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Sin límite al gasto de los expresidents en pleno 'misterio' por los 15.000 euros en gasolina de Camps

El Consell mantiene la investigación abierta mientras defiende poner "prudencia" más que normas que topen las oficinas de representación

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, informa de los asuntos tratados en el Pleno del Consell.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, informa de los asuntos tratados en el Pleno del Consell. / Manuel Bruque / EFE

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

El asunto de los gastos de las 'Oficinas de expresidents' ha pasado esta legislatura dos veces por las Corts, con sendas propuestas de ley para derogar algunas prerrogativas, y este viernes aterrizó en la sala de prensa del Consell. E igual que en el parlamento autonómico no se aprobó modificación alguna por la negativa de PP, PSPV y Vox, el Gobierno valenciano ha rechazado establecer ningún límite legal a este; una oposición que se da en plena investigación interna del misterio por los 15.000 euros de gasolina que la Generalitat comunicó haber pagado del coche adscrito a Francisco Camps.

El asunto de los 15.000 euros gastados en combustible en el último año por parte del expresident de la Generalitat continúa siendo un expediente X que la Administración autonómica trata de desgranar. La cifra la desveló Compromís tras pedir la información vía Corts y esa fue la cuantía que aseguró Presidencia, custodio de los gastos de estas oficinas, haber pagado de la que representa a quien dirigiera el Consell entre 2003 y 2011. No obstante, hasta el propio Camps la ha negado, la ha calificado de "anómala", "absurda" y que no "compadece con la lógica".

"La cifra dada significa que el coche tendría que haber hecho 310 kilómetros al día durante cada día del año", explicó el propio Camps a los medios de comunicación situando su gasto en 4.000 euros y abriendo la puerta a un posible uso fraudulento de terceros de la tarjeta vinculada a esta oficina. La cifra escandalosa y las dudas en torno al misterio acabaron provocando que horas después de conocerse, el actual president Juanfran Pérez Llorca anunciara una investigación sobre qué había pasado.

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, antes de su rueda de prensa

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, antes de su rueda de prensa / Fernando Bustamante

Así se llegó a la rueda de prensa del viernes donde el Consell señaló que el misterio sigue sin resolverse. "Se está produciendo una investigación a fondo para saber exactamente los pagos que han tenido lugar en las oficinas que prestan atención y asisten a los expresidentes", indicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina. "Vamos a revisar todos los gastos", remarcó ante las cuestiones sobre qué podía haber pasado. "Está en fase de desarrollo", agregó el también conseller de Agricultura.

Sistema "preventivo"

La respuesta de Barrachina fue unas horas después de que Camps registrara electrónicamente en Presidencia de la Generalitat la autorización para que la Administración autonómica diera el detalle de todas las facturas, gastos y liquidaciones de dietas al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha seguido escarbando en el asunto en su intento de despejar la X de la ecuación.

Además, en ese escrito recordaba que el propio expresident había reclamado una investigación al respecto y que se implementara un método de control con un "sistema preventivo del gasto para que no vuelva a ocurrir nada parecido en ningún ámbito de la adminsitración" recordando que la validación de facturas se produce "directamente en el ámbito de la Presidencia de la Generalitat".

La propuesta no se debatió en el Consell que lo que sí que expresó, a través de Barrachina, es que no es partidario de establecer ningún tipo de máximo en el gasto de las oficinas que representan a los expresidentes. "Hay que establecer el criterio de prudencia", defendió el también titular de Agricultura que aprovechó el río revuelto con la investigación abierta sobre los pagos de combustible en la oficina de Camps para cargar contra Ximo Puig a quien acusó de "carecer de un sentido de prudencia" y citar el coste anual de su representación en 187.000 euros, lo que incluye dos asesores y una sede física.

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