El PP acata todas las tesis de Vox en inmigración y acepta alejar los centros de menores migrantes de las ciudades

El PPCV va a pagar este miércoles en las Corts la factura, o al menos una de ellas, del apoyo de Vox a la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Los de Santiago Abascal permitieron a los populares cerrar la sucesión de Carlos Mazón sin pasar por las urnas y ahora empiezan a cobrarse aquellos 13 votos decisivos en forma de victorias parlamentarias que, además, llegan en un tema central del discurso más radical de Vox: la inmigración.

Así, el pleno de las Corts sacará hoy adelante, con el apoyo del PPCV de Juanfran Pérez Llorca, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox con medidas "urgentes" para hacer frente a las "consecuencias negativas" del "aumento de la inmigración masiva" en la Comunitat Valenciana que recoge las tesis más duras de los de Abascal en este asunto. De hecho, y tras una negociación entre ambos grupos parlamentarios, la parte de la resolución en la que las Corts insta al Consell a actuar no ha sido alterada por el PP y saldrá adelante tal cual la presentó Vox pocos días después de investir a Llorca.

Entre otras cosas, con la aprobación de la iniciativa PP y Vox se comprometen a "promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados en las afueras de los centros urbanos, con la finalidad de que los 'mena' --acrónimo de menor extranjero no acompañado que emplean los voxistas para deshumanizar a estos chavales-- no generen problemas de convivencia ni seguridad".

Esta medida, simbólica en tanto se limita a "instar al Consell" a ejercer determinadas actuaciones, se aprobará en el pleno pero ya está, de alguna forma, en vigor. Y es que parte de las 571 personas que acogió, obligada por el Gobierno, la Generalitat han sido derivadas a al menos dos centros (Muro d'Alcoi y otro en Villena) que ya se adecúan a estas condiciones que exige Vox en la PNL, pues se ubican en las afueras de los núcleos urbanos.

El Consell criticó la medida "unilateral" de Moncloa y la ha recurrido en los tribunales, bajo el argumento de que sus infraestructuras están ya colapsadas. Para evidenciar esa situación límite, la Generalitat habilitó el Centro de Acogida Temporal de Emergencia (CATE) de Muro d'Alcoi, con espacio para 90 personas y un contrato para su gestión de 855.000 euros por tres meses, prorrogable mientras "dure la emergencia". Como publicó este diario, se encuentra en un polígono de la localidad y alejado de la localidad.

Además, la iniciativa de Vox que respaldará el PPCV reclama también al Consell "promover la firma de acuerdos para reintegrar" a los menores migrantes que llegan sin acompañamiento familiar "a sus países de origen" así como "impulsar un programa de retorno voluntario para facilitar a las personas inmigrantes en la C. Valenciana volver a sus países de origen".

Exigen también a la Generalitat de Llorca "reforzar el nivel de seguridad" en los centros así como los "protocolos de intervención y disciplina" de los trabajadores, para que "en ningún caso" los menores reciban una "atención privilegiada". Y, por último, la publicación de estadísticas segregadas por origen, un extremo que el PP ya asumió con Mazón al frente.

En las negociaciones entre PP y Vox se ha pactado retirar todo un bloque de medidas, las referidas a acciones que el Consell debe instar a realizar al Gobierno al no depender de la autonomía. Aquí Vox introducía su tono más duro, exigiendo deportaciones por delitos, por llegar de forma "irregular" o por "no integrarse en la cultura de la nación" o dar prioridad a españoles en las ayudas.

El PP trató de rebajar algunos puntos pero, finalmente, retiró esas enmiendas y presentó una única, pactada con Vox, para eliminar todo ese apartado de medidas que dependen del Estado.

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