Multa de hasta 40.000 euros a una residencia por obligar a los educadores a dar medicación y limpiar el centro

Administraban pastillas, sobres, gotas y aerosoles. Aplicaban pomadas en zonas íntimas e incluso decidían si había que dar (o no) una medicación de rescate (que son fármacos de acción rápida que actúan para detener determinadas crisis de emergencia). Esas eran las funciones que los educadores de una residencia de Dénia se veían obligados a hacer a pesar "de no disponer de titulación médica, farmacéutica ni de enfermería". Así consta en el informe realizado por la Inspección de Trabajo tras la denuncia de UGT donde, además, constaba que los educadores no solo hacían de médicos, sino que también debían limpiar viviendas, baños y la cocina. "La atribución de funciones inferiores supone la degradación profesional de facto", explica el mismo informe.

Por ello, la Inspección de Trabajo también propone varias actas de infracción grave (hasta 3.750 euros) por "asignar funciones que no corresponden a la categoría profesional y por obligar a administrar medicación sin titulación"; por no evaluar correctamente los riesgos de administrar la medicación; por no "realizar evaluaciones de riesgo reales"; y por "no adoptar medidas frente a la violencia". La sanción muy grave (hasta 30.000 euros) es por "no realizar evaluación de riesgos psicosociales y no adoptar medidas preventivas". Así, aunque la resolución no indica la cuantía exacta (ya que eso lo fija la autoridad sancionadora después del acta), desde UGT calculan que la empresa deberá hacer frente a una multa de entre 25.000 y 40.000 euros.

Navarro (UGT): "La conselleria debe implicarse"

Para la responsable Política Social UGT Serveis Públics PV, Maria Navarro, tras los requerimientos de la Inspección de Trabajo, la empresa "tendrá que tomar nota y cumplir con la normativa". "Desde UGT Serveis Públics estamos, como siempre, dispuesto a colaborar para encontrar la mejor solución para familias, entidades y personas usuarias. Consideramos , además, que la Conselleria, como responsable última del servicio, también debe ser partícipe y velar por que se cumplan todas las medidas en materia de riesgos psicosociales y de organización del trabajo abriendo espacios de diálogo", apunta Navarro.

Sobre la administración de medicación por parte de profesionales a quienes no les corresponde por categoría, Navarro reconoce que es "un problema complejo y que las trabajadoras y los trabajadores lo hacen pensando en el bienestar de las personas usuarias. Pero la realidad es clara: o bien no tienen, por su categoría profesional, la formación adecuada para asumir esa responsabilidad, o bien, si la tienen, no están encuadradas en la categoría que les correspondería. Creemos que existen alternativas organizativas y que, en todo caso, la Administración debe implicarse y buscar una solución de fondo".

Y añade: "Nos preocupan especialmente la vulnerabilidad y la exposición de estas trabajadoras en sus entornos de trabajo: el riesgo contrastado de agresiones físicas, el estrés derivado de la sobrecarga y la sensación de desprotección cuando asumen tareas que no les corresponden. Al mismo tiempo, estamos hablando de una prestación dirigida a personas también muy vulnerables, que pueden tener discapacidad o deterioro cognitivo. Precisamente por eso, es imprescindible garantizar que el servicio se preste en condiciones adecuadas, con plantillas suficientes, bien formadas y correctamente reconocidas.

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