El conseller de Sanidad prevé seguir adelante con la querella contra Morant por "calumniarlo" tras no acudir ella a la conciliación

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, prevé seguir adelante con la querella anunciada contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, --que le acusó de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública" en el Día Mundial contra el cáncer en unas declaraciones en la Delegación del Gobierno-- tras no presentarse la dirigente socialista, ni su representación legal, al acto de conciliación previo convocado este jueves.

Este jueves estaba programado en la Ciudad de la Justicia de València el acto de conciliación solicitado por el conseller para reclamar a la también secretaria general del PSPV que se retractara de las afirmaciones que realizó el pasado 4 de febrero en las que sistuvo: "En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada" y "tenemos un conseller de Sanidad que se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".

En el escrito del abogado de Gómez en el que se solicitaba al juzgado el acto de conciliación, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que Morant actuó como "dirigente política de primer nivel y plenamente consciente del alcance de sus palabras" cuando realizó estas manifestaciones públicas en la sede de la Delegación de Gobierno, que fueron recogidas por numerosos medios de comunicación de alcance autonómico y nacional".

"Cualquier imputación de corrupción, lucro personal o conducta delictiva atribuida a su persona trasciende el plano individual y afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas", advierte su defensa. En ese sentido, mantiene que dichas manifestaciones fueron realizadas "con clara vocación de difusión pública, siendo reproducidas por numerosos medios de comunicación tanto digitales como audiovisuales y radiofónicos y a través de redes sociales, alcanzando una repercusión masiva y sostenida" y que "no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión".

Imputaciones "sin respaldo objetivo"

Para el letrado, dichas palabras suponen "una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos" al atribuir al conseller "lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público", "conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad" y "una relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)".

"La requerida sabía perfectamente que tales imputaciones carecen de todo respaldo objetivo, no existiendo procedimiento judicial, administrativo, investigación fiscal ni actuación de órgano alguno que sustente las acusaciones vertidas y, a pesar de ello, las manifestaciones se realizaron con pleno conocimiento de su falsedad o, en todo caso, con temerario desprecio por la verdad, instrumentalizando la imputación penal como herramienta de confrontación política, asumiendo conscientemente el daño personal, profesional e institucional que ello provocaría", alega.

Por todo ello, solicitaba que Morant reconociera "expresa e inequívocamente la falsedad de las imputaciones realizadas", se retractara públicamente mediante declaración "clara y sin ambigüedades, difundida por los mismos medios y con una repercusión equivalente a la de las manifestaciones calumniosas", pidiera disculpas públicas por "el daño causado a su honor personal, a su reputación profesional y a la institución que representa". Asimismo, le requería que se comprometa "formalmente a no reiterar imputaciones de carácter delictivo sin sustento fáctico o jurídico" y una indemnización por "los daños morales e institucionales causados" fijada provisionalmente en 30.000 euros.

La defensa de Gómez advertía que "la incomparecencia injustificada, la negativa a conciliar o la ausencia de retractación serán interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarán el ejercicio inmediato de acciones penales, con solicitud expresa de las máximas responsabilidades legalmente previstas".

Por su parte, fuentes socialistas explican a Europa Press que Diana Morant no se ha presentado al acto de conciliación al que estaba citada este jueves porque "normalmente, a ese tipo de actos no se va a no ser que quieras retractarte".

Respecto a la advertencia que realizó la defensa del conseller de que esta era "la última oportunidad" para que la líder del PSPV rectificara públicamente sus declaraciones y evitara así "la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal", las mismas fuentes señalan que Gómez puede "interponer lo que quiera" porque no va a conseguir "callar" a Morant.

"Con esta denuncia, el conseller de Sanidad no va a callar ni las críticas del PSPV ni las de la secretaria general a la gestión que está haciendo de privatización de la sanidad pública y de falta de explicaciones de su gestión con Ribera Salud", aseveran.

Dos denuncias del PSPV

Además, estas fuentes socialistas señalan que "mientras él se piensa" si interponer una querella criminal a Morant, el PSPV ya ha presentado dos denuncias: una en la Fiscalía de Alicante contra Ribera Salud por la presunta reutilización de material sanitario y otra en la Fiscalía de Valencia contra Marciano Gómez, la directora general del grupo sanitario, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica Benidorm, David Gómez, quienes son la cuñada y el hermano del conseller, al considerar que hay un conflicto de intereses al ser familiares del titular de Sanidad.

A esta última denuncia, indican las mismas fuentes, se inhibió el fiscal de Valencia porque el conseller tiene la condición de aforado ante la justicia, ya que es diputado en Les Corts. Es por eso que el PSPV trasladó la misma denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su denuncia, los socialistas consideran que hay "claros intereses en conflicto entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud", grupo al que aseguran que se le "prorrogó ilícitamente la gestión del departamento de salud Elx-Crevillent", con "grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes".

Según sostienen, estas prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir en los siguientes ilícitos penales: "negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación inclusive una omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo