Atasco en los juzgados de Valencia: se duplican los asuntos pendientes en ocho años

El embudo en la justicia valenciana no hace más que agravarse. Los juzgados de la provincia de Valencia han visto cómo se han duplicado los casos atascados en ocho años. El año pasado cerraron con 226.869 asuntos pendientes de resolución frente a los 114.026 que acumulaban al cierre de 2017, según los datos del informe sobre la Situación de los Órganos Judiciales elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La falta de personal en la administración de justicia, desde jueces hasta letrados de la administración (LAJ), una insuficiente dotación de juzgados, cada vez más sobrecargados, y otros problemas de organizacón interna atenazan el sistema judicial en general y también en la provincia de Valencia. El Gobierno central busca una mayor eficiencia de la justicia con una nueva ley cuya aplicación, desde el año pasado, ha supuesto una reestructuración interna de los servicios judiciales. Una transición que espera dar resultados pronto pero también está generando más de un quebradero de cabeza a las autonomías, responsables de la organización del personal mientras sindicatos como CSIF o CCOO insisten en reivindicar la mejora retributiba del complemento creado para compensar por este cambio de sistema.

Lo cierto es que los órganos judiciales se han incrementado en la provincia desde 2017, según el CGPJ. Entonces, había registrados 206 mientras a fecha de hoy son 224, dieciocho mas. Una mejora que, sin embargo, no está aliviando la carga de trabajo en los juzgados, que no ha parado de crecer en los últimos ocho años: la media de asuntos pendientes al cierre por órgano ha pasado de 553 en 2017 a 1.012 en 2025, un 83% más. Cada juzgado arrastra hoy casi el doble de trabajo sin resolver.

La clave es que el sistema lleva ocho años resolviendo prácticamente lo mismo que ingresa, pero sin poder liquidar el arrastre heredado de ejercicios anteriores. La tasa de resolución apenas ha bajado desde 2017: de cada 100 asuntos que entran, se resuelven 97 y los otros tres, se acumulan para años posteriores. Así, los registros demuestran que la administración de justicia no está pudiendo absorber el aumento de la litigiosidad. El año pasado cerró con más de 385.000 cuestiones resueltas, un 29% más que hace ocho años, pero al mismo tiempo, los casos que ingresaron también aumentaron en proporción similar hasta los 400.000 casos.

La brecha, por tanto persiste, y el esfuerzo no ha bastado para frenar la acumulación. En ese sentido, la tasa de congestión, que mide la presión sobre los juzgados, ha pasado de 1,39 en 2017 a 1,58. Y la tasa de pendencia ha escalado de 0,38 a 0,59. Es decir, el sistema judicial necesitaría más de siete meses de trabajo para liquidar todos los casos pendientes si no entrara ninguno nuevo frente. Hace ocho años, este plazo habría sido de cuatro meses, casi la mitad.

El Gobierno central anunció, a finales de enero, la creación de 23 plazas de juez nuevas en la provincia de Valencia, seis de ellas para las secciones de civil y penal de la Audiencia Provincial, siete en tribunales de instancia de civil, social y familia de València y otra decena repartidas en diferentes partidos judiciales: Gandia (dos plazas), Torrent, Xàtiva, Requena, Picassent, Quart de Poblet, Paterna, Alzira y Llíria. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TJSCV), Manuel Baeza, defendió en febrero que no hay que dejarse "llevar por triunfalismos" y pidió al Ministerio de Justicia seguir "trabajando en esa senda" de creación de plazas y, sobre todo, le pidió la convocatoria "con urgencia" de oposiciones para cubrirlas, "máxime cuando la judicatura tiene ante sí, a la vuelta de la esquina, un auténtico alud de jubilaciones en la generación del baby boom".

Social y civil lideran el atasco

De hecho, la jurisdicción que registra el crecimiento más alarmante es la social, que agrupa los conflictos laborales y de seguridad social. Cerró 2025 con 32.450 asuntos en trámite, frente a los 13.834 de 2017, un incremento del 134,6%. Pero la dimensión real del problema se aprecia mejor en la media por órgano: cada juzgado de lo Social pasó de cerrar el año con 813 asuntos pendientes a hacerlo con 1.802, un 121,5% más, prácticamente el triple en ocho años. s pero solo se resolvieron 21.824, dejando la tasa de resolución en 0,85 —la más baja de todas las jurisdicciones— y la tasa de congestión en 2,50, la más elevada con diferencia.

La jurisdicción civil -la más voluminosa en número absoluto- acumula 122.489 asuntos pendientes al cierre de 2025, frente a los 58.299 de 2017, un crecimiento del 110,1%. El orden penal también ha empeorado: los 68.569 asuntos pendientes de 2025 casi duplican los 36.245 de 2017. En este contexo, la jurisdicción contencioso-administrativa es la excepción. Los diez juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia cerraron 2025 con 3.361 asuntos en trámite, frente a los 5.648 de 2017, una reducción del 40,5%. Lo cierto es que la media de asuntos ingresados también ha caído, de 731 a 544 por órgano. Es la única jurisdicción que en el acumulado de ocho años ha logrado reducir tanto su volumen absoluto como su carga individual.

Más allá de los asuntos principales, el informe del CGPJ pone de manifiesto otro problema de calado: la ejecución de sentencias. Los juzgados de la provincia arrastraban a finales de 2025 nada menos que 167.482 ejecuciones en trámite, frente a las 125.002 de hace ocho años, un incremento del 34%. La mayor parte recae sobre la jurisdicción civil, con 142.762 ejecuciones pendientes, seguida de la penal con 23.166.

En este contexto, la Conselleria de Justicia ha resuelto no prorrogar 200 plazas de refuerzo que estaban vigentes hasta junio. Una decisión que se justifica en la estabilización de estas plazas ocupadas por interinos. La jueza de la dana, que pierde cuatro de los cinco refuerzos, conisdera que supondrá “una gran dilación”. Aunque el departamento que dirige Nuria Martínez sostiene que esas plazas, que pasarán a ser estructurales, estarán ocupadas de inmediato mediante comisiones de servicio.

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