La Generalitat se abre a negociar cambios en el teletrabajo de los funcionarios

Cinco años después de que se aprobara la primera norma que regula el teletrabajo de los funcionarios en la Generalitat Valenciana, ya se avistan los primeros cambios. El Gobierno valenciano se abre a modificar la regulación del trabajo a distancia de los empleados públicos, que había revelado disfunciones desde su entrada en vigor y había suscitado no pocas quejas entre empleados y sindicatos. Ahora, el nuevo director general de Función Pública, Vicente Serra, se reunirá con los representantes sindicales para abordar futuros cambios.

La Dirección General ha convocado una mesa técnica el próximo 16 de abril "para plantear un futuro modelo y ver el feedback" por parte de los sindicatos, según confirman fuentes de la conselleria que encabeza José Antonio Rovira. Se tratará de una primera toma de contacto para la que ya se ha pedido a los representantes sindicales que lleven sus propuestas al objeto de analizarlas y ver qué recorrido tienen.

El Gobierno del Botánic aprobó la normativa en 2021, una vez superado el shock de la pandemia del Covid y con Gabriela Bravo al frente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Se trataba de un marco general para los programas de teletrabajo de los diferentes entes de la administración valenciana que se ha ido desplegando en los últimos años. Sin embargo, no de la manera más eficaz y satisfactoria para los trabajadores públicos.

Desde su entrada en vigor, los sindicatos han estado denunciando la burocracia que dificulta la aprobación de los planes de teletrabajo en cada área, dependientes del impulso político de las subsecretarías de cada conselleria. En algunos departamentos, lamentan, se empezó con tres días de teletrabajo pero se han ido reduciendo hasta una jornada o incluso se ha suprimido este sistema. También señalan que la rigidez de la norma ha impedido a muchos funcionarios el acceso a esta modalidad de trabajo a distancia. Por ejemplo, porque los empleados públicos solo pueden solicitar el teletrabajo en un plazo de 15 días desde la aprobación del programa, lo que en la prohíbe el acceso más allá de este periodo.

Esto genera situaciones como la de un empleado público, que se quejó de esta disposición ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, porque no podía optar al teletrabajo al obtener un puesto de trabajo en un departamento que ya tenía su programa aprobado. Una circunstancia que suponía, según su denuncia, "un agravio comparativo con respecto al resto de compañeros" que tenían "la misma condición jurídica" y que, sin embargo, "disfrutan de este derecho con plenitud". Gabilondo le dio la razón e instó a modificar este punto al Consell, que aceptó la recomendación y alegó que el decreto estaba en "un proceso de evaluación y revisión" y que acordó con los sindicatos llevar a cabo el "análisis" durante esta legislatura.

La revisión del decreto fue, en ese sentido, un compromiso adquirido en el pacto de legislatura de 2024 entre el Consell de Carlos Mazón y los sindicatos. Entonces era consellera de Hacienda y Administración Pública Ruth Merino. Desde entonces, no se ha dado ningún paso con ninguno de los responsables. Merino, con la remodelación del Ejecutivo valenciano tras la dana, perdió las competencias de Función Pública en favor de la consellera de Justicia, Nuria Martinez. El nuevo gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha devuelto estas funciones a Hacienda, cuyo nuevo conseller es Rovira.

En este sentido, la revisión del sistema del teletrabajo, junto a la implantación de las 35 horas semanales para los funcionarios, se antoja uno de los retos clave del final de la legislatura que tendrá que tutelar el director general de Función Pública, que aterrizó en el cargo a finales de enero. Cabe destacar que Serra es funcionario de carrera, por lo que en las organizaciones sindicales confían en encontrar puntos de encuentro.

La presidenta de CSIF Administración del Consell, Susana Marco, consideró que toda propuesta de negociación resulta positiva y confió en que el proceso se desarrolle “con avances y escuchando el planteamiento de los representantes de los trabajadores”. En este sentido, recordó que el sindicato lleva años denunciando “el carácter discrecional y poco práctico del actual decreto de teletrabajo”, así como la necesidad de aplicar en la Administración valenciana “una normativa ágil y eficaz para regular esta herramienta laboral”. Asimismo, celebró que el Consell atienda ahora sus peticiones para abordar un nuevo decreto y subrayó que “resulta fundamental que la negociación sea fluida y se llegue a acuerdos consensuados que supongan una mejora en los derechos laborales y en la atención a la ciudadanía”.

La responsable autonómica de UGT Serveis Públics PV, Laura Ballesteros, valoró positivamente que la nueva Dirección General de Función Pública esté abierta a negociar porque el actual decreto “ha demostrado ser poco flexible y no adaptarse a las necesidades del personal”. Asimismo, denunció los recortes en los días de teletrabajo en los últimos años, lo que, a su juicio, supone “una merma en lo que defendemos debería ser un derecho de los empleados y empleadas públicas”. En este sentido, confió en que las negociaciones permitan a la Generalitat disponer de “una herramienta de trabajo que se ajuste a las necesidades de la plantilla y no a la discrecionalidad de la subsecretaría de turno, que sea eficaz y eficiente en la gestión”, según expuso.

Nuevos planes de teletrabajo

Este martes, la comisión técnica encargada de los planes de teletrabajo aprobó cinco programas para funcionarios de servicios sociales que afectan a 500 empleados públicos, además de otro para la Abogacía (un centenar de personas) y otro de la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

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