El Consell se opone a "la imposición" del Gobierno central de acoger a 1.900 menores migrantes más

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha asegurado que la Generalitat Valenciana no va a aceptar "imposiciones" del Gobierno de España para la acogida de 1.900 menores migrantes más por parte de la Comunitat Valenciana, un reparto que califica de "arbitrario, injusto e insostenible".

Así lo ha trasladado la consellera ante la intención del Gobierno de España de asignar a la Comunitat Valenciana la acogida de cerca de 1.900 menores extranjeros no acompañados adicionales, una decisión que ha calificado de "arbitraria, improvisada y completamente alejada de la realidad del sistema de protección valenciano", según ha comunicado.

Albalat ha manifestado que el Gobierno de España "carece de política migratoria seria y actúa sin diálogo, sin planificación y al margen de las comunidades autónomas", y ha criticado que el Ministerio de Infancia "intente asignar de manera unilateral cifras mediante un real decreto que nace del fracaso de una Conferencia Sectorial ilegal y convocada sin consenso".

La consellera se refiere a la reunión que estaba convocada para este miércoles pero que tuvo que suspenderse ante la falta de quórum por la ausencia de las comunidades del PP. Esta, convocada por el departamento que encabeza Sira Rego, el de Juventud e Infancia, iba a tratar entre otros asuntos la actualización de plazas de menores migrantes no acompañados que, según el borrador del real decreto, pasará de 16.016 a 17.081.

En el documento, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros. Así, según el texto, las comunidades con mayor capacidad ordinaria son Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Les siguen la Comunitat Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833).

Frente a ello, Albalat ha señalado el rechazo de la Comunitat Valenciana a un borrador de un real decreto que, a su juicio, nace "del fracaso de una Conferencia Sectorial ilegal y convocada sin el consenso de las comunidades autónomas, sin transparencia ni rigor técnico" y que establece "una capacidad ordinaria de reparto que no responde a la realidad de acogida de la Comunitat Valenciana e ignora la situación de los recursos sociales sobre el terreno".

"Cambio de rumbo"

También ha afirmado que el nuevo reparto "agrava aún más la tensión" de la red de atención a menores en la Comunitat Valenciana y es "una muestra de la desconexión total" del Ejecutivo central con la situación de la Comunitat Valenciana y "una falta de sensibilidad" hacia los servicios sociales autonómicos.

"Asumir este volumen de traslados sin recursos adicionales ni infraestructuras adecuadas compromete gravemente la calidad de la atención y el interés superior del menor", ha asegurado. La consellera ha señalado que la Generalitat ha mostrado su oposición a este modelo tanto en el ámbito político como en el judicial, por considerarlo "una invasión de competencias y una vulneración del principio de autonomía".

Con ello, ha exigido al Gobierno de España "un cambio de rumbo", reclamando una política migratoria "seria, coordinada y dotada de los recursos necesarios que garantice una atención digna y adecuada a los menores, sin asfixiar de manera desproporcionada a unas comunidades frente a otras". Por último, la consellera ha reiterado que la Generalitat "no va a permitir que se sigan imponiendo decisiones discrecionales que ponen en riesgo tanto la sostenibilidad de nuestro sistema como los derechos de los menores"

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