La Generalitat cierra la puerta a la petición de limitar los alquileres de varios ayuntamientos

El Consell no aplicará la ley de Vivienda estatal que permite establecer topes a los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas. No es ninguna novedad, puesto que la posibilidad la tenía desde el inicio de legislatura y en todo momento la ha desdeñado, pero el asunto ha vuelto a la actualidad con la petición oficial de tres ayuntamientos en esa línea, el de la Pobla de Farnals, Burjassot y el último, el de Alaquàs, una exigencia a la que se ha sumado el Gobierno de España y que, sin embargo, ha encontrado con la puerta cerrada de la Generalitat.

La negativa a aplicar cualquier tipo de limitación vía ley a los precios del alquiler la ha verbalizado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, quien ha dado la contestación tanto de la manera larga como la corta. La segunda es directa: "No", una concreción que ha llegado después de asegurar que es "falso que los topes generen una rebaja de los precios", sino ha indicado que es al revés, porque "elimina la oferta" ya que, ha añadido, muchos propietarios descartan sacar su vivienda al mercado porque no les interesa al valor fijado.

La ley estatal de Vivienda a principios de 2023 dio a las comunidades autónomas la posibilidad de fijar máximos a los precios del alquiler en aquellas zonas que declarara como "tensionadas". Esta condición es la que han solicitado formalmente en los últimos días la Pobla de Farnals, Burjassot y Alaquàs, tres localidades gobernadas por la izquierda, que exigen que la Generalitat estudie si se dan las características para fijar esta declaración y, por tanto, que se pueda activar la limitación del precio del alquiler en estos municipios.

A esa exigencia se ha unido la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a través de las redes sociales. “Congelar los alquileres funciona. Está comprobado”, ha escrito la dirigente socialista, tras el anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs, a lo que ha añadido que la Administración autonómica "no puede mirar más hacia otro lado ante un mercado que engulle los ingresos de las familias valencianas". "Hay que frenar YA esta sangría: en Alaquàs, pero también en Burjassot, Pobla de Farnals y donde se necesite", ha sentenciado.

Pero esas peticiones se han encontrado con un tope claro por parte de la Generalitat manifestado con un 'no' rotundo este viernes por su portavoz. Barrachina se ha empleado a fondo en contradecir las reclamaciones de la ministra de Vivienda y de los ayuntamientos dirigidos por el PSPV. "Todo lo que cuenten de que topando precios se consigue el acceso a la vivienda es falso", ha remarcado el también conseller de Agricultura reivindicando la política de su Consell que hace "lo contrario".

Guerra de cifras

La defensa del Consell de no aplicar el tope al alquiler contrasta con lo hecho por la Xunta de Galicia que sí que ha aceptado a regañadientes que se active la zona tensionada en localidades que lo han solicitado como A Coruña. Esta ciudad es uno de los escenario de la guerra de cifras entre los partidarios y detractores de la medida. Así, la Xunta, reacia a esta limitación, aseguró que esta había provocado la retirada del 40 % de los pisos y una reducción del 5 % de los contratos en un año mientras sus defensores señalan que el coste bajó un 3,7 %.

Paralelamente a la batalla de números e interpretaciones de los mismos en la que están también varios municipios de Cataluña, Euskadi y Navarra, esta semana la organización dedicada a la investigación social 'More in common' ha publicado una encuesta a más de 6.000 personas en España muestra que un 42 % está muy a favor y un 36 % a favor de "limitar por ley el precio de los alquileres en zonas donde está muy elevado", una afirmación que apoyaban mucho más quienes se declaraban votantes de izquierdas que los de PP y Vox, cuyo respaldo se quedaba en un 40 %. .

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