunque no en números absolutos, en porcentaje de quejas se ha duplicado con creces en los últimos cinco años". En este sentido, durante su presentación, Luna ha indicado que si antes de la dana la situación de la vivienda era ya precaria, la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024 "nos ha desnudado" dejando "una situación dramática”.

No solo eso. El Informe Anual 2025 hace referencia a la "desagradable sorpresa" de que la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025 eliminara el procedimiento para conceder ayudas "ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar". "Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó de forma incomprensible", indica el informe, una situación que ha asegurado se le ha trasladado a la Conselleria de Vivienda, encabezada por Susana Camarero, para advertirle que la medida "es un grave paso atrás y limita seriamente las posibilidades de acceso a una vivienda para determinados colectivos".

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