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La jueza de la dana justifica el cambio de las cámaras para que no se filtre su imagen

La defensa del investigado Emilio Argüeso presentará una queja por escrito

El juzgado de Catarroja

El juzgado de Catarroja / Fernando Bustamante / LEV

Pablo Plaza

Pablo Plaza

Catarroja

Controversia en la causa de la dana con motivo del cambio de cámaras en el juzgado durante los interrogatorios. Como publicó este diario, desde la pasada semana los abogados que están conectados telemáticamente solo ven al declarante mientras que, hasta ese momento, las cámaras que transmitían por videoconferencia las declaraciones enfocaban al estrado de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La magistrada, este martes, ha defendido la medida para evitar que se filtre su imagen como ya ocurrió el año pasado.

La defensa de uno de los investigados, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, ha mostrado su desacuerdo este miércoles, al comenzar el interrogatorio a una de las testigos, una técnica de coordinación en prevención de incendios. Al final, ha sostenido, la decisión de no enfocar a los testigos hasta el momento obedecía a la intención de preservar su imagen en una causa tan mediática como esta, especialmente de aquellas figuras que no son públicas. La letrada del exdirigente investigado ha preguntado el motivo del nuevo sistema de grabación, que muestra a los declarantes y no a la magistrada.

Al respecto, según fuentes presenciales, Ruiz Tobarra ha evitado entrar en el fondo del asunto y ha instado a la defensa a plantear la queja y los interrogantes por escrito, aunque ha explicado que, con el anterior modelo, se podían filtrar sus imágenes. y que con los testigos prevé que haya más precaución. Y ha recordado que lo habitual en todos los procedimientos es que las cámaras graben a los testigos y el estrado del juez esté de espaldas. Con todo, hasta el momento se había hecho al contrario.

Desde la defensa del ex secretario autonómico ya avanzan que pedirán "que se trate por igual a todos los testigos y peritos porque, sostienen, el cambio supone "una desigualdad de trato respecto a otras personas que han ido a declarar ya", numerosos testigos cuya figura no es pública, pero también otros como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

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