El Síndic de Greuges considera que la respuesta a la dana evidencia "el fracaso de un sistema"

La dana del 29 de octubre, y en concreto, la respuesta dada por las administraciones evidenció "el fracaso de un sistema". Es el resumen que realiza el Síndic de Greuges sobre las actuaciones llevadas a cabo tras la catástrofe. Así lo señala en su Informe especial que se incorpora al Informe Anual de 2025 que el máximo representante de la institución, Ángel Luna, presentó este martes en las Corts y en el que alerta de la "inaceptable falta de previsión", la "dejación de funciones" y la "preocupante incapacidad para ofrecer una respuesta coordinada y adecuada" tras la emergencia.

El Informe especial surgió de la propia actuación de este organismo "ante la gravedad de lo ocurrido". Primero, como una investigación de oficio para valorar la actuación de las administraciones autonómicas y locales en tres ámbitos "especialmente vulnerables": Servicios Sociales, Educación y Vivienda. No obstante, "la dimensión del daño, la prolongación de sus efectos y la necesidad de supervisar el trabajo de las administraciones requerían un tratamiento distinto al de una queja ordinaria". De ahí que se optara por el Informe especial, cada uno en una materia.

El primero de ellos es sobre Servicios Sociales, un asunto ya de per se delicado que este 2025 acumuló el 47 % de las quejas, 1.962 de las más de 4.100 recibidas. "El Síndic decidió investigar esta situación al constatar, por diversas fuentes, que la actuación de los servicios sociales había sido especialmente crítica en los primeros momentos y que existían dudas sobre la coordinación entre administraciones, la dotación de recursos y la eficacia de los mecanismos de apoyo", explica el texto.

Y según su análisis, faltó un "protocolo autonómico específico de emergencias sociales", se mostraron las "debilidades estructurales" y hubo problemas con la carga de trabajo que afrontó el personal municipal, triplicando la habitual, con dificultades para la llegada de los refuerzos, que tardaron "varias semanas" o incluso "tres meses"; una demora que, añade, provocó que fueran los equipos municipales los que asumieran "prácticamente en solitario la atención social en los momentos más críticos". Con ello reclama como "esencial" que se elabore un plan específico frente a estas situaciones.

La "fragilidad" del sistema

No se libra de las críticas el área de Educación, dependiente de la conselleria. A esta, el Síndic le afea "la inexistencia de criterios objetivos, uniformes y fácilmente aplicables dio lugar a decisiones desiguales y poco claras, comprometiendo la seguridad de alumnado, familias y personal educativo" y reprocha que algunos centros "tardaron meses en recuperar la actividad normal". Esto, añade, provocó una "merma apreciable" en la calidad educativa y alerta de los "signos evidentes" en el impacto emocional del alumnado y el profesorado sobre el que reclama "reforzar el acompañamiento" de salud mental. Asimismo exige acelerar la reconstrucción e impulsar un "protocolo estable y claro" ante futuras emergencias

Por último, en Vivienda, asegura que la dana solo hizo que "agravar una situación que ya era estructuralmente frágil", recordando que incluso antes del episodio, "el parque público autonómico resultaba claramente insuficiente" y que la emergencia ha evidenciado "la fragilidad del sistema". Así, el defensor considera "necesario", entre otras cuestiones, "incrementar y fortalecer el parque público", "revisar los procedimientos de adjudicación para acortar los tiempos de respuesta" así como una "reflexión firme sobre la conveniencia de evitar nuevas construcciones en zonas inundables o con alto riesgo de inundación".

El papel municipal

Asimismo, el informe aprovecha para hablar sobre la falta de previsión y subraya la necesidad de que las administraciones se doten de protocolos de actuación eficaces que permitan atender de manera inmediata e integral a la ciudadanía en contextos catastróficos y resalta el papel de los ayuntamientos, "como administración más próxima a la ciudadanía", de los que reivindica que "asumieron de facto competencias propias de la administración autonómica para las que no disponían de recursos suficientes".

Con todo ello, el Síndic considera que con el informe se pone de manifiesto "una inaceptable falta de previsión y una dejación de funciones en relación con la implementación de los protocolos necesarios, así como una preocupante incapacidad para ofrecer una respuesta coordinada y adecuada a las necesidades derivadas de la catástrofe". "Esta situación evidencia, en definitiva, el fracaso de un sistema que debe estar plenamente orientado a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y a la garantía de su seguridad, especialmente en momentos de máxima vulnerabilidad", sentencia.

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