La Sindicatura de Comptes detecta "incumplimientos significativos" en la gestión de los fondos públicos de los grupos de las Corts

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha hecho público este jueves el Informe sobre la Cuenta General de las Corts correspondiente al ejercicio de 2024 donde detecta "incumplimientos significativos" en la gestión de los fondos públicos que reciben para su funcionamiento los grupos políticos de las Corts. El órgano de fiscalización insta a los grupos parlamentarios a adoptar las medidas de control interno necesarias para que los gastos reparados por los informes de control financiero de la Intervención se completen y justifiquen adecuadamente, en tiempo y forma, durante la fase de alegaciones a estos informes y no en la fase de alegaciones de los expedientes de reintegro que, en su caso, se acuerden posteriormente por la Mesa de las Corts.

El último informe de la sindicatura recoge que la intervención ha abierto un expediente de reintegro al grupo del PP, que deberá reintegrar 280.000 euros de la subvención de 2024 no justificados, de los que ya habría devuelto 210.000. Todavía tendría pendiente de devolver o en su caso justificar otros 70.000 euros. Se trata de uno de los desfases más elevados que se recuerdan en la contabilidad de los grupos. A Vox también le ha tocado reintegrar, aunque en esta ocasión, de menor importe: 864 euros.

El reglamento de las Corts establece que los grupos parlamentarios recibirán una subvención para cubrir necesidades de funcionamiento en función del número de diputados, con cargo a los presupuestos. En 2024, año auditado por la sindicatura, la subvención para los grupos, destinada en gran parte a la contratación de asesores de los grupos, ascendió a 3,5 millones de euros. El que más subvención recibió fue el PP con 1,3 millones de euros, seguido del PSPV, un millón de euros, Compromís (590.000 euros) y Vox (528.000 euros).

Esta auditoría financiera expresa una opinión con la misma salvedad de años anteriores, estos es que, las Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Según Sindicatura, esta situación representa una limitación al alcance de la auditoría, por lo que asegura que no puede "opinar" sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2024.

Respecto a las cuentas anuales de los grupos parlamentarios y la documentación justificativa, la Sindicatura ha detectado varios "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que establece que las cuentas deberán ser remitidas a la Mesa de las Corts antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente.

Las cuentas del PP fuera de control

Sin embargo, Vox las presentó inicialmente el 15 de febrero de 2025, aunque el 28 de julio aportó otras cuentas que corregían algunos errores; el PSPV y Compromís las presentaron fuera de plazo con cierto retraso, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2025, respectivamente, si bien han podido ser objeto del control financiero de la Intervención de las Corts; y el PP las presentó el 30 de enero de 2026, con casi un año de retraso, y no han podido ser objeto del control financiero.

Respecto a las cuentas justificativas trimestrales correspondientes a gastos del ejercicio 2024, todos los grupos las han presentado con retraso: el PP, Compromís y Vox fuera del plazo en dos de los cuatro trimestres de 2024 y el PSPV en tres. Además, no siempre los grupos completan la adecuada justificación y en algunos casos, como el PP, lo hacen posteriormente, en la fase de los expedientes de reintegro acordados por la Mesa de las Corts.

Estos hechos, según el informe de la Sindicatura, ponen de manifiesto que el hecho de que los grupos parlamentarios no presenten en forma y plazo tanto sus cuentas anuales como las justificativas trimestrales y la documentación de los gastos "dificulta e incluso impide" que la Intervención de las Corts "ejecute adecuadamente sus planes de control financiero y ocasiona un retraso en la formulación, fiscalización y posterior aprobación" de la Cuenta General.

En cuanto a ejercicios anteriores, el informe indica que, de las 19 recomendaciones que figuraban en la auditoría de 2023, las Corts han aplicado tres, parcialmente cinco y 11 están pendientes de implantar.

Señala además la sindicatura que las normas de contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts deberían contemplar que puedan reformular, cuando proceda, sus cuentas anuales a la vista de observaciones en las auditorías de esta institución de control financiero.

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