El lío de certificados y un extraño descuadre en el material inflamable: así buscan las víctimas de Campanar reabrir la investigación

Ocho meses después desde que la Audiencia de Valencia confirmara el archivo de la causa sobre el incendio de Campanar, las familias de las diez víctimas mortales -tres de ellas, menores de edad- buscan reabrir la investigación al considerar que está incompleta y piden nuevas diligencias sobre los materiales empleados en la construcción del edificio, que acabó calcinado en tan solo una hora.

Los abogados de los familiares, que durante la instrucción ya intentaron sin éxito una indagación exhaustiva sobre este punto, han presentado al juzgado de Instrucción 9 de Valencia un escrito que invoca doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de agotar las líneas de investigación en casos con resultados mortales como este y al que acompaña un informe pericial encargado a una experta que cuestiona las conclusiones tanto del instructor como de la Audiencia para dar carpetazo al caso. El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, discute los certificados aportados por el fabricante de las placas de la fachada y la cantidad de material inflamable que realmente contenía, además de negar que la normativa expuesta por los jueces fuera la aplicable en aquel momento.

Se trata de un documento de medio centenar de páginas elaborado por la arquitecta y funcionaria de carrera de la Generalitat en excedencia Carmen Dorta, especialista en ingeniería y seguridad frente al fuego, para analizar el cumplimiento de la legislación en materia de incendios en el momento de la licencia. Los familiares lo encargaron porque "no existe ningún informe pericial en la causa realizado por especialistas" sobre este aspecto y restan legitimidad a los informes de la policía científica porque sus agentes "reconocieron en presencia judicial no contar con formación específica sobre el asunto", sostiene el escrito presentado ante el juez para reabrir la instrucción.

El "presunto" certificado

Uno de los argumentos centrales que sostienen la reclamación es que "no está probado" que el material externo de revestimiento cumpliera la normativa. Al requerir el juzgado el certificado que acredita cómo reacciona el material ante el fuego, el fabricante remitió "un conjunto de fotocopias" de diferentes documentos que, sostiene la perito, no constituyen un certificado como tal y carecen de "validez legal". Así, insiste en que el documento "incumple todas las determinaciones" establecidas por la ley en ese momento y en ningún lugar contiene el ensayo realizado al material, lo que ha llevado a los abogados a hablar de "presunto" certificado.

"Desconozco qué motivos han sustentado la aceptación de este conjunto de fotocopias, otorgándole la consideración de ensayo emitido por un laboratorio calificado", asegura Dorta, para quien este aspecto se revela clave porque tanto el juzgado como la Audiencia se basaron en este "no certificado" para acordar el archivo. La perito asume que la falta de este documento pueda obedecer a "un error" pero al final, sostiene, "tiene que ser probada la reacción al fuego del material superficial del sistema de fachada" porque guarda una relación "significativa" con el incendio.

La cantidad de material inflamable

La experta lamenta que la investigación no haya atendido a un extraño descuadre entre el material que se declaró suministrado para el revestimiento de la fachada en el edificio calcinado y el que más tarde, una vez producida la tragedia, analizó la policía científica. Mientras el primero contaba con cuatro milímetros de espesor de este material, el que sirvió para examinar los restos tenía medio milímetro más.

Aunque pueda parecer una diferencia mínima, la perito señala que es un 12,5% más y que esto tiene "consecuencias" en la reacción del material ante el fuego y, por tanto, en la propagación de las llamas y la tasa de liberación de calor. No hay que olvidar que el rápido avance del incendio fue letal, por lo que la experta considera que "tiene interés" y ve "importante investigar y confirmar para luego, averiguar cuánto material composite fue suministrado con un espesor de poliuretano superior al declarado y dónde fue instalado".

"Desconocimiento" de las normas y las garantías del Instituto Eduardo Torroja

Por otro lado, el dictamen asegura que el juzgado ha tomado "decisiones importantes" basadas en "el desconocimiento de qué norma era de aplicación" para validar el material empleado. Así, insiste en que la factura de compra del material es de julio de 2007 cuando la legislación que establecía nuevas obligaciones había entrado en vigor dos años antes, en julio de 2005. "La documentación que obra en la causa no recoge esta información", recalca la especialista, que señala al juzgado y a la Audiencia por basarse en una norma "cuando esta ya no era de aplicación".

Además, el informe insiste en la necesidad de obtener el documento de idoneidad técnica emitido por el Instituto de Eduardo Torroja sobre el revestimiento en cuestión, un certificado que "no era obligado por ley" pero resultaba "prácticamente imprescindible" en aquella época para "generar la confianza de los agentes de la construcción responsables de la elección de materiales", especialmente en lo que se consideraban "nuevos materiales". Según la especialista, podría aportar "datos relacionados con la reacción al fuego de los materiales superficiales" de la fachada.

Condena en otro incendio de Milán

Por otra parte, el escrito de los abogados recuerda una reciente sentencia que condena a los responsables de la empresa fabricante del material a tres años de prisión por un incendio en Milán a causa del "suministro de un material peligroso, exactamente el mismo material y fabricante que el de la fachada de Campanar", reza el escrito, que ya adelanta que aportará los fundamentos del fallo cuando se conozcan.

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