El precio de la bronca política: la guerra judicial con el Estado cuesta a la Generalitat Valenciana 316.000 euros

La guerra siempre tiene un precio, aunque sea una civilizada batalla legal, con puñetas, toga y lexnet en lugar de bombas de racimo. Y, sobre todo, el coste es elevado cuando la batalla legal se disputa lejos de casa.

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana acaba de sacar a licitación un contrato para proveer el servicio de representación procesal y procuraduría de los asuntos que tiene la administración autonómica ante los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad de Madrid.

Y no es barato. El contrato, para dos años, tiene un importe de adjudicación de 316.000 euros. Teniendo en cuenta las prórrogas posibles, se va hasta los 650.000 euros.

Básicamente, la Generalitat necesita disponer de una sede propia a efecto de notificaciones en la ciudad de Madrid, además de realizar muchos trámites ligados a los conflictos abiertos entre la administración autonómica y el Estado. Es decir, necesita un proveedor que haga de enlace con la Abogacía de la Generalitat.

En este sentido, el despacho de la capital que asuma este contrato tendrá que ejercer una funciones que incluirán el traslado de escritos y documentos procesales o cualquier otro dirigido al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o las Fiscalías con sede en la Comunidad de Madrid. También debe encargarse de recibir y enviar a la Abogacía de la Generalitat cualquier comunicación. O asistir a comparecencias en actos o diligencias que sean requeridos, y cuando el abogado de la Generalitat que lleve el asunto lo considere oportuno. Bajando al detalle, entre estas actuaciones aparecen la remisión de notificaciones y traslados de escritos y documentación; el control de plazos y señalamientos; la presentación de escritos y documentos; las comparecencias y personación ante los órganos jurisdiccionales, constitucionales y contables con sede en Madrid, o cualquier otra actuación propias de la Procuraduría.

Todo está en Madrid

El movimiento parece justificado. Por un lado, existe un "efecto capitalidad" que desde siempre ha residenciado en el Villa y Corte todas las instituciones del Estado, también las judiciales. Por otro lado, hay un ingente volumen de asuntos en marcha. Según el anexo del contrato, son unos 400 procedimientos al año en los que la Abogacía de la Generalitat se persona ante órganos jurisdiccionales con sede en Madrid, ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional.

"Siendo impresicindible, y especialmente relevante la personación en los referidos procedimientos (se trata de recursos de casación, recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo...), la Abogacía General de la Generalitat carece de medios personales y materiales en la Comunidad Autónoma de Madrid", alega la documentación justificativa del contrato.

Varios frentes en el Constitucional

En estos momentos, solo en el ámbito del choque de competencias, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España tienen abiertos varios conflictos en la calle Doménico Scarlatti de la capital, donde tiene su sede el Tribunal Constitucional.

Hasta el tribunal de garantías podrían llegar impugnadas por el Gobierno central cuatro leyes valencianas, impulsadas o apoyadas por el Consell y en todo caso secundadas por PP y Vox en las Corts en estos dos años y medio de legislatura. La que ya está en el Constitucional por otra vía (el Defensor del Pueblo) es la ley de Acompañamiento a través de la que 'populares' y voxistas modificaron la ley trans valenciana, unos cambios con los que se abre la puerta a las terapias de conversión prohibidas en la ley estatal; o permite a los padres de los adolescentes menores de edad (de 16 a 18 años) oponerse al cambio de género de sus hijos cuando la ley estatal da total libertad a partir de los 16 años.

También con dificultades de acuerdo está la ley de la Costa Valenciana donde el Gobierno tiene impugnados casi una treintena de artículos, la mitad de la ley, pero el punto crítico está en la figura de protección creada para evitar los deslindes en dominio público marítimo-terrestre. A ello se añade el decreto-ley 6/2025 sobre "intervención administrativa ambiental", en la que el Ejecutivo reprocha que se rebajan los estándares medioambientales por debajo de las condiciones del Estado y el decreto-ley 10/2025 de medidas urgentes en materia de puertos de la Generalitat donde el conflicto está en el mecanismo para ampliar 25 años las concesiones privadas en los puertos autonómicos.

Estas cuatro normas se encuentran bajo el análisis de la llamada comisión bilateral, un órgano de coordinación institucional que no deja de ser una mesa de negociaciones con representantes de una y otra administración a cada lado.

No obstante, las cuatro leyes en diván de la comisión bilateral no son las únicas que han tenido conflicto judicial. La polarización política se ha transformado en bronca judicial en diferentes casos. Generalitat y Gobierno central han cruzado recursos en los tribunales. Por una parte, el Ejecutivo impugnó al Constitucional la ley de Concordia que aprobaron PP y Vox en las Corts, mientras que el Consell ha recurrido distintas directrices estatales como la ley de Amnistía aprobada en el Congreso también al Constitucional, así como el decreto para llevar a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados al Supremo, cuestiones todas ellas sin resolución.

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