La vida a pie de playa en zona de deslinde: “Estamos en un limbo legal”

Manolo López vive en Playa Babilonia, en Guardamar del Segura, y eso quiere decir que Manolo López vive en la zona cero de la regresión costera. Es una zona de casas bajas que, hoy, están situadas directamente sobre la arena. Cuando se construyeron, hace décadas, nadie puso ningún problema, pero hoy sufren el embate del agua y la regresión de la playa sin que se les proteja, denuncian los vecinos. La Ley de la Costa valenciana lo intentó reconociéndoles una protección que las excluyera de la posibilidad de perder sus casas, pero un recurso de inconstitucionalidad ha vuelto a dejarles en tierra de nadie.

Esta misma semana, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central. Fruto de ello, se suspendió la vigencia y aplicación de los apartados de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales, los llamados “núcleos urbanos de especial valor etnológico”, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.

Ambas administraciones, Gobierno y Generalitat, abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana. Se llegó a acuerdo en casi todo, excepto a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones. Se trata de núcleos costeros como los de playa Babilonia, en Guardamar del Segura, o Torre la Sal, en Cabanes

Los deslindes

“La Ley de la Costa valenciana decía que los sitios con valor patrimonial quedaban fuera de la norma estatal, incluso aunque la figura de protección sea autonómica y no nacional”, explicaba a Levante-EMV Manolo López, de la Asociación de Vecinos de Babilonia en Guardamar del Segura. Esta asociación, que agrupa a moradores del centenar de viviendas que queda a pie de playa, forma parte de la plataforma Somos Mediterània, formada por asociaciones de vecinos de zonas afectadas por los deslindes.

El deslinde, regulado por la Ley de Costas estatal, delimita qué terrenos forman parte del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, pasan a ser propiedad del Estado. Cuando una vivienda queda incluida dentro de ese dominio público, deja de ser plenamente privada: sus propietarios mantienen un derecho de uso temporal mediante una concesión administrativa, pero no la propiedad del suelo. Estas concesiones tienen una duración limitada (generalmente, de décadas) y, una vez finalizadas, pueden no renovarse, lo que implica que la vivienda puede ser demolida o revertir completamente al Estado sin indemnización.

Los vecinos de Playa Babilonia recurrieron a la justicia para evitar verse incluidos en esos deslindes. “El Tribunal Supremo dice que las concesiones son legales pero que la situación del entorno, la erosión costera y la desaparición de las playas hace imposible que se nos dé la prórroga, así que estamos en un limbo legal”, indica Manolo López.

Defiende que las casas no son el problema de playa Babilonia, especialmente afectada por la falta de aportes sedimentarios. “De hecho, en el pliego de concesión se dice que las viviendas contribuirían a fijar arena”, reivindica. 

"Ninguna intervención desde hace décadas"

En esta tramo litoral de Guardamar “no se ha hecho ninguna intervención seria desde hace décadas”, lamenta López. Echando la vista atrás, cree recordar que, en el marco del Plan E puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ”echaron un par de camiones de arena mal echados”. Desde entonces y hasta este mismo mes, cuando se hizo un “pequeño” dragado del río, nada más. “Estas medidas son como verter una cucharada de azúcar en el desierto”, lamenta.

Cree que el bloqueo se retroalimenta. ”Hay días que nos llega el agua hasta la puerta, y nos siguen utilizando, a los vecinos, como excusa para no actuar, tanto que creemos que podríamos estar ante un delito ecológico por parte del Ministerio”, critica Manolo López. Ahora, aguantan a pie de una playa cada vez más menguada, en algunos puntos casi inexistente.

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