UGT denuncia la privatización de 7 centros de menores en Valencia y Castelló

La privatización en Infancia avanza en la Comunitat Valenciana. UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tiene previsto privatizar la gestión de al menos siete centros de menores de la Comunitat Valenciana a manos empresas y entidades privadas. Eso implica desplazar al personal que ahora trabaja ahí a otras unidades y una "merma de la calidad asistencial". El sindicato subraya que esta decisión supone un cambio de rumbo en el modelo de gestión de esos centros de menores de la Generalitat que pasarán de un modelo mixto a la gestión integral privada.

La organización sindical dirigió el mes pasado un escrito a la Conselleria de Servicios Sociales en el que exigía información detallada al tener conocimiento de actuaciones para trasladar, modificar o reasignar más de 70 puestos de trabajo de diferentes categorías (auxiliar de mantenimiento, cocina, dirección de centro, personal subalterno, vigilantes, educación social y taller) adscritas a diversos centros de menores de València a otros destinos. En concreto, la Conselleria había contactado de forma individual con personal empleado público de varios centros con el fin de recabar su conformidad para "hipotéticos cambios de adscripción". Un proceso que se estaba realizando "evitando deliberadamente a las organizaciones sindicales. Estos centros, de titularidad pública, tienen externalizados algunos servicios como tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, pero no tienen una gestión integral privada y el personal privado convive con el público", explican desde el sindicato.

Fruto de esta denuncia, el sindicato fue convocado a una reunión el pasado 1 de abril, un encuentro en el que la Conselleria de Servicios Sociales confirmó que un total de cinco centros de menores en la provincia de Valencia y dos en la de Castelló pasarán a ser gestionados por entidades privadas. Los centros de València afectados son los de acogida de Campanar, Xiquets y Xics; la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal, y la Residencia Juvenil Mislata II. De hecho, el proceso de privatización está muy avanzado ya que se están ultimando los pliegos de condiciones para la licitación y posterior adjudicación En el caso del centro Xiquets, el personal público ya ha sido reubicado. En total, según las estimaciones del sindicato, alrededor de 80 trabajadores y trabajadoras públicas, incluidos puestos de dirección, serán trasladados de modo que ya no habrá plantilla pública en estos espacios. En la citada reunión, la Conselleria de Servicios Sociales se comprometió con las organizaciones sindicales a informarles sobre la reubicación de efectivos una vez se vayan aprobando los pliegos. Además, la Administración mantiene que no habrá amortización de puestos de trabajo.

Con todo, el sindicato considera que estas actuaciones de reubicación de personal exceden de las potestades de auto organización de la Administración ya que el Consell las utiliza para "vaciar servicios públicos y entregar su gestión a terceros". UGT teme que este nuevo modelo "rebaje las garantías y los mecanismos de supervisión que ofrece la gestión pública" y subraya que, en el ámbito de la infancia tutelada, "cualquier recorte de control público puede tener consecuencias graves sobre los derechos y la protección de los menores".

Menos control público "y más opacidad"

Así, el sindicato muestra su rechazo al cambio de modelo ya que supone menos control público y "más opacidad" en un ámbito "donde las garantías deberían reforzarse, no relajarse". "La lógica del beneficio y del recorte de costes empuja a plantillas más precarias, mayor rotación y menos recursos educativos y terapéuticos, lo que deteriora la calidad y la continuidad de la atención a los niños y niñas tutelados", apunta Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV. Además, esta privatización desvía recursos públicos hacia empresas privadas y genera una red de centros con estándares desiguales y responsabilidades difusas, lo que debilita el compromiso directo de la Administración con la protección de la infancia y los menores.

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